“Más dura será la caída”

Dos sucesos sorprendentes han sucedido: la presentación de dos querellas por el Fiscal General del Estado contra ex miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y el viaje con destino a Bélgica de Carles Puigdemont y cinco ex miembros de su Govern.

La querella contra Puigdemont y contra altos cargos que permanecen aforados se ha presentado ante el Tribunal Supremo y la que se dirige contra los no aforados ha sido presentada ante la Audiencia Nacional.

En ambas, se incluyen los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El eje central lo constituye un conjunto de actos parlamentarios que han llevado, desde noviembre de 2015, a proclamar la independencia de Catalunya, según el Fiscal General del Estado.

Sin embargo, lo más relevante de ambas acciones judiciales, sin duda, es el anuncio desde hace, al menos, 10 días de que el Fiscal General del Estado iba a presentar una querella por rebelión, que podría dar lugar a la prisión provisional de los investigados. Este anuncio público y reiterado por parte del máximo representante de la institución que defiende la legalidad en nuestro país, fue precedido por diferentes instrucciones transmitidas a la Fiscalía de Catalunya: en paralelo a una causa judicial contra la Mesa del Parlament y su presidenta, ordenó que los Fiscales citaran, bajo apercibimiento de ser detenidos si no comparecían, a los 700 alcaldes que se habían comprometido públicamente a proporcionar espacios públicos el día 1 de octubre, fecha de la consulta popular convocada.

Estas actuaciones públicas por parte de la Fiscalía, sobre todo su anuncio reiterado y constante de aplicar medidas contundentes como la prisión provisional, resultaron un aviso claro para los afectados: serían citados a declarar en calidad de investigados por delitos gravísimos que conllevan como mínimo la pena de 15 años de prisión, por lo que, a buen seguro, se solicitaría la prisión provisional. Traducido al lenguaje común: de acordarse la prisión provisional para los investigados, podrían permanecer un máximo de 4 años a la espera de juicio (2 años prorrogables a 2 años más) y, caso de ser condenados, no saldrían en libertad pasados, mínimo, 15 años. Es decir: desde el momento en que fueran citados y comparecieran, tendrían una perspectiva de libertad a partir del año 2032.

No en vano, se solicita en las querellas la citación urgente de los investigados para prestar declaración y en unidad de acto, el ingreso en prisión. Sólo traduzco a legos, pues la expresión “comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” significa eso.

Claro que una persona que no tiene nada que temer no huye de la Justicia, confía en las instituciones y espera ser absuelto.

Es lógico que se pueda pensar así, pero ante el riesgo de que mínimamente no funcione la Administración de Justicia, el justiciable desea ponerse a salvo, es lo que se conoce como “riesgo de fuga”. Este es el principal motivo por el que los jueces dictan autos de prisión, para conjurar ese potencial riesgo de fuga y asegurarse la presencia del investigado en el juicio oral.

En el presente caso, eliminado el factor sorpresa, puesto que el Fiscal General del Estado ha avisado que haría lo que finalmente ha hecho, parece que los justiciables se han dado a la fuga. No conozco ninguna operación contra sospechosos por la comisión de delitos gravísimos, en la que se incluya un reiterado anuncio público de que serán ingresados en prisión provisional.

Este anuncio, además, no resultaba descabellado, pues si alguien adujera que el Fiscal no decreta prisiones, estaría en lo cierto, pero en este país están sucediendo cosas muy extrañas: el Fiscal General del Estado -designado por el Gobierno- se ha extralimitado en la resolución de este problema político surgido a partir de la puesta en marcha del denominado Procés, dirigido a proclamar la independencia de Cataluña.

Esta actitud no sólo se ha circunscrito al aviso de detención de 700 alcaldes catalanes, sino a la asunción de funciones no jurisdiccionales como el hecho de dar instrucciones directamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña. Instrucción esta que fue anulada por la juez competente. Sin embargo, vimos cómo la Fiscalía, si no era frenada por nadie, seguía una senda irrefrenable, con gran ímpetu represivo, hasta el extremo de restar importancia al hecho de que hubiera más de 900 personas que requirieron asistencia médica, como consecuencia de la brutalidad policial sufrida el día 1 de octubre. Al menos, ante estas cifras, debió haber instado una investigación de oficio. No obstante, ha hecho todo lo contrario: negar las agresiones y, de paso, ha provocado una injusta revictimización de quienes sufrieron estos ataques, quienes, por cierto, ya han comenzado a denunciar ante los órganos judiciales correspondientes.

Asimismo, como dato que, sin duda, ha debido influir determinantemente en la huida, es el hecho de que hace dos semanas fueron encarcelados los líderes de las asociaciones ANC y Òmnium, que convocaron las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre. No es, por tanto, un dislate pensar que si miembros destacados de la sociedad civil, convocantes de concentraciones y movilizaciones han sido duramente reprimidos, la misma suerte tendrán quienes aparecen como sospechosos de uno de los delitos más graves del Código Penal, el de rebelión.

Teniendo como precedente que en esa causa por sedición, la movilización ciudadana ha sido criminalizada hasta el extremo de que su actividad constituye “alzamiento público y tumultuario” -sedición- y que no aparecen motivos objetivos para que la competencia recaiga en la Audiencia Nacional, lo lógico es barruntar que en las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado por rebelión también aparecerán reescritos el Código Penal y las normas procesales sobre competencias.

Todo parece apuntar, además, a que se persigue alejar estos procedimientos de Cataluña, deslocalizarlos y estigmatizar a los investigados en un órgano, la AN, que concentra el peor de los simbolismos en materia de represión. Para muestra, un botón: el rosario de causas por un delito de opinión, el enaltecimiento terrorista, contra tuiteros, raperos y titiriteros.

Lo que, de forma palmaria, corrobora todos los temores de los fugados es el título que llevaba el archivo de las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado, para su difusión pública: “Más dura será la caída”, refinada versión expresión del “A por ellos” que jaleaban guardias civiles y policías nacionales en su viaje para cubrir la jornada del 1 de octubre.

Dejando de esta forma en evidencia la imparcialidad de la institución que defiende la legalidad en este país, lo que emerge es la idea de internacionalizar este asunto. Y no, no me refiero a difundir por aire, mar y tierra el independentismo, sino a la necesidad que podría haber surgido de que un órgano judicial no español revise las estrategias del Ministerio Público.

Ignoro si esta fuga ha sido buscada, si responde a un plan o si, por el contrario, estamos ante un desesperado acto de supervivencia; lo que parece insoslayable es que un órgano judicial belga podrá revisar el contenido de estas querellas y entrar a valorar si los delitos por los que serán buscados los fugados serían aplicables en su propio país.

Por poner un ejemplo: un juez belga deberá dilucidar si la sociedad civil independentista en Cataluña es un mero instrumento, en manos de sus gobernantes, que ha ejercido “la presión intimidatoria de la multitud” para proclamar la independencia o si la “resistencia pacífica en los colegios electorales fue utilizada como eufemismo para impedir el cumplimiento de una orden judicial el 1-O”, según se expresa las querellas.

Es decir, un juez belga debería admitir la criminalización de la protesta social en una parte de Europa y considerar que los actos parlamentarios durante dos años en el Parlament son un conjunto de actos preparatorios para cometer uno de los mayores crímenes del ordenamiento jurídico de un país: la rebelión. Y debería tolerar que, pese a la no violencia de dichos actos políticos, nuestro Fiscal General estira este concepto para equipararlo al golpe de un Estado democrático.

Realmente, me queda una duda: ¿el Fiscal General del Estado previó este escenario? No sabemos si los hechos presuntamente delictivos, según se desprende de la redacción de estas dos querellas, superarán el filtro de los valores democráticos en los países de nuestro entorno.