Madrid sale otra vez a la calle para reclamar su derecho a la vivienda

Madrid volvió a vivir una jornada de movilización por el derecho de acceso a la vivienda. Más de 40 asociaciones organizaron una protesta que reunió a 60.000 personas, según los convocantes, y 15.000 según la Delegación de Gobierno. Esta nueva manifestación surgió a causa de la «tibia respuesta» de las administraciones a la masiva protesta del pasado 13 de octubre y lo hizo con el mismo propósito: exigir unos precios asequibles en el alquiler y que se frene la especulación con un derecho básico.

«Vosotros, rentistas, sois los terroristas» o «Ayuso, escucha, Madrid está en lucha» fueron algunas de las consignas que pudieron oírse en el recorrido de la marcha, que transcurrió entre Atocha y la Puerta del Sol. «Tengo algo que decirles a todas esas personas que están sufriendo en sus casas y en soledad: no es vuestra culpa. Lo que estamos viviendo son las consecuencias de una política muy medida, muy calculada», aseguró Laura Barrios, portavoz del movimiento Hábitat 24, la plataforma que convocó la manifestación y que reúne a diversas organizaciones comprometidas con los derechos humanos, sociales, la participación vecinal, el medioambiente y los servicios públicos.

Esa «política muy calculada» hacía referencia a la gestión que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está haciendo del problema. Uno de sus proyectos estrella, el Plan Vive, según diversos expertos en la materia, ha facilitado justamente lo contrario al fomento de las viviendas accesibles: una revalorización de los activos inmobiliarios que ha atraído a más inversores internacionales para especular con los pisos. Los inquilinos han visto cómo sus alquileres prácticamente se han doblado de precio en los últimos años. El objetivo es expulsarlos a la periferia y consagrar la mayor parte de la ciudad de Madrid a las viviendas de lujo y al alquiler turístico. Esta expulsión, a su vez, ha incrementado la presión en esos municipios que, en teoría, deberían acoger a los expulsados. El alquiler medio en Getafe, por ejemplo, creció un 44% en 2024.

La distancia entre los precios del alquiler en Madrid y los salarios dificulta enormemente el acceso a la vivienda en la capital. El alquiler promedio está en 20,62 €/m² (lo que equivale a 1.031 € por 50 m²). Alquilar una habitación cuesta ya más de 600 euros.

«Hoy hay más de 500.000 madrileños y madrileñas que se estarían beneficiando del tope de los alquileres si Ayuso aplicara la Ley de Vivienda», explicaba Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. La ministra de Sanidad, Mónica García, fue más sarcástica en su crítica a la presidenta de Madrid: «Viviendo en un ático que está pagado supuestamente por comisiones del Grupo Quirón, es difícil ver la realidad del problema». Ione Belarra, secretaria general de Podemos, no quiso limitarse a censurar la labor de Ayuso e incluyó también al Gobierno central como responsable de la crisis: «Es fruto de las políticas de especulación del bipartidismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista». La líder de la formación morada adelantó que «el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos si no interviene el mercado de la vivienda, baja los alquileres y prohíbe la compra de vivienda que no sea para residir».

Las propuestas del PP en materia de vivienda

Al mismo tiempo que miles de personas se manifestaban en Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se reunía con los alcaldes populares de poblaciones de más de 100.000 habitantes. Ante ellos y desde una perspectiva liberal totalmente opuesta a la regulación del mercado, ofreció algunas ideas para contribuir a solucionar, a su juicio, el problema de la vivienda: deducciones en el IRPF de los propietarios y agilizar los plazos de construcción. En su intervención introdujo un concepto engañoso para justificar el inicio de una nueva etapa de construcción y especulación similar a la que hizo estallar la burbuja inmobiliaria en 2008: la «escasez de la oferta». Sin embargo, los últimos datos del INE (que datan de 2023) contradicen al líder popular: en España hay 3,8 millones de pisos vacíos. Se calcula también que hay más de 400.000 viviendas construidas y sin vender.

Los convocantes de la manifestación de Madrid proponen otras soluciones, como la creación de un parque público de vivienda no descalificable del 30% del total, incluir los pisos de la Sareb en ese parque público o que la declaración de zonas tensionadas corra a cargo de los ayuntamientos, con lo que se lograría puentear a Comunidades Autónomas reacias a la regulación, como la presidida por Ayuso.