¡A las armas!

¡A las armas! Esta es la consigna que lanzan con toda determinación, incluso con premura, las instituciones y los gobiernos europeos, a derecha y a izquierda, con diferencias menores que no alteran el mensaje fundamental: convertir Europa en una potencia militar.

En efecto, el aumento del gasto en “defensa”, un eufemismo muy conveniente para colar el mensaje de la necesidad de un viraje en una Europa militarmente débil, se ha convertido en una necesidad, una exigencia inaplazable para estar a la altura de los desafíos que enfrenta, toda vez que ha dejado de contar con la protección del “gran hermano estadounidense”. Nos aseguran, en un sinfín de mensajes por tierra, mar y aire, que no queda otra si Europa quiere ser un actor relevante en un escenario dominado por la inestabilidad y el conflicto, y más concretamente por la guerra de Ucrania y la “amenaza rusa”.

En este contexto, se pide –se exige, en realidad– que tanto los gobiernos como las instituciones comunitarias aumenten de manera sustancial el gasto militar. ¿Hasta dónde? La contestación que dan los responsables políticos europeos no deja lugar a equívocos: lo necesario para convertir a Europa en una potencia política y militarmente decisiva; dado que ambas cosas irían de la mano (otro mensaje en absoluto sutil: la realidad y el futuro de la Europa comunitaria depende crucialmente de su poderío militar). De entrada, se ha puesto sobre el tablero el objetivo de alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB); se habla incluso de situar esta ratio, en un horizonte temporal más amplio, en el 5% del PIB, el porcentaje que ahora dedica Estados Unidos a la industria militar.

Es importante tomar nota de que ya no se trata de una exigencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ni de Estados Unidos, sino que las propias instituciones y gobiernos europeos consideran que su influencia e incluso su supervivencia dependen de que asuman cuanto antes el aumento del gasto militar.

La primera pregunta que cabe formular es obvia. ¿De dónde se sacarán los dineros para financiar este esfuerzo, convertido en la pieza clave de la hoja de ruta europea? Esta es una pregunta relevante pues desde el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) parecía que el bastión inexpugnable de la misma y la propia supervivencia de la moneda única era la disciplina presupuestaria (y también la salarial, no lo olvidemos). Por esa razón, las políticas de los países que formaran parte de la UEM tenían que someterse al denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que fijaba estrictas normas en materia de déficit y deuda públicos (3% y 60% del PIB, respectivamente); normas obligatorias para los países que formaban parte de la Zona Euro, cuyo incumplimiento estaba penalizado.

Con la irrupción del COVID-19, el colapso económico generalizado, la necesidad de aplicar planes de emergencia y, como consecuencia de todo ello, la imposibilidad de cumplir con tan estrictas normas presupuestarias, obligó a la activación de la denominada “clausula de escape”. De este modo, los gobiernos quedaron eximidos de ceñirse a esta camisa de fuerza. Pero, una vez superada la pandemia, al menos de momento, la Unión Europea (UE) recuperó las normas de austeridad presupuestaria (con cierta flexibilidad en su implementación, pero sin alterar sus postulados básicos).

Aunque cuando escribo estas líneas estamos a la espera de una mayor concreción, la Comisión Europea (CE) a través de su presidenta, Ursula von der Leyen, ya ha manifestado que el aumento del gasto militar debe abordarse con carácter inmediato, convirtiéndose en una prioridad absoluta que, en consecuencia, exige la adopción de medidas excepcionales.

Concretamente, se habla de suspender de nuevo la implementación del PEC, al igual que, como he señalado antes, se hizo en el tiempo de pandemia. No sólo se permitirá que los gobiernos tomen deuda o gasten por encima de lo prescrito. También se abre la puerta a que la CE asuma préstamos en los mercados privados de capital y que el Banco Europeo de Inversiones destine una parte de sus recursos a financiar el gasto militar, abriéndose asimismo la posibilidad aumentar el presupuesto comunitario.

¿Y el gasto social? ¿Y el destinado a enfrentar el cambio climático? ¿Y las inversiones necesarias para reconfigurar en clave de igualdad y sostenibilidad el modelo económico? ¿Y los dineros destinados a la ayuda al desarrollo? Ámbitos en los que, hay que decirlo una y mil veces, vivimos una situación de emergencia que exigiría la adopción de medidas extraordinarias a la altura de este desafío. Y no se están adoptando. Estas partidas ya estaban constreñidas por la camisa de fuerza de la austeridad presupuestaria y por la captura por parte de las corporaciones de las políticas y las instituciones comunitarias. Por si eso no fuera bastante, ahora quedan sometidas a las exigencias del aumento del gasto militar, prioridad absoluta de la “nueva Europa”.

Mal asunto, la militarización a la que nos arrastran las instituciones comunitarias, los gobiernos europeos, el todo poderoso complejo militar-industrial y las empresas que pretenden sacar tajada de esta dinámica. Se abre una «caja de Pandora» que una vez abierta nadie sabe si se podrá cerrar (ni siquiera si se querrá cerrar). Hay en liza mucho negocio e intereses muy poderosos.

Poco o nada cabe esperar de las instituciones comunitarias y de los gobiernos (también el nuestro) comprometidos con el discurso militarista, que, se diga lo que se diga, sólo sirve para echar más leña al fuego. En este sentido, las propuestas lanzadas sobre todo por el presidente francés Emmanuel Macron, y respaldadas por otros dirigentes europeos, de desplegar sobre Ucrania tropas europeas –es decir, tropas de la OTAN–, para preservar un eventual acuerdo de alto el fuego apunta exactamente en esa dirección. En un sentido radicalmente opuesto, si realmente se quisiera detener la guerra y trabajar por la paz en la región sería un gran paso adelante el compromiso de la UE de que Ucrania no pasará a formar parte de la OTAN.

Resulta, en fin, muy preocupante la aparente distancia o indiferencia con que la ciudadanía contempla la decisión de incrementar de manera sustancial el gasto militar; digo distancia y quizá sea más apropiado decir indiferencia o incluso apoyo. Una opinión pública intoxicada por los grandes medios de comunicación y las redes sociales, atrapada en la falacia de que Rusia es un enemigo que representa una amenaza militar para Europa y de que ésta, para convertirse en una voz respetada e influyente en el concierto internacional, necesita de un aumento sustancial del gasto militar.

En este escenario verdaderamente preocupante, me pregunto: ¿dónde están las izquierdas y las organizaciones sindicales? ¿Cuál es su posición ante la que se nos viene encima y qué están haciendo para sensibilizar y movilizar a las clases populares?