Sociedad
Consumo identifica más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid y pide a Almeida que elimine sus anuncios
"Se ofrecen evidencias digitales de gran valor para que el gobierno municipal de Martínez-Almeida pueda investigar la situación de estos alojamientos", dice el ministerio dirigido por Bustinduy.
En Madrid capital hay más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales (15.204), según los datos recabados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que elimine los anuncios de estas viviendas sin licencia de acuerdo a sus competencias.
El ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, ha entregado este lunes un archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detalla la información recabada por la Unidad de Análisis de Consumo en relación con la publicidad de viviendas de uso turístico en la capital. Según el documento, en la ciudad de Madrid hay 16.335 alojamientos turísticos que se anuncian en plataformas online, un dato que contrasta con las 1.131 licencias que el Ayuntamiento de Madrid declaró haber concedido para este tipo de viviendas en el Plan RESIDE que presentó a finales de 2024.
Además, Consumo ha detallado las direcciones exactas e información que permite identificar a los propietarios de una parte de estos alojamientos «para que el ayuntamiento madrileño pueda poner en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores». Por ejemplo, entre los datos aportados –informa Consumo– se indican que hay al menos 14 anuncios de pisos turísticos sin licencia en la calle Mayor y 11 anuncios en la calle Preciados, siendo esta una información que se replica a lo largo de todo el callejero de la ciudad.
«El ministro ha reclamado públicamente de forma reiterada que todas las administraciones competentes intervengan para poner fin a estas posibles actividades ilícitas que, según ha denunciado, está limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía», dice el ministerio en una nota, que informa de que ha estudiado ya otros casos como Islas Baleares y Andalucía, «a cuyos representantes ya se les ha trasladado toda la información».
«Se ofrecen evidencias digitales de gran valor para que el gobierno municipal de Martínez-Almeida pueda investigar la situación de estos alojamientos, llevar a cabo el cese de su actividad y la apertura de expedientes sancionadores, así como la eliminación de los anuncios en estas plataformas», prosigue.
Expedientes sancionadores
En el marco de las competencias del Ministerio de Consumo, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda por no cumplir con la normativa de consumo en relación con la publicidad del número de licencia, y en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no cumplir la normativa de protección de consumidores, por ejemplo, por hacerse pasar por particulares cuando realizan una actividad profesional.
«Estas actuaciones siguen su curso de manera independiente a la cooperación con administraciones de todo signo y color político para que, en cumplimiento de sus competencias, contribuyan a frenar la proliferación descontrolada de viviendas turísticas ilegales», concluye.