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Los convenios colectivos cada vez establecen menos horas de trabajo: ¿por qué rechaza la patronal la reducción de la jornada?
El 25% de los convenios ya recogen las 37,5 horas y la jornada media de los firmados en 2024 fue de 38,3 horas. El presidente de la CEO, Antonio Garamendi, ha pasado de asegurar que reducir la jornada supone “regalar 12 días de vacaciones pagadas al año”, a afirmar que uno de cada cuatro convenios ya reconocen esa jornada. El anteproyecto, aprobado el martes, llegará al Congreso a finales de febrero.
“La reducción de jornada es regalar 12 días de vacaciones pagadas al año”, apuntó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la Asamblea general de su organización, que se celebró en julio de 2024. Ayer, martes 4 de febrero, el día en el que el Consejo de Ministros aprobó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, afirmó que siempre estarán de acuerdo con el “diálogo social”, pero no con el “monólogo”.
Más allá de los vaivenes del presidente de la patronal, destaca su beligerancia inicial con un asunto que, como él mismo comentó en La Hora de la 1 –cuando dijo que ya el 25% de los convenios reconocen una jornada laboral de 37,5 horas semanales–, parece responder a la tendencia natural que está llevando el mercado de trabajo.
La jornada laboral media de los convenios firmados en 2024 fue de 38,3 horas
Las 37,5 horas semanales corresponden, según el Ministerio de Trabajo, a un cómputo anual de 1.712 horas (por las 1.820 actuales –40 horas a la semana–).
Los datos de las Estadísticas de Convenios Colectivos de Trabajo revelan que la evolución del mercado tiende a reducir cada vez más la jornada, acercándose a esas 37,5 horas: en 2023 se firmaron 1.505 convenios con una jornada de media de 1.762,99 horas al año (38,7 horas semanales). Y (con datos provisionales del Ministerio de Trabajo) en los 845 convenios que se rubricaron el año pasado, la jornada media de los mismos es de 38,3 horas semanales.
Tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral
El texto aprobado en el Consejo de Ministros es el mismo que, en diciembre de 2024, firmaron el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y establece que los convenios colectivos vigentes deberán adaptarse a la nueva jornada antes del 31 de diciembre de este año.
Se espera que el anteproyecto de ley llegue al Congreso de los Diputados a finales de febrero para iniciar los trámites parlamentarios. Aunque es de prever que haya alguna modificación en lo aprobado (que podría tener que ver con una adaptación especial para las pequeñas empresas), habida cuenta de que el Gobierno debe obtener los apoyos necesarios para sacarlo adelante (de nuevo habrá que negociar con Junts).
Registro de jornada y desconexión digital
El acuerdo para reducir la jornada laboral firmado en diciembre de 2024 por el Gobierno y los sindicatos también incluye la obligación por parte de la empresa de contar “con un registro diario de jornada digital objetivo, fiable y accesible, que permita garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral”, explicaron en su momento.
Este registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, comentaron, “se considerará una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos”.
El texto también recoge “el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral. La no atención de estas comunicaciones no podrá ocasionar consecuencias negativas para la persona trabajadora que tiene derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por la empresa”, indicaron desde Trabajo.
A LOS 45 AÑOS DEL ASESINATO DE LA JOVEN REVOLUCIONARIA YOLANDA GONZÁLEZ (VÍDEO)
https://canarias-semanal.org/art/37094/a-los-45-anos-del-asesinato-de-la-joven-revolucionaria-yolanda-gonzalez-video
Su asesino, Emilio Hellín se convirtió en «asesor» de las «Fuerzas de Seguridad del Estado»
Yolanda, originaria de Vizcaya, se había trasladado a Madrid para continuar sus estudios y trabajar. Participaba activamente en la Coordinadora Estudiantil madrileña, representando a su centro en un movimiento que desafiaba las políticas educativas del gobierno de Adolfo Suárez.
En diciembre de 1979, las protestas estudiantiles alcanzaron su punto álgido con una manifestación de más de 100.000 estudiantes contra la Ley de Autonomía Universitaria y otras medidas gubernamentales. Estas movilizaciones fueron reprimidas violentamente, resultando en la muerte de dos estudiantes, José Luis y Emilio, a manos de las fuerzas de seguridad.
El 1 de febrero de 1980, Yolanda fue secuestrada en su domicilio por individuos que se hicieron pasar por policías. Durante el trayecto en coche, fue asesinada y su cuerpo abandonado en un descampado en las afueras de Madrid. Las investigaciones revelaron que los autores materiales del crimen fueron Emilio Hellín e Ignacio Abad, miembros de Fuerza Nueva.
Tras su condena por el asesinato de Yolanda González, Emilio Hellín Moro no solo cumplió una parte reducida de su pena, sino que posteriormente logró integrarse en instituciones estatales. Bajo el nombre de Luis Enrique Hellín, trabajó como asesor para la Guardia Civil y la Policía Nacional en áreas como terrorismo y crimen organizado. Entre 2006 y 2013, exceptuando 2007, Hellín recibió contratos públicos del Gobierno español para instruir a agentes en técnicas de seguridad informática y análisis de comunicaciones. Además, impartió formación a policías autonómicas, incluyendo a los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. Esta colaboración generó una gran polémica al conocerse su pasado criminal y su vinculación con grupos de extrema derecha.
El caso de Yolanda no fue un hecho aislado. Durante la Transición, numerosos jóvenes perdieron la vida en circunstancias similares, evidenciando la violencia y represión que caracterizaron este periodo. A continuación, se detallan algunos de estos casos:
Javier Fernández Quesada: Estudiante de biología de 22 años en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, el 12 diciembre 1977.
Manuel José García Caparrós: El 4 de diciembre de 1977, durante una manifestación en Málaga a favor de la autonomía andaluza.
Germán Rodríguez: El 8 de julio de 1978, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, se produjo una carga policial contra manifestantes que protestaban por la prohibición de una pancarta.
José Luis Cano Pérez: El 11 de mayo de 1977, en una manifestación en Madrid en apoyo a la legalización del Partido Comunista de España.
La Transición española ha sido frecuentemente idealizada como un proceso modélico hacia la democracia. Sin embargo, la realidad muestra una etapa marcada por la violencia política y la represión. Se estima que durante este periodo hubo al menos 178 muertes atribuibles a la violencia policial, ya sea en manifestaciones, incidentes o bajo tortura.
La mayor parte de estos crímenes quedaron impunes, y las víctimas y sus familias aún claman por justicia y reconocimiento. La Ley de Amnistía de 1977 garantizó la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos. A día de hoy, numerosas organizaciones y colectivos continúan luchando por la memoria histórica, buscando verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia estatal y de extrema derecha durante la Transición.
Patronal, oligarquía, capitalismo, su codicia es insaciable, siempre les pide más ganancias.
A este sistema basado en la codicia, en la destrucción del planeta, en la explotación y exterminio de sus semejantes, a esta dictadura, sus ideologos nos han adoctrinado incansablemente con que ésto es la democracia. Y ha colado, ya lo creo. Igual que loritos repite la gente a todas horas que somos una democracia. (y para más inri, este país, cuya «democracia» está cimentada sobre un genocidio impune, dónde todo sigue bien atado, desde la jefatura del estado, dónde sigue existiendo el franquismo sociológico porque se sigue dando como válido el guión que escribieron los felones vencedores del golpe burgués contra el pueblo).
Una petición, para que apoyeis con vuestra firma, en beneficio de los pueblos del mundo para parar los piés a la dictadura del capital, para que deje al Planeta y a sus criaturas vivir en paz:
El poder de eliminar gradualmente los combustibles fósiles está directamente en manos de la UE.
En resumen: Greenpeace UE, junto con el Prof. Dr. Dörte Fouquet, un destacado experto en medio ambiente y derecho energético de la UE, llevó a cabo un extenso análisis legal que responde a una pregunta difícil: ¿Puede la UE implementar una prohibición de nuevos proyectos de combustibles fósiles? La respuesta es un rotundo SÍ. Esta investigación proporciona un camino claro: una regulación a escala de la UE que detendría definitivamente todos los nuevos desarrollos de combustibles fósiles.
Seamos claros: tenemos que detener los nuevos proyectos de combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5ºC. Pero las corporaciones de petróleo y gas no abandonarán voluntariamente su modelo de negocio rentable pero destructivo. Continuarán construyendo infraestructura fósil y continuarán quemando combustibles fósiles hasta que se les impida legalmente hacerlo. Esta campaña trata de romper este ciclo.
Tenemos que presionar para que se prohíban los proyectos de combustibles fósiles en Europa.
https://www.greenpeace.org/international/act/ban-new-fossil-fuel-projects/?utm_campaign=fff-ban-new-fossil-fuel-projects&utm_source=hs-email&utm_medium=email&utm_content=2025-02-05-fff-email-sign-b
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