Europa y los salarios

Hace unos días vio la luz el informe de la Comisión Europea (CE) Labour market and wage developments in Europe. El estudio confirma una realidad de sobra conocida y sufrida por muchos trabajadores: los salarios en Europa apenas están creciendo, están estancados o incluso retroceden. Y esto sucede en un contexto de recuperación de la actividad económica, que los gobiernos presentan –es el mantra más repetido por el del Partido Popular– como la prueba de que hemos dejado atrás la crisis.

Entre las razones que explican esta «paradoja» el texto señala la permanencia de altos niveles de desempleo, la débil productividad y la proliferación de los contratos a tiempo parcial. Llama la atención que los autores del documento dejen en el tintero de las explicaciones las reformas laborales, promovidas por la Comisión Europea, junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y que han sido la piedra angular de las denominadas «políticas estructurales». Ni una palabra al respecto en el informe. Sin embargo, los documentos de referencia de las instituciones comunitarias y las propuestas que llegan desde Bruselas insisten en la necesidad de seguir o intensificar el mismo rumbo de las reformas laborales llevadas a cabo en los últimos años.

Esas reformas, han sido al mismo tiempo, un fracaso y un éxito. Un fracaso porque, a pesar de que la desregulación de las relaciones laborales (flexibilización, en el relato oficial) se han llevado muy lejos, los resultados obtenidos en materia ocupacional han sido a todas luces decepcionantes, demostrando que bajar los salarios no es el camino para crear empleo. Sí, es cierto, en los últimos años las estadísticas ponen de manifiesto la generación de empleo neto, pero gran parte de los nuevos puestos de trabajo son de pésima calidad. Es importante destacar en este sentido el aumento del número y del porcentaje de trabajadores que perciben bajos salarios o que se encuentran en situación de pobreza.

Las reformas laborales también han sido un éxito. Han abierto las puertas, han creado las condiciones para que se produzca un drástico «ajuste» salarial, haciendo posible que los costes de la crisis económica los soporten los trabajadores; en lugar de los responsables de la misma, el entramado financiero y corporativo que alimentó y se benefició de la economía del endeudamiento. Reformas dirigidas, en teoría, a dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo, en realidad han supuesto un vuelco en la negociación colectiva, debilitando la capacidad negociadora de los trabajadores y la negociación colectiva, desnivelando de esta manera las reglas del juego a favor del capital.

Tampoco es de recibo omitir que la «moderación» salarial a la que alude el informe se ha dado en paralelo a una preocupante y creciente apertura del abanico retributivo. Mientras que la mayor parte de los trabajadores han experimentado un estancamiento o pérdida de su capacidad adquisitiva, los directivos y altos ejecutivos han conservado o fortalecido sus posiciones de privilegio. Así lo reflejan, por ejemplo, los últimos trabajos de la Organización Internacional del Trabajo (Global Wage Report), donde se da cuenta de que las retribuciones de la minoría que gobierna las grandes corporaciones son escandalosamente superiores (200, 300, 400 veces o más) al salario promedio de sus empresas.

Así pues, los salarios se estacan y la desigualdad avanza. Las consecuencias que esto tiene para el funcionamiento de las economías son demoledoras. En primer lugar, se penaliza el consumo y la inversión, en un contexto todavía dominado por la debilidad de la demanda y el elevado apalancamiento de hogares y empresas. En segundo lugar, ponen en el centro de la estrategia de crecimiento el sector exportador, ignorando que esa estrategia, al alcance de los países más competitivos, no puede convertirse en una fórmula válida para todas las economías, pues, como ha quedado claro en Europa, los superávits de unos son los déficits de otros. Y en tercer lugar, colocan a las economías en un bucle deflacionista, al presionar los precios a la baja.

A este paquete de explicaciones, hay que añadir otras de mayor recorrido estructural. La primera de ellas es la que plantea que la represión salarial alimenta una cultura empresarial conservadora. La posibilidad de reducir los salarios, incluso en términos nominales, junto a la intensificación de la explotación y los ajustes de plantilla, permite que, al menos a corto plazo, mejoren los márgenes de beneficio, actuando como un factor de bloqueo de la necesaria modernización del tejido empresarial. La segunda es que el aumento de la inequidad va de la mano de la concentración de poder económico y político en manos de una minoría de privilegiados, creando así las condiciones para la captura de las instituciones y para el sesgo de las políticas públicas. En tercer lugar, la presión sobre los salarios –en un contexto de moderado, insuficiente e inestable crecimiento- es una pieza decisiva del capitalismo esencialmente patrimonial y extractivo que emerge de la crisis.

Por todo ello, es necesario reivindicar con fuerza y convicción un viraje sustancial en la política salarial. Y Europa tiene mucho que ver en ese viraje: garantizando la negociación colectiva –derecho situado en las antípodas de las reformas laborales implementadas en los últimos años-, promoviendo el aumento del salario mínimo, regulando una subsidio europeo de desempleo –complementario de las prestaciones nacionales-, fijando como objetivo de la política macroeconómica que, como criterio general, los salarios avancen en línea de la productividad, y condicionando el acceso por parte de las empresas a los recursos comunitarios a que respeten los derechos laborales y limiten las retribuciones de los equipos directivos.

Lucía Vicent es investigadora del ICEI-UCM y miembro de Fuhem Ecosocial
María Eugenia Ruíz-Gálvez Juzgado es investigadora del ICEI UCM
Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos