Política
El Gobierno analiza el futuro del decreto ómnibus mientras PP y Junts piden trocearlo
Durante este fin de semana, en su visita a las Islas Canarias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que buscará "votos hasta debajo de las piedras" para sacar adelante este escudo social
El Consejo de Ministros aborda la situación creada por la no convalidación del decreto ómnibus, una norma que no prevé reeditar este martes, apuntan fuentes del Ejecutivo, y que centrará el pleno extraordinario del Senado, donde el PP reclamará que las medidas de consenso se aprueben por separado.
El Gobierno quiere aprobar el decreto ómnibus completo y considera que no hay urgencia para remitirlo de nuevo al Congreso, donde la semana pasada fue rechazado con los votos del PP, Vox y Junts. Aunque Sumar presiona y quiere sacarlo ya adelante, las fuentes consultadas destacan que hay tiempo aún para tomar una decisión antes de que los pensionistas vean reducidas en febrero sus percepciones, y que siguen confiando en encontrar un margen de negociación.
El PP y Junts, sin embargo, mantienen su rechazo a un decreto con decenas de medidas y garantizan al Gobierno que tiene su voto favorable si decide aprobar solo la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los damnificados de la dana.
De hecho, tras la reunión del Consejo de Ministros está previsto un pleno extraordinario del Senado para debatir y votar una moción del PP, que cuenta con mayoría absoluta en esa Cámara, para pedir al Ejecutivo que apruebe tres decretos leyes diferenciados con esas medidas.
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en declaraciones a la prensa que el decreto contiene «centenares de cosas» que su partido no va a apoyar a pesar de que hace solo unos días citaba únicamente «40 medidas» que, en su opinión, van «en contra de los ciudadanos».
El principal escollo para el Partido Popular es la devolución del palacete parisino incautado por la Gestapo a su legítimo dueño, el PNV. Una restitución patrimonial que los populares definen como «regalo». Asimismo, los de Núñez Feijóo consideran que el decreto que paraliza los desahucios a las personas vulnerables es otorgar más «derechos a los okupas«.
Durante este fin de semana, en su visita a las Islas Canarias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que buscará «votos hasta debajo de las piedras» para sacar adelante este escudo social, un mantra repetido por otros miembros del Consejo de Ministros. Así, el Ejecutivo confía en poder llegar a un acuerdo con Junts para que el decreto sea convalidado en las próximas semanas.
No olvidemos otro problema más, y no menos grave, para lxs que queremos un país mejor:
Newsweek alerta del golpe togado que está sufriendo la democracia española (agosto 2024)
En el tumultuoso escenario político de España, el Tribunal Supremo ha decidido desafiar al poder legislativo de una manera que ha levantado cejas en el mundo entero. La publicación estadounidense ha encendido una señal de alarma, señalando que la justicia española ha sobrepasado sus límites al enfrentarse al parlamento, creando un cisma inquietante en la frágil democracia del país. Desde su perspectiva, este choque de titanes no solo desestabiliza el equilibrio interno, sino que también pinta un cuadro sombrío de la salud democrática en España. La visión de Newsweek es clara y despiadada: España, en lugar de ser un modelo de gobernanza democrática, está mostrando signos alarmantes de un sistema judicial que no duda en pisotear el rol que le corresponde para desempeñar un papel político activo. En el epicentro de la controversia se encuentra la reciente negativa del Tribunal Supremo a aceptar una ley de amnistía aprobada por el parlamento para los políticos catalanes involucrados en el proceso independentista. Desde el punto de vista estadounidense, el Tribunal no solo se está extralimitando al desafiar la voluntad legislativa, sino que está tomando un riesgo enorme al convertirse en un agente de desestabilización política. Este tipo de intervención judicial no es algo que se tome a la ligera en un sistema democrático. Según Newsweek, la decisión del Tribunal Supremo español no es meramente un ejercicio de interpretación jurídica, sino una maniobra política que desafía la autoridad del parlamento y pone en tela de juicio la eficacia de los controles y equilibrios democráticos. La crítica es dura: al asumir un rol de árbitro en el conflicto político catalán, el Tribunal no solo se aleja de su función original, sino que también socava el principio fundamental de la soberanía legislativa.
Desde el punto de vista de Newsweek , el Tribunal no solo se está extralimitando al desafiar la voluntad legislativa, sino que está tomando un riesgo enorme al convertirse en un agente de desestabilización política. Este tipo de intervención judicial no es algo que se tome a la ligera en un sistema democrático. Según Newsweek, la decisión del Tribunal Supremo español no es meramente un ejercicio de interpretación jurídica, sino una maniobra política que desafía la autoridad del parlamento y pone en tela de juicio la eficacia de los controles y equilibrios democráticos. Desde fuera, la democracia española empieza a verse como un frágil castillo de naipes. En lugar de una estructura sólida en la que los poderes se controlan y equilibran mutuamente, parece ser un terreno en el que la justicia actúa más como un actor político que como un guardián de la Constitución. Esta percepción no solo alimenta una visión negativa sobre la estabilidad democrática de España, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de su sistema judicial. La imagen que se proyecta es la de un país en el que los jueces no se limitan a aplicar la ley, sino que la utilizan como un instrumento para imponer su propia agenda. Esta conducta, según Newsweek, no solo debilita la credibilidad de las instituciones, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema judicial y, en última instancia, en la democracia misma. Cuando el poder judicial actúa como un actor político en lugar de un árbitro neutral, se corre el riesgo de que el sistema democrático se convierta en un campo de batalla donde el poder no se equilibra, sino que se descompone. En resumen, la visión crítica de Newsweek pinta un retrato desalentador de la democracia española, reflejando una preocupación más amplia sobre la tendencia de los sistemas judiciales a sobrepasar sus límites y convertirse en agentes de conflicto político. En lugar de ser un pilar de estabilidad, la justicia en España parece estar contribuyendo a la desestabilización, poniendo en riesgo la solidez de las instituciones democráticas y el equilibrio de poder en el país….
Este empecinamiento en poner de rodillas a los irresponsables que impidieron la aprobación del decreto me parece innecesario, sobre todo cuando (como suele ser (mala) costumbre desde hace años) en el susodicho ómnibus viajaba algún pasajero que podía servir de pretexto a la polémica y no revestía especial urgencia (devolución del palacete al PNV).
En un inteligente análisis ayer mismo D. Antón Losada daba las claves del “por qué” D. Pedro Sánchez apostaba por dejar cocerse en su propia salsa Junts y el Partido Popular; Y, aunque creo que no andaba descaminado en su suposición, opino que sería mucho más didáctico presentar los decretos por separado en función de su prioridad social para ver quién era el guapo que votaba en contra de cada uno de ellos.
Esa decisión mandaría a los ciudadanos el mensaje de que “con las cosas de comer no se juega” y además -como pedrea añadida al premio- muchos nos daríamos el gusto de ver cómo se aprueban casi todos y cada uno de los decretos, incluida la devolución del palacete que, aparte de estar ya “consumada”, se aprobaría con los votos de Junts (la mayoría de investidura) y el único rechazo de Vox y el PP (los partidos reaccionarios).
Y, en otros casos, dejaría con las vergüenzas (los intereses encubiertos) al aire a los que -votando en contra- impidieran la aprobación de las medidas sociales que pretenden proteger a los económicamente más débiles.