María Jesús Beltrán: ”Llama la atención que de los siete proyectos elegidos por la UE en España, seis son de minería extractiva y solo uno de reciclaje”

A mediados del mes pasado, un equipo de especialistas, coordinados por la Fundación Nueva Cultura del Agua, dio a conocer la situación actual de los impactos que la minería continúa produciendo hoy en Andalucía Occidental. Entre los proyectos destacados, para los que los investigadores pedían una moratoria, la profesora de la Universidad Pablo de Olavide María Jesús Beltrán enumeró los riesgos que puede conllevar para el medio ambiente Cobre Las Cruces, a escasos kilómetros de la mina que generó el desastre de Aznalcóllar. Uno de ellos, más allá de la posible contaminación, es la sobreexplotación de las aguas subterráneas.

Solo dos semanas después, la UE ha dado a conocer los siete proyectos seleccionados en España para impulsar las denominadas materias primas estratégicas. Y entre ellos está de nuevo Cobre Las Cruces. “Es una contradicción que Bruselas haya escogido a Cobre las Cruces como proyecto estratégico porque, según la Comisión, han sido elegidos de acuerdo a sus estándares medioambientales y sociales, su factibilidad técnica y sus beneficios transfronterizos”, afirma la profesora, cuya carrera investigadora está centrada en el estudio de la gestión de los recursos hídricos desde los enfoques de la Economía Ecológica y de la Ecología Política. 

En esta entrevista, Beltrán aclara conceptos en torno a la “bendición” europea a la minería extractiva en España y qué implica para las zonas afectadas.

La UE argumenta que la finalidad es superar la excesiva dependencia exterior. ¿Qué quiere decir materias primas estratégicas? ¿Qué quiere decir excesiva dependencia exterior? ¿Considera que se utilizan muchos eufemismos últimamente cuando se habla de minas?

En marzo de 2024, el Consejo adoptó un Reglamento de Materias Primas Fundamentales, y tiene, entre otros objetivos, aumentar y diversificar el suministro de materias primas fundamentales de la UE. Son materias primas de gran importancia económica para los objetivos de la UE en materia de energías renovables y en los ámbitos digital, espacial y de la defensa. La UE ha realizado una clasificación de 34, y dentro de las fundamentales se han caracterizado 17 estratégicas (cobre, níquel, grafito, litio, entre otras) que se espera que su suministro crezca de forma exponencial y cuyas necesidades de producción corren mayor riesgo de sufrir problemas de suministro.

Según la UE, excesiva dependencia exterior significa que el suministro de estas materias tiene un elevado riesgo de sufrir interrupciones debido a la concentración de las fuentes y a la falta de sustitutos adecuados y asequibles. Actualmente, para determinadas materias primas fundamentales, la UE depende únicamente de un país. Como ejemplo, China proporciona el 100% del suministro de tierras raras pesadas de la UE o Sudáfrica cubre el 71% de las necesidades de platino de la UE.

Los términos “Materias Primas Fundamentales y estratégicas” aluden a una situación en la que parece imprescindible que aumentemos la extracción de esos materiales en la UE. No obstante, el Reglamento de materias primas fundamentales propone varios objetivos para el consumo anual de materias primas para 2030. La extracción doméstica debe suplir el 10% del consumo anual, el procesamiento en la UE de materias primas debe suplir al menos el 40%, el reciclaje doméstico proveerá del 15% del consumo anual y un máximo del 65% de cada materia prima estratégica provendrá de un único país.

Por lo tanto, el objetivo de la extracción doméstica es el de menor importancia comparado con el porcentaje de procesamiento y de reciclaje. Y lo que me parece de mayor relevancia es que en el Reglamento no se especifica ninguna distribución de esos objetivos entre los países miembros. Y llama la atención que de los siete proyectos mineros que han sido considerados estratégicos por la UE en el Estado español, seis son de minería extractiva y solo uno de reciclaje.

Traducido a un lenguaje claro, ¿qué implica para las empresas este apoyo? 

Para las empresas esto implica dos aspectos fundamentales. El primero es que podrán ahora beneficiarse de apoyo europeo y nacional para conseguir financiación, así como de un proceso de concesión de permisos más fácil y rápido. Este no superará los 27 meses para los proyectos de extracción y los 15 meses para los de procesado y reciclado, frente a los entre cinco y diez años que pueden tardar actualmente. 

“Las empresas conseguirán los permisos más fácil y rápidamente: 27 meses para los proyectos de extracción y 15 meses para los de procesado y reciclado, frente a los entre cinco y diez años que pueden tardar actualmente”.

¿Y qué implica para el medio ambiente y la población que vive en estos entornos?

Cuando se propone un proyecto de explotación minera se hace mucho hincapié en los empleos que va a generar para la población del entorno. En esta convocatoria de proyectos estratégicos España ha sido el que más ha presentado proyectos de extracción (10) de los que han sido considerados 6. Sin embargo, países como Italia, Francia o Alemania, la mayoría de los proyectos que se han presentado han sido de sustitución, reciclaje o procesado. Estos proyectos también generan empleo, y los pasivos ambientales de un proyecto extractivo son mucho más severos para el medio ambiente que los de un proyecto de otro tipo. Los riesgos para el medio ambiente y sobre todo para los recursos hídricos son muy importantes. En Andalucía tenemos el caso del desastre de Aznalcóllar que es uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en la historia de España. 

¿Es una vuelta atrás en el camino hacia una transición justa? ¿No es una contradicción con el propio discurso verde de las administraciones? 

Los autores que abogan por la renovación extractiva en Europa argumentan, además del aumento de los beneficios económicos y de la seguridad estratégica que proporcionaría a Europa aumentar el número de explotaciones mineras en su territorio, que la deslocalización de las industrias ha contribuido a mantener en la ignorancia a los consumidores europeos sobre los costes ecológicos de la minería y ha fomentado que Estados y empresas extraigan los minerales en condiciones ambientales y sociales mucho peores que si la producción se hubiera mantenido en occidente. 

Desde esta perspectiva, aumentaría la conciencia del coste real de la minería y fomentaría iniciativas para contener la contaminación ocasionada, el reciclaje y el fin de la obsolescencia programada en un marco institucional europeo que se presupone garante de los derechos sociales y ambientales. 

Sin embargo, los datos recogidos por el Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB, 2024) demuestran que los proyectos mineros en España acumulan más de 480 infracciones ambientales, más de 300 infracciones relacionadas con permisos de evaluación de impacto ambiental, más de 180 de vulneraciones de derechos sociales y más de 90 por las condiciones de trabajo. Según el MINOB, Andalucía es la región de España que mayor número de infracciones ambientales perpetradas por empresas mineras acumula en España. Estos datos cuestionan que la legislación europea limita que las empresas mineras no cometan infracciones que supongan impactos ambientales y sociales. 

“Los riesgos para el medio ambiente y sobre todo para los recursos hídricos son muy importantes. En Andalucía tenemos el caso del desastre de Aznalcóllar que es uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en la historia de España”. 

Centrándonos en los casos concretos españoles, de los siete proyectos seleccionados, la mayoría están en Extremadura y Andalucía. ¿Cómo afectará a estas dos comunidades, que llevan sufriendo estragos históricamente?

Yo te puedo hablar de Andalucía, que es la región que conozco. Andalucía, según el catedrático de Economía Manuel Delgado, tiene una economía basada en el extractivismo, concentrándose en las fases iniciales de la producción, las que más contaminan.  Aquí están las fases de la cadena productiva que producen menor valor añadido, y los mayores impactos ambientales. El doctor en Periodismo Manuel Rodríguez lo muestra en su libro Andalucía, basurero del estado español. Y pone como ejemplos El Campo de Gibraltar o el polo químico de Huelva. 

Uno de esos proyectos es la mina Cobre Las Cruces, que usted ha estudiado minuciosamente. Sancionada reiteradamente, con exdirectivos condenados por contaminación, con la lupa puesta… ¿Qué va a suponer ahora esta ‘bendición’ europea? ¿No debería ser un escollo todo esto a la hora de la propia selección por parte del Gobierno y de la UE?

Esta bendición europea va a suponer que el proyecto de Cobre las Cruces se haga más atractivo para su venta por parte de la empresa que lo posee actualmente, que es First Quantum Minerals. Las puertas a financiación y recursos que abre la declaración de la Comisión podría ser el empujón definitivo para el cierre su venta, un proceso que se está prolongando desde hace más de un año pero que, según las declaraciones de la empresa, está «bastante maduro». A nivel de agilización de permisos, la mayor parte de los necesarios para comenzar la explotación están ya aprobados, aunque hay algunos aún que están tramitando, como un proyecto para sustituir la captación de agua superficial que tenían concedida de la EDAR de San Jerónimo por una captación de agua subterránea en el acuífero aluvial del Guadalquivir.

“Es destacable la opacidad del Gobierno de España y de la Comisión Europea durante el proceso de selección, y esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar este tipo de proyectos”.

Es una contradicción que Bruselas haya escogido a Cobre las Cruces como proyecto estratégico porque, según la Comisión, estos proyectos has sido elegidos en base a sus estándares medioambientales y sociales, su factibilidad técnica y sus beneficios transfronterizos. Es destacable la opacidad del Gobierno de España y de la Comisión Europea durante el proceso de selección, y esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar este tipo de proyectos. 

Ahora mismo, cuál es la situación de este proyecto, de manera breve, para que lo entienda la gente. ¿Qué riesgos hay?

Para la nueva fase del proyecto de minería subterránea, el proyecto de refinería polimetalurgica-PMR ha sido declarado de interés público superior por parte de la Junta de Andalucía. Esto es relevante porque con respecto a las aguas subterráneas el proyecto tiene asignada una concesión aguas que duplica el volumen que extraerá de los acuíferos de Gerena y Guillena-Cantillana. La concesión anterior que tenían les otorgaba un volumen máximo de aguas subterráneas de 1.000.000 de m3/año, y ahora tienen concedido un volumen de 2.000.000 de m3/año. Este volumen tan elevado de agua subterránea ha provocado que el proyecto minero solicite la excepción prevista en el artículo 4.7 de la directiva marco de aguas, que permite el incumplimiento de los objetivos medioambientales a nivel cuantitativo de obligado cumplimiento para esas masas de agua en el 2027. 

Además de este elevado volumen de agua subterráneo, para el proyecto PMR la mina de Cobre las Cruces tenía concedido un volumen de 2.200.000 m3/año de aguas superficiales proveniente de la EDAR de San Jerónimo. El mes pasado esta EDAR dejó de funcionar, con lo que ahora mismo Cobre las Cruces está solicitando “el proyecto básico de construcción de poli-captación en la masa de agua subterránea aluvial del Guadalquivir, como toma alternativa a la EDAR de San Jerónimo”. Esto supondrá que todas las fuentes de agua que utiliza este proyecto serán de origen subterráneo. 

El riesgo que supone es que Andalucía, y en concreto la provincia de Sevilla, es una región que sufre sequías periódicas que según los pronósticos se van a agudizar y conceder tal volumen de aguas subterráneas a la explotación minera supone no disponer de unos recursos hídricos que podrían ser cruciales en una situación de sequía extrema. 

Hace unos días, en la presentación del informe sobre la reactivación minera en Andalucía Occidental que presentó junto a otros profesores universitarios, pedían la moratoria de estos proyectos ante la situación, por ejemplo, del Estuario del Guadalquivir. ¿La dan por rechazada?

No, no damos por cerrada la posibilidad de una moratoria porque cada vez más ayuntamientos se suman a la solicitud de que se establezca un comité de expertos que estudie cuáles van a ser los impactos de los vertidos combinados de la fase de explotación subterránea de Cobre las Cruces y del nuevo proyecto de Los Frailes-Aznalcólllar. Ya que estos dos vertidos han sido aprobados por la Junta de Andalucía por separado, sin considerar el efecto que pueden tener en las aguas del Estuario la combinación de dos vertidos de aguas cargadas con metales pesados durante tantos años. 

A esto hay que añadir que el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo ha liderado un estudio en el que demuestra que el vertido que ha realizado Cobre las Cruces durante los pasados doce años ha resultado en una acumulación de metales pesados en los sedimentos del Guadalquivir. Cuando presentan estos datos a los ayuntamientos aguas abajo del vertido, muchos de ellos han aprobado en sus plenos municipales una moción para solicitar a la Junta un comité de expertos. El último ayuntamiento en aprobar dicha moción ha sido el de Sanlúcar de Barrameda.

“Cada vez más ayuntamientos se suman a la solicitud de que se establezca un comité de expertos que estudie cuáles van a ser los impactos de los vertidos combinados de la fase de explotación subterránea de Cobre las Cruces y del nuevo proyecto de Los Frailes-Aznalcóllar».

Habló antes del trabajo y también fue interesante la idea que destacó usted sobre la necesidad de enfocar el tema de los empleos que generan estos proyectos en estas zonas hacia los puestos de trabajo que puede destruir o que está destruyendo ya.

Claro, hice esa reflexión porque es una cuestión a considerar, ya que los trabajos que se generen en el proyecto minero son a corto plazo, pero la contaminación que se generará por los vertidos mineros combinados de las minas de Los Frailes-Aznalcóllar y el PMR de Cobre las Cruces en el Guadalquivir afectarán a las actividades económicas y los empleos que derivan de ellas.

“Los trabajos que generan estos proyectos son a corto plazo; pero la contaminación que se generará por los vertidos afectarán a las actividades económicas y empleos derivados de ellas”

Jesús Castillo acaba de liderar otro informe sobre la contaminación por metales pesados de los Albures, un pescado que vive y se pesca en el estuario. No tenemos certezas de que esta contaminación por metales pesados no esté afectando a otras especies animales y vegetales que dependen del agua del estuario, y de ellos dependan actividades económicas, como la pesca, el marisqueo o el cultivo del arroz.

Si las leyes y las administraciones amparan estas actividades, ¿qué queda? ¿Se podría iniciar un caso en Andalucía que apelara a los Derechos de la Naturaleza? ¿Dotar de personalidad jurídica al río Guadalquivir, por ejemplo, como está sucediendo en zonas de América Latina? O como ha sucedido con el Mar Menor recientemente en España. 

En la Pablo de Olavide, un equipo de investigadores estaba impulsando un proyecto con el objetivo de dotar de personalidad jurídica al estuario, pero estos procesos llevan tiempo. Ahora mismo lo que queda por hacer es una labor de movilización de la opinión pública para informar a los ciudadanos y agentes económicos afectados por el vertido de agua de Cobre las Cruces para que se propongan estudios independientes que certifiquen que el río Guadalquivir y las actividades que dependen de él no va a sufrir impactos irreversibles. 

“No tenemos certezas de que esta contaminación por metales pesados no esté afectando a otras especies animales y vegetales que dependen del agua del estuario, y de ellos dependan actividades económicas, como la pesca, el marisqueo o el cultivo del arroz”.