La jueza de la dana: “Los daños no se podían evitar, las muertes sí”

El aviso enviado a los móviles de la población valenciana con el consejo de evitar desplazamientos a las 20:11 horas del pasado 29 de octubre, el día de la dana, fue «notablemente tardío» y «errado en su contenido», pues muchas víctimas murieron en sus casas, en los garajes o en la vía pública.

Así lo señala en un auto la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz, que centraliza la investigación judicial sobre la gestión de la dana, quien también afirma que los daños materiales, que afectaron a centenares de miles de personas, «no se podían evitar, las muertes sí».

En otro auto, la jueza señala que «la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos» –en las inundaciones murieron 224 personas y hay tres desaparecidas todavía– y el objeto de la investigación se ha de centrar «en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse«.

La titular del juzgado afirma que es «evidente la imposibilidad absoluta de los cuerpos de bomberos de evitar o simplemente reducir el altísimo número de fallecimientos o las lesiones que tuvieron lugar el 29 de octubre, aun en el supuesto de una correcta y adecuada organización y despliegue de dichos cuerpos».

Según expone, «no se puede establecer una relación de causalidad entre los fallecimientos» y la inactividad de los bomberos a la que aluden algunos denunciantes, por cómo perdieron su vida las víctimas: «El torrente de agua y barro que anegaba las calles, la altura a la que llegó el agua, hacía inviable que los vehículos de bomberos se introdujeran por las calles al objeto de salvar a la población que perecía ahogada».

El auto relata que el volumen de agua «arrastraba automóviles, furgonetas, que chocaban entre sí, contra las viviendas, flotaban y arrastraban en muchas ocasiones a conductores que no podían escapar de su interior» y añade que «mucho menos era factible que de manera individual los bomberos se desplazaran entre las calles».

La jueza considera que «la tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político«, mientras que «es el nexo causal lo que ha determinar las pruebas a adoptar en un proceso penal». 

Por otra parte, La Vanguardia publica este miércoles que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas esperó a que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, llegara a la reunión del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencia, y mantuviera una reunión a solas con él para lanzar la alerta el día de la dana.

Uno de los últimos requerimientos de la jueza a la Generalitat ha sido que informe si concurrió y se integró en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) «alguna otra autoridad» distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la dana, entre su convocatoria, a las 17:00 horas, y hasta las 20:11h, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert.