Política
Esther López Barceló: “La Cruz de Cuelgamuros hace apología del franquismo, no del cristianismo”
La investigadora, historiadora, docente y escritora se enfrenta a una denuncia de HazteOír por expresar que habría que "dinamitar" la cruz que corona el Valle de Cuelgamuros.
Investigadora, historiadora, docente y escritora. Esther López Barceló reflexiona sobre cómo la justicia condena a investigadores por contar lo que ocurrió en España hace menos de un siglo, sobre la nostalgia e idealización del pasado franquista y sobre la denuncia de Hazteoír a la que ella misma se enfrenta estos días por su idea de «dinamitar» la cruz que corona el Valle de Cuelgamuros. Exdiputada de Esquerra Unida, critica el papel del PSOE en la memoria histórica y considera que las diferencias entre el PP y Vox se empiezan a difuminar.
Empecemos por lo más actual. Hace unos días dijo que “habría que dinamitar” la cruz del Valle de Cuelgamuros siguiendo lo ya comentado en tono sarcástico por el humorista Quequé. En cambio, usted afirmó decirlo en serio. ¿Por qué habría que dinamitar la cruz?
Cuando fui coordinadora de Memoria Democrática en Izquierda Unida en 2018, junto a más de 20 asociaciones memorialistas comenzamos a preparar un proyecto de ley, que obviamente no fue lo que finalmente se aprobó en el Congreso de los Diputados. Entre otras cuestiones, pensamos que la cruz de Cuelgamuros era el elemento más difícil de resignificar, por lo que se decidió que una salida podría ser eliminarlo. Yo mantengo esa propuesta consensuada en aquel debate que no suscitó apenas polémica entre los colectivos.
Para mí, lo mejor sería eliminar ese vestigio tan terrible del régimen, una justificación terrible que la dictadura vio en la religión para perpetrar esa matanza sistemática que supuso el franquismo desde 1936. Se trata de una cruz que hace apología del franquismo, no del cristianismo. De hecho, creo que es terrible para el cristianismo que determinados grupúsculos defiendan que la cruz es un elemento cristiano, porque solo es símbolo de la barbarie. Si estas cosas las denuncian Abogados Cristianos o HazteOír, es más por lo franquista que por lo cristiano.
Precisamente, la asociación ultra HazteOír ha anunciado una denuncia por esta postura. ¿Cómo enfrenta el proceso penal?
Afortunadamente, creo que no va a tener ningún tipo de recorrido. De todas formas, que una postura así llegue hasta los tribunales habla de lo débil que es nuestra democracia. Yo estoy dispuesta a defender mi posicionamiento en los mismos términos en que lo he hecho hasta ahora.
La Justicia también ha condenado al historiador Juan Antonio Ríos Carratalá por vulnerar el derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón, secretario judicial que participó en el proceso de instrucción contra el poeta Miguel Hernández. ¿Hasta qué punto podemos conocer nuestro pasado si la Justicia persigue este tipo de investigaciones?
Es un precedente peligrosísimo que viene a confirmar que en este país todavía no se puede hacer historia sobre los victimarios. Ya no es que solo sean impunes ante la justicia, sino es que quieren ser impunes ante la historia. Incluso ha tenido un efecto positivo, y es algo que le diría a la familia de Antonio Luis Baena Tocón: ahora más que nunca sabemos el nombre de quien inició el proceso de instrucción contra el poeta del pueblo.
Una de las principales demandas de los investigadores es el difícil acceso a los archivos y la desclasificación de documentos. Después de publicar Cuando ya no quede nadie (Grijalbo, 2022), definió los archivos como esos lugares “en las que caben todas las posibilidades y ninguna”. ¿A quién beneficia esta cerrazón por dificultar el conocimiento del pasado más inmediato de la historia de España?
Beneficia a los victimarios, como siempre, y a todos aquellos a los que no les interesa que se conozca la verdad. En los archivos hay un personal maravilloso, siempre infradotado. La realidad es tal que incluso yo como investigadora no he podido acceder a muchos sumarios de instrucción y procesamiento porque los documentos siguen en los archivos que gestionan los tribunales. Hablamos de documentos de hace más de 50 años, es decir, históricos por definición, que ni siquiera han pasado a los archivos históricos para poderlos estudiar.
Y la situación ya es terrible en los archivos eclesiásticos, sobre todo para aquellas personas adoptadas de forma irregular durante la dictadura a quienes les es imposible acceder a ellos por una impunidad de las órdenes religiosas que procede del franquismo.
En ese mismo libro, uno de los personajes principales afirma en el contexto de la dictadura que “los fascistas no perdonan que nos busquemos las mañas para sobrevivir”. ¿Qué mañas existen actualmente para que sobreviva la memoria? ¿Quiénes son los fascistas del presente?
Los fascistas del presente están en las instituciones, y es lo más terrible que le ha podido pasar a nuestra democracia desde los años de la Transición. Ahora enfrentamos nuestro periodo más oscuro, cuando por primera vez la extrema derecha, con la cara descubierta, está influyendo en las políticas del país.
Las mañas que tenemos es la de no desistir. Si no hubiera habido una sociedad civil organizada, liderada por las víctimas de la dictadura y de sus familiares, en este país no se habría llevado a cabo ninguna política de memoria. Si se ha conseguido aprobar la Ley de Memoria Democrática ha sido porque estas personas no han dejado que se apague la llama de la memoria. No podemos desistir, ni siquiera desde la academia, aunque sepamos que nos sobreexponemos y eso acarree un coste a los investigadores que estudiamos la historia contemporánea de nuestro país.
Los fascistas de hoy en día, ¿tampoco ahora perdonan estas nuevas mañas?
Parece, otra vez, que será problemático trabajar en memoria o investigar sobre el franquismo. Será problemático, entre otras cosas, defender los derechos humanos, que es lo que se hace cuando se investiga todo crimen de lesa humanidad, como los que se cometieron en España durante 40 años. No nos perdonan que sigamos intentando poner luz allá donde no la hay, pero lo seguiremos haciendo aunque dificulten nuestra carrera investigadora.
En el terreno político, el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha dado algunos pasos para reparar el daño de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En cambio, algunas asociaciones memorialistas le demandan mayor ambición, así como una posición crítica con lo sucedido durante la Transición.
El PSOE ha podido hacer memoria, justicia y reparación desde 1982 y no ha querido. Es más, de alguna forma ha generado las condiciones para que nunca más se haya podido romper ese acuerdo tácito entre los dos grandes partidos, junto al PP, para que no se pueda abrir una brecha en la justicia que investigue y condene los crímenes del franquismo.
¿Se podría trazar algún paralelismo entre la nueva extrema derecha global y los mensajes que se vierten actualmente sobre los migrantes?
Los filofascistas tienen en el punto de mira, sobre todo, a este colectivo. Hay políticas que nos harán daño, como eliminar el presupuesto para memoria histórica o las ayudas a las lenguas cooficiales, pero creo que no hay una política más terrible que aquella que señala a los migrantes como problema fundamental de este país. Es lo que más miedo me da porque repercute directamente en la vida de los más indefensos.
La extrema derecha tiene en el punto de mira a los sectores más vulnerables de la sociedad, justo los que necesitan acompañamiento y promoción de sus derechos, como los migrantes, el colectivo LGTBIQ o las mujeres. Me parece necesaria una respuesta social contra esto, una gran movilización que demuestre que no vamos a permitir este retroceso en la defensa de los derechos humanos.
Por otra parte, vemos cómo algunas personas idealizan el pasado franquista. En El arte de invocar la memoria. Anatomía de una herida abierta (Barlin Libros, 2024), escribió que “la nostalgia es un privilegio de los vencedores, de los criminales, de los perpetradores del saqueo”. ¿Por qué cree que hay tanta gente que mira al pasado de esa forma?
A veces la gente confunde mucho la añoranza con la juventud, con un periodo de su vida en el que tenían cerca a personas que quizá ya hayan perdido. Todos podemos tener una pequeña dosis de nostalgia en ese sentido. En cambio, socialmente no existe razón alguna para que los descendientes de los vencidos y las vencidas en la Guerra y la dictadura podamos tener nostalgia de ese pasado.
Los que sí pueden tener nostalgia de la dictadura son todas aquellas personas que se beneficiaron de los crímenes, del expolio, aunque en la actualidad tampoco es que formen parte de los grupos oprimidos. Yo defiendo que nosotras podemos tener “alteralgia”, es decir, un sentimiento de añoranza por lo que no fue y pudo haber sido.
Por contra, las últimas estadísticas apuntan a que los discursos de la extrema derecha calan cada vez más entre los jóvenes. ¿Qué cree que está fallando?
Como profesora de un instituto, me he dado cuenta de que los jóvenes experimentan un impacto muy grande a través de contenidos audiovisuales que se mueven en plataformas como Tik Tok. La extrema derecha ha sabido inocular muy bien sus mensajes a través de esta red: son vídeos simplones, repletos de mentiras, que dan respuestas muy sencillas a procesos históricos muy complejos. Eso es lo que está fallando, que los jóvenes interiorizan esos discursos sin nadie que les demuestre que lo que aparece en ellos no es verdad, o no tal y como la cuentan.
¿Considera que deberían perseguirse los discursos negacionistas en el terreno de la memoria?
Me parece necesario, pero no sabría decir de qué forma habría que perseguirlos. No quiero entrar en el tema punitivista de castigar de forma severa absolutamente cualquier discurso, sobre todo desde el terreno penal. Eso luego puede volverse en contra. Ya sabemos que la justicia española puede interpretar las leyes de manera muy estrambótica.
También creo que es evidente que no deben pasarse por alto este tipos de discursos. En una democracia no puede tolerarse decir que el Holocausto no existió, o que las vacunas no son beneficiosas para la salud, o que el cambio climático es mentira. Los discursos negacionistas no están basados en la razón ni la ciencia y pueden hacer mucho daño.
El historiador Gutmaro Gómez Bravo acaba de publicar Los descendientes (Crítica, 2025). En un momento dado, señala que “vivimos en un tiempo en el que se escribe la historia de la memoria, mientras una parte de la sociedad lucha por mantener la memoria de su pasado”. ¿Cree que estamos preparados para conocer realmente qué hicieron o cómo sufrieron nuestros antepasados durante la Guerra y la dictadura? Hay muchas resistencias familiares.
No creo que la sociedad sea algo monolítico. En este tiempo es cuando veo más variedad de posiciones al respecto. El hecho de que después de 40 años de dictadura se empiecen a hacer políticas de memoria ahora, tras décadas de democracia, tampoco ha repercutido en positivo para que la sociedad esté dispuesta a asumir todo ese legado histórico.
De todas formas, dada la situación en la que estamos, es más importante conocer de dónde venimos que frenarnos aquí por las reticencias personales o familiares que podamos encontrar. Sobre todo, para ver si es posible que no se vuelvan a repetir determinados hechos que marcaron la historia de este país, y no precisamente para bien.
¿Cree que se debe politizar la reivindicación de la memoria?
Para mí todo es política en la vida. Desde decidir dónde comprar el pan hasta a qué colegio acudirán tus hijos. Todo es política. La defensa de los derechos humanos es política, y esa será siempre mi trinchera.
Usted es valenciana. El último movimiento del president Mazón ha sido abrazar los postulados de Vox en torno a la migración y el medio ambiente. ¿Qué diferencias hay entre la derecha y la extrema derecha españolas?
Desde el momento en que un presidente regional hace propias las teorías de la extrema derecha, las diferencias dejan de existir. Mazón, de repente, se ha convertido en Vox. Esto ya no solo significa que la Comunitat Valenciana esté gobernada por Mazón, un tipo totalmente incompetente sobre el que pesan más de 200 muertes causadas por la dana, sino que Vox a partir de ahora marcará las políticas públicas de la región.
Ana: precisamente repites el «discurso» de PP/VOX.
Informar forma parte de EDUCAR.
Es necesario conocer el pasado, sin manipular. En este país se esconden las barbaries, los genocidios, debajo de la alfombra y para distraer se muestra el genocidio y los campos nazis de exterminio.
Hay que pasar página, pero después de haberla leído y aprendido la lección que contiene.
Es necesario conocer el pasado reciente, sin manipular, para comprender nuestro presente y construir el futuro sobre cimientos sólidos para que aquel genocidio no se vuelva a repetir.
Para ello es necesario que se imponga la VERDAD, la JUSTICIA sobre la falacia, y la REPARACION MORAL a quienes corresponda.
Los genocidas se juzgaron a sí mismos y se fueron de «rositas». Demasiado tarde para juzgarles. La impunidad trae muy malos resultados. Por ello y para evitar que la historia se vuelva a repetir es necesario EDUCAR sin manipular, sin ocultar y sin omitir. Cosa que en la enseñanza oficial todavía no se hace.
Por otra parte ha habido personas del bando perdedor, cuyos seres queridos aún están enterrados en cunetas y descampados, que han luchado duro y han logrado que se aprueben algunos derechos reconocidos en el derecho internacional que se conocen como la «Ley de Memoria Histórica» y que son de obligado cumplimiento. Como supongo que es el tema de la cruz de Cuelgamuros.
También quiero señalar que aquella barbarie no fue una guerra civil, como han dado en denominarla. Fue una lucha de clases, entre el pueblo y la oligarquía (ésta contaba con el poderosísimo apoyo de la iglesia). Te puedes imaginar quienes las suelen ganar.
A ver si nos damos cuenta de que es más importante educar para que no se repita una guerra civil que imponer de qué se puede acordar cada uno. Una basílica no debería ser más que un lugar donde se reza por todos, y los que no rezan son muy libres de no ir. Darle más vueltas es ensañar se en reabrir herida y cultivar un ambiente que lleve a repetir el odio y la guerra. Dejad que los muertos de ambos lados descansen en paz, y a los monjes que sigan su vida de oración libre de intromissione politicas
Exijamos el cumplimiento de las leyes de Memoria Histórica y Democrática en Canarias Firma la petición en CHANGE
Como ciudadanos comprometidos con la democracia y respetuosos con los valores democráticos de nuestra sociedad canaria, nos sentimos personalmente agraviados por la permanencia del monumento franco en el espacio público de Tenerife. Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Memoria Democrática, al Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el cumplimiento de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática (Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista. Este monumento es un recordatorio doloroso de una época oscura de nuestra historia, y creemos que debería ser eliminado del espacio público para avanzar hacia una era de reconciliación y respeto mutuo. No sólo es nuestro derecho, sino también nuestro deber como ciudadanos, asegurar que se haga justicia. Por lo tanto, pedimos con urgencia la eliminación de este monumento. Únete a nosotros en este movimiento por la justicia y la memoria. ¡Firma esta petición ahora!
https://www.change.org/p/exijamos-el-cumplimiento-de-las-leyes-de-memoria-hist%C3%B3rica-y-democr%C3%A1tica-en-canarias
El Valle de los Caídos es una máquina de odio.
Lo hemos comprobado los últimos días: una denuncia de Abogados Cristianos ha obligado al humorista Héctor de Miguel a declarar ante un juez por un chiste sobre la cruz de Cuelgamuros. Hazte Oír ha presentado una denuncia contra Esther López Barceló, escritora e historiadora, por su defensa razonada de la demolición de la misma cruz. Unos falangistas han atacado el despacho del profesor de derecho José María Urías por el mismo motivo.
Y son solo el último episodio de una larga serie de denuncias que llevan presentando asociaciones ultraderechistas desde hace años para impedir cualquier modificación en el Valle –incluida la exhumación de las víctimas republicanas encerradas en las criptas de la basílica.
La ultraderecha defiende el Valle como lugar de reconciliación de todos los españoles. Pero al mismo tiempo persiguen con saña a cualquiera que ose discrepar. Se trata de la misma disociación entre discurso y práctica del franquismo. Franco es como un padre, pero un padre dispuesto a fusilar a sus hijos si se portan mal.
El Valle de los Caídos es una máquina del odio por la facilidad con que se moviliza para fines antidemocráticos: asediar la libertad de expresión, exaltar la dictadura y acosar a quienes la critican. Por eso es imprescindible transformarlo. Y de manera urgente. La lentitud del gobierno con este tema y la timidez con que lo aborda es injustificable.
La transformación, además, debe ser radical. No creo que sea posible una resignificación del Valle sin transformar profundamente su materialidad, lo cual implica derruir una parte del monumento -e insisto con lo de una parte: debemos conservar el Valle como testimonio de la dictadura). Y esa parte debería ser preferentemente el elemento más potente y polémico: la cruz. El proceso está claro: desacralizar, derruir, crear, volver a contar. La destrucción creativa hace años que es una práctica canónica en la gestión del patrimonio.
Con una derecha radicalizada, transformar el Valle de los Caídos no es un asunto menor: implica hurtarles su principal símbolo e impedir que lo sigan utilizando para celebrar la dictadura y perseguir a los demócratas. Por eso hay que desactivar la máquina del odio. Y hay que hacerlo ya…
https://www.lacasademitia.es/articulo/politica/valle-caidos-maquina-odio-alfredo-gonzalez-ruibal/20250321070405168306.html
El Parlamento de Navarra blinda el mantenimiento resignificado del Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada, rechazando su demolición.
El Parlamento de Navarra ha aprobado una ley presentada el día 6 de marzo de 2025 por el tripartido, integrado por el PSN, Geroa Bai y Bildu. Se blinda así el mantenimiento resignificado del Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada, rechazando su demolición.
La marginación de las asociaciones memorialistas ha sido la muestra más obscena de autoritarismo político por parte de quienes se consideran lo más depurado de la izquierda. (Victor Moreno, Nueva Tribuna)
Tenerife: la retirada del monumento a Franco o el cuento de nunca acabar.
Los símbolos que aparecen representados fueron erigidos para honrar y transmitir los valores del poder que los construyó, los valores fascistas y autoritarios… Una sociedad democrática no debe permitir que estos símbolos continúen decorando sus plazas o espacios públicos.
La lucha por quitar del espacio público esta obra, que glorifica la figura del dictador y exalta un hecho histórico, el inicio del golpe de Estado, no debería de ser un problema, bastaría con aplicar la Ley de Memoria Histórica de 2007. Sin embargo, la ambigüedad de la ley y la tibieza socialista permiten que la derecha encuentre las grietas para eludirla.
Una sociedad democrática no debe permitir que estos símbolos continúen decorando sus plazas o espacios públicos…. (Carmen Martínez Bruguera, LoQueSomos)
El franquismo y el «cristianismo» de la iglesia católica en España siempre han cabalgado juntos. Son hermanos muy bien avenidos. El cristianismo lo practican los cristianos de base, fieles al espirítu de Jesús, una minoría en el mundo. (los curas de la parroquia de san Carlos Borromeo en Entrevías, Madrid, fueron un ejemplo) El catolicismo es la religión que practica la iglesia católica que se ha autoproclamado representante de Jesús en la tierra; pero que, como avisó Jesús, «por sus hechos los conocereis», bien se vé que no tienen nada que ver con él. En España aún sigue existiendo, empezando por las leyes vigentes y las malas prácticas de las autoridades, el nacionalcatolicismo. El reino de España en todo caso es católico, pero no cristiano.
Juán Antº Aguilera Mochón:
Un caso extraño el de la privilegiada consideración económica, educativa, mediática… que en España y muchos otros países disfrutan los creyentes religiosos –especialmente cristianos, musulmanes y judíos–, así como sus creencias y sus doctrinas morales, frente al conjunto de la ciudadanía y sus conocimientos y valores comunes, basados idealmente en la racionalidad científica y los derechos humanos.
No satisfechos con esos privilegios, algunos de aquellos creyentes ponen denuncias o reaccionan violentamente porque sienten «ofendidos» sus «sentimientos» por un quítame allá esas pajas (si me permiten que lo diga así).
No se debe olvidar que el nacionalcatolicismo quedó plasmado en las leyes y prácticas del Movimiento, y se asentó de manera central mediante el Concordato de 1953 con la Santa Sede. Pues bien, ese deleznable Concordato sigue vigente, solo que “revisado” mediante los citados Acuerdos de 1979, y los de 1976. Unos Acuerdos que menoscaban la soberanía nacional al ponerla a los pies de los intereses de otro Estado, por más señas un Estado teocrático, antidemocrático, vulnerador de derechos humanos básicos. Por su parte, la Constitución de 1978 dejaba atados y bien atados algunos empeños claves del dictador, como la continuidad en la jefatura del Estado de la muy católica y poco ejemplar dinastía borbónica, y las prerrogativas de la Iglesia católica (artículo 16.3).
¿En qué se traduce ese continuismo con una parte fundamental de la esencia del franquismo? En que la Iglesia católica, pese al gran avance en la secularización de la sociedad española, sigue gozando de unos privilegios (económicos, educativos, simbólicos, mediáticos…) incompatibles con la democracia, pues suponen una violación del principio de igualdad entre las ciudadanas y ciudadanos, y un atentado a la libertad de conciencia de las personas, sobre todo las más vulnerables.
Cabe destacar que la Iglesia disfruta de unas prerrogativas económicas descomunales (muy superiores a las del franquismo), pues el Estado le aporta más de 12.000 millones de euros cada año, entre asignaciones directas y exenciones de impuestos, según ha calculado y denunciado Europa Laica. Además, los poderes políticos han propiciado la apropiación ilegítima de más de 100.000 bienes públicos de incalculable valor por parte de la Iglesia entre 1946 y 2015 mediante las llamadas “inmatriculaciones”. Éstas empezaron en el franquismo (1946) y se incrementaron en 1998 con una ley de Aznar. Y el monumental expolio quedó convalidado en 2021, merced a la complicidad del gobierno “progresista” de PSOE y Unidas Podemos, con un listado deplorable y un carpetazo ignominioso.
Volviendo a la efemérides del 3 de enero: puesto que, como escribió Gonzalo Puente Ojea, el laicismo es un principio indisociable de la democracia, y puesto que los Acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo insalvable para alcanzar un Estado laico (verdaderamente democrático), desde Europa Laica y otras organizaciones laicistas insistimos en la inaplazable necesidad de denunciar y anular (no actualizar o modificar) esos Acuerdos, y, naturalmente, los de 1992 con otras confesiones religiosas. Esperemos que las fuerzas “progresistas” en el poder hagan efectivo ese progreso fundamental, de modo que en el 46 aniversario de los Acuerdos de 1979 celebremos que estos, los de 1992, y todas las leyes, normas y hábitos políticos derivados, ya no estén vigentes.