El ‘procés’ como síntoma de la quiebra

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Corría el año 1995 cuando la periodista Victoria Prego entrevistó al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. Una parte de esa conversación se guardó en secreto hasta que, el 18 de noviembre de 2016, La Sexta Columna la hizo pública. Esta es, a micro tapado:

–Es simplemente que la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república.

–Claro, y eso era peligrosísimo en ese momento.

–Hacía encuestas y perdíamos…

–…

–Era Felipe el que estaba pidiendo a los otros que lo pidieran… Entonces yo metí la palabra Rey y la palabra Monarquía en la Ley [para la Reforma Política], y así dije que había sido sometido a referéndum ya.

Las palabras clave de esta corta grabación son monarquía y referéndum. Las palabras clave de lo que se ha venido en llamar el Procés catalán son referéndum y república. No son casuales las coincidencias. De la misma forma que la confesión de la trampa de Suárez pone de manifiesto la farsa democrática que subyace bajo la Transición, los ejes del Procés dinamitan el muy celebrado “consenso” en torno a la misma. Los dos hechos –que se haga pública la conversación secreta y que Cataluña exija un referéndum por la independencia– eran impensables hace solo una década. Son la consecuencia de una serie de crujidos que han ido descascarillando las capas de pintura con la que se trató de tapar las grietas de una construcción política que hoy aparece como evidentemente endeble. Es lo que ha dado en llamar “crisis del Régimen del 78”. En principio, no se trata de movimientos para un mero cambio de gobierno aquí o allá, sino de la exigencia de un cambio de régimen. Nombrarlo es una forma de abrir la posibilidad de cerrarlo: “Régimen del 78”.

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y uno de los políticos que ha popularizado el término, asegura: “Lo usamos en la ciencia política. No es peyorativo. Es el conjunto de instituciones, actores y reglas del juego. Decimos del 78 porque pivotan en torno a un acuerdo constitucional. Luego han querido verlo como sinónimo del régimen franquista pero no… aunque tampoco ha molestado esa referencia negativa”.

El 31 de octubre de 2007, más de tres décadas después de muerto el dictador Franco, el Congreso aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica. Ese momento vino a señalar una de las principales y más fétidas quiebras fruto de la Transición: el silencio sobre las decenas de miles de víctimas de la guerra y la dictadura que aún hoy permanecen enterradas en fosas y cunetas. Y por encima de ellas, el vigor de una Ley de Amnistía que permitió dejar impunes a todos los criminales del franquismo. Aún hoy permanecen libres, y no pocos de ellos o sus herederos al frente de grandes empresas e instituciones nacionales.

El primer rasguño serio en el “consenso” de la Transición, el más sangrante, llegó de mano de las asociaciones de la memoria. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica (ARMH), sitúa dicho momento en el verano de 2002. “Organizamos un campo internacional de trabajo en Piedrafita de Babia con 15 jóvenes de nueve nacionalidades. Allí intervino por primera vez una jueza en una exhumación, la de Villablino. Poco después, en agosto, viajamos a Ginebra para reclamar los casos de los desaparecidos españoles ante la ONU. Ese verano la noticia de las fosas salió en todos los grandes medios nacionales e internacionales y recibimos cientos de llamadas de familiares. La derecha reaccionó con un ataque de revisionismo que convirtió en superventas el libro Los mitos de la Guerra Civil, de Pío Moa, que tuvo media hora de entrevista en La 2, en un programa que presentaba Carlos Dávila”.

Cataluña fue la primera comunidad que aprobó, en 2009, una ley sobre fosas comunes que abría la puerta a que la Administración sufragara las exhumaciones. Gobernaba entonces el tripartito formado por PSC, IU/EUiA y ERC. En noviembre de 2016, el actual Govern anunció que tenía localizadas 380 fosas y, cuatro meses después, una partida de 1,2 millones de euros para su gestión. Cuando el 22 de septiembre, el president Carles Puigdemont acusó al presidente Mariano Rajoy de ser “el guardián de la tumba” de Franco no hacía sino seguir un camino iniciado años atrás en Cataluña. En el lado opuesto, el PP. Como recuerda Silva, “Aznar declaró antes de irse de vacaciones en 2003 que iba a leer tres libros, uno el de Pío Moa, asumiendo públicamente las tesis revisionistas de la Guerra y la dictadura”…

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