Las claves de la ley de protección de menores: de un pin parental de fábrica al castigo de las ‘deepfake’

El proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales aprobado este martes por el Gobierno incluye una reforma del Código Penal que castigará con penas de prisión las deepfake o el uso delictivo de la inteligencia artificial para menoscabar la imagen de cualquier persona.

El texto recoge una serie de medidas en distintos ámbitos para proteger a niños y adolescentes de los contenidos digitales, pero también añade una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal en cuatro puntos, según ha avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Contra las deepfake

Se tipifica como delito contra la integridad moral la generación y difusión de imágenes de contenido sexual o gravemente vejatorio contra cualquier persona, no solo menores de edad. Se trata de contenidos creados con el ánimo de parecer reales y de un alto grado de realismo para vejar a personas, por ejemplo simulando que realizan actividades de naturaleza sexual.

La Fiscalía ya ha reclamado una reforma legal para poder perseguir este tipo de delitos tras la conmoción causada el año pasado por el caso de los adolescentes de Almendralejo (Badajoz) que generaron y difundieron imágenes falsas de compañeras de clase de contenido sexual. Estas imágenes serán delito cuando, por su grado de realismo, pretendan vejar a una persona en concreto.

Órdenes de alejamiento virtuales

Se añaden penas para la prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales de las víctimas con los agresores, es decir «las órdenes de alejamiento digital». El objetivo es que las mismas medidas de protección que se adoptan para las víctimas en entornos físicos se apliquen en los digitales.

Pornografía al alcance de menores

El proyecto de ley introduce como delito el poner material pornográfico al alcance de menores de manera indiscriminada. Actualmente, se castiga a quien venda, difunda o exhiba material pornográfico entre menores de edad, pero con el cambio se pretende incluir a quien lo ponga a su disposición sin adoptar medidas de control para evitar el acceso de menores.

Contra el grooming

La otra pata de la reforma es el combate de los engaños en Internet por parte de personas mayores de edad que, mediante perfiles falsos, simulan ser menores de edad para entrar en contacto con niños y niñas, ganar su confianza y pedirles fotografías o vídeos de contenido sexual. Según Bolaños, el plan es que este comportamiento se castigue como agravante en los delitos contra la libertad sexual. 

En el ámbito educativo: regular el uso didáctico de ordenadores y tabletas

La nueva ley, que debe iniciar ahora su tramitación parlamentaria, también obligará a regular el uso didáctico y bajo supervisión del profesorado de los ordenadores y tabletas por parte del alumnado en todos los ciclos de enseñanza no universitaria, y serán los centros educativos los que realizarán un plan digital anual para adaptar el uso de estos dispositivos en las aulas. Tendrá en cuenta las competencias digitales que deben alcanzar en cada etapa y que marca la ley de Educación (LOMLOE).

Desde el ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, hasta la ESO y Bachillerato el uso didáctico de los dispositivos digitales debe ser regulado por las comunidades autónomas y los centros educativos a través de sus planes de convivencia y digitalización. En este sentido, la ley garantiza ciclos formativos y de alfabetización digital en todos los cursos. 

El uso de dispositivos en los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Secundaria postobligatoria y Educación Especial se regulará por parte de los propios centros, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las administraciones educativas, recalcan fuentes del Gobierno.

Este proyecto de ley se ha elaborado tras recabar 23 informes de organismos públicos y privados y de la Comisión Europea y, según el ministro de la Presidencia, es «riguroso y exhaustivo» ya que además se ha «hablado con la industria y el videojuego».

Entre los informes se encuentra el encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 personas expertas independientes con el objetivo de diseñar una hoja de ruta que promueva entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

En el ámbito educativo, los expertos han diferenciado entre los dispositivos de uso privado del alumnado (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas en secundaria) y los de los propios centros. En estos últimos, se planteó la revisión contrastada de las aplicaciones, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el establecimiento de límites por edad, entre otros.

Un pin parental de fábrica

Por otro lado, la nueva norma incluirá la obligación de que los nuevos dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto, que será activado en el momento de la configuración del aparato con el fin de limitar el acceso de menores a contenidos, servicios o aplicaciones inadecuadas.

Este control parental que vendrá de fábrica en los nuevos dispositivos será gratuito y fácil de manejar e incluirá un etiquetado que explique los peligros y riesgos potenciales de un uso inadecuado de estos productos y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad. 

El ministro ha incidido en que, de no cumplir con esta obligación, habrá «sanciones» y ha recalcado: «Se acabaron los sistemas de control parental que no controlan nada, deben ser efectivos».

En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho hincapié en una herramienta eficaz de verificación de la edad, que será pública y gratuita y que supone un «límite nítido para acceder a los contenidos».

El Ministerio de Juventud e Infancia, que ha sido promotor del nuevo proyecto de ley junto con el Ministerio de Justicia, y en el que han participado los ministerios de Presidencia, Educación, Transformación Digital y Derechos Sociales, señala que las empresas fabricantes de dispositivos digitales deben «asumir sus responsabilidades y realizar un análisis riguroso del impacto de sus productos sobre la infancia y la adolescencia».

El objetivo de la nueva ley es reconocer los derechos de los menores a ser protegidos «eficazmente» ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, el derecho a recibir información veraz y suficiente y necesaria sobre el uso de las tecnologías y sus riesgos y adaptada a un lenguaje apropiado a su edad.

Bolaños también ha afirmado que con la nueva ley reconocerá como víctimas de violencias sexuales y de género a los menores que puedan sufrir estos acosos en entornos digitales, con derechos «al acceso pleno a todos los servicios de orientación, acompañamiento psicosocial o jurídico» que tienen las víctimas de estas violencias.

Además, se regula el acceso y activación de mecanismos aleatorios de recompensas que están presentes en algunos videojuegos, y que son similares a los que tienen los juegos de azar.

«Un internet donde impera la desregulación y la ley de la selva es un problema para el conjunto de la sociedad, y en particular para la infancia y la adolescencia, perjudica el desarrollo libre y sano de sus derechos, sus libertades, sus vidas», señalan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que ven esta normativa «pionera» ya que «consagra el derecho de la infancia y la adolescencia a disfrutar de un entorno digital seguro».  

Alfabetización mediática

Fuentes de Juventud e Infancia también han señalado que están trabajando en una Estrategia Nacional sobre medidas de prevención y sobre la promoción de otras formas de uso de los entornos digitales, como lograr un control público y democrático de los entornos digitales, con especial atención a la protección de los menores. «Las redes sociales son un espacio de comunicación e información que no puede estar al arbitrio de unos pocos multimillonarios estadounidenses», resaltan.

La ministra Rego ha resaltado que esta Estrategia Nacional de acompañamiento a la ley habrá un plan de alfabetización digital, una escuela de madres y padres que se llevará a cabo en colaboración con los ayuntamientos, y espacios de participación digital que impulsarán la creatividad de los jóvenes.

Además, en el ámbito sanitario, la nueva ley obligará a programas de prevención en atención primaria que incluirán actuaciones para identificar usos problemáticos de estas tecnologías y para detectar de forma precoz cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado de las pantallas entre las personas menores de edad.