Tres detenciones en tres años, una de ellas embarazada: Isabel Alonso presenta una querella por crímenes de lesa humanidad en el tardofranquismo

Tres detenciones en apenas tres años. Todas ellas en la década de 1970, en los últimos estertores de la dictadura franquista. La última, en octubre de 1975, cuando estaba embarazada de cuatro meses y con un examen ginecológico carente de toda garantía sanitaria, realizado entre burlas de los médicos. Esta fue la realidad vivida por la historiadora, docente, escritora y, en aquel entonces, estudiante militante en la lucha antifranquista en clandestinidad, Isabel Alonso Dávila, que este lunes ha presentado una querella por crímenes contra la humanidad cometidos durante el tardofranquismo.

La preocupación de Alonso por conseguir justicia es relativamente reciente. Comenzó en la pandemia, cuando, como presidenta de Derecho a Morir Dignamente en Barcelona, entró en contacto con Carles Vallejo, de la Associació Catalana de Persones Ex-Preses Polítiques del Franquisme, o Rosa María Alcón, de La Comuna-Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista. 

Anteriormente, había conocido a Ana Messuti, abogada de la querella argentina que falleció el pasado mes de octubre, quien mostró un gran interés por su historia para incluirla en la causa argentina. “Estamos hablando del año 2014, pero ahí me metí en miles de líos y no entré en la querella argentina”, explica. Después de contar parte de su biografía en la novela Como un pulso (Caligrama, 2019), ahora ha decidido dar el paso: “Esta será la primera [querella en Andalucía del tardofranquismo] y luego seguirán más”, afirma esperanzada.

En esta comunidad autónoma, apenas se había iniciado ningún procedimiento judicial por las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen franquista. A la querella de Alonso, que se suma a las más de 115 presentadas en todo el Estado español que exigen la investigación judicial de crímenes franquistas, la precede una investigación como posibles crímenes de lesa humanidad del fusilamiento de 49 personas cuyos restos fueron hallados en siete fosas comunes en Víznar (Granada), iniciada en abril de 2024 por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada.

Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeaQUA), llevan años reivindicando que se reconozca, “de una vez por todas, el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición”. Piden que los juzgados y los tribunales españoles apliquen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, según lo establecido en los artículos 10.2 y 96 de la Constitución española, y que la aprobación de la Ley de Memoria Democrática “facilite, al menos, el derecho a la investigación en el ámbito de la jurisdicción penal”.

El caso de Isabel Alonso Dávila puede iniciar un camino que hasta ahora parece inalcanzable, al contar con una particularidad. En 2022, el Ayuntamiento de Barcelona le reconoció su condición como “persona represaliada durante el tardofranquismo, puesto que fueron vulnerados sus derechos fundamentales y, más concretamente, el relativo a la integridad psicológica, moral y sexual”, así como “su contribución a la recuperación de las libertades democráticas o sindicales, de los derechos nacionales o del autogobierno de Catalunya, o por su lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres”.

“Ya apuntaba maneras”

Isabel Alonso nació en Salamanca en 1953 en el seno de una familia “franquista”, repite casi cada vez que los menciona, proveniente de propietarios rurales. “Cuando se murió Franco, yo tenía 21 años. Haría 22 el 23 de noviembre, justo tres días después”, explica, como si este hecho bastara para presentarse. Para comprender qué ocurrió antes, pero también después. Desde bien pequeña, “ya apuntaba maneras”, recompone. Prefería pasar tiempo con las mujeres del servicio doméstico y protestaba cuando ella, única mujer entre los ocho hijos del matrimonio, era obligada a hacer las camas de sus hermanos. “Yo estudio como ellos, ¿por qué yo tengo que hacer cosas que ellos no hacen?”, recuerda que cuestionaba. 

Sus primeros contactos con los círculos antifranquistas sobrevinieron con el paso del Colegio de las Esclavas de Salamanca al Instituto Lucía de Medrano, etapa en la que conoció a los hermanos Moneo. En 1967, la familia se trasladó a Vilanova de la Ribera, actual Castelló de la Ribera (València). Cursó los dos últimos cursos de Secundaria en las teresianas de Paterna. En aquel entonces, reconoce, “no tenía ni idea” de que junto al cementerio de aquel municipio valenciano, en un muro conocido como el Paredón de España, fueron fusiladas 2.238 personas durante la dictadura. “Es muy fuerte para nuestra generación, que vivimos en esa España de silencio, cuando luego te enteras de que el lugar donde tú ibas todos los días a clase había pasado todo eso”, sostiene la historiadora.

Unos años más tarde, se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de València. Las clases de Joan Reglà, la asistencia a las reuniones celebradas en aquel “espacio de libertad” que representaba el campus y la invitación de su compañero Luis Navarro a formar parte del PCE supusieron su entrada definitiva en la militancia clandestina. “Entré al PCE en casa de Mila Belinchón”, recuerda. Su papel en la organización se incrementó cuando, tras varias detenciones, se le encargó actuar como “contacto con el mundo exterior”: “Visitaba a las hermanas Belinchón, que estaban escondidas en un piso y les compraba comida, compresas… Y también me pidieron que me hiciera pasar por la pareja de Pepe Gálvez, que estaba en la cárcel, para escribirle y mandarle libros”. 

1972: primera detención

La primera detención se produjo el 1 de mayo de 1972. “No fue casual, porque no sabes la cantidad de detenciones que había el 1 de mayo”, asegura. Por aquel entonces, las manifestaciones se convocaban clandestinamente, de boca en boca. Eran los conocidos como “saltos”. “Tomábamos la calle unos minutos y gritábamos ‘Recuerdo, amnistía y libertad’, ‘Franco, asesino’, ‘Abajo la dictadura’, ‘Viva el movimiento obrero y viva el Primero de Mayo’. Se cortaba el tráfico, la policía no podía llegar inmediatamente, pero enseguida se empezaban a oír las sirenas y, cuando ellos bajaban de los coches y empezaban a correr, corríamos todos”, reconstruye Alonso, que fue detenida en un bar cercano al lugar de convocatoria.

Pasó 72 horas detenida en la Jefatura Superior de Policía. “En el interrogatorio yo lo negué todo, que es lo que había que hacer. Dije que yo pasaba por allí, que vi a la gente correr, que me asusté y corrí”, relata. Según su expediente del Tribunal de Orden Público (TOP), fue acusada de “formar parte de una manifestación violenta, que, en forma de ‘comandos’, causó daños en varias entidades bancarias y establecimientos comerciales, arrojando piedras y cócteles ‘molotov’, cuya participación en dichos actos no pudo ser demostrada de forma fehaciente; por lo que fue sancionada gubernativamente”. “Era otro de los sistemas de represión que utilizaban, porque si no tenías dinero para pagarla, cosa que no tenías porque eran brutales, ibas a la cárcel uno o dos meses”, remarca Isabel Alonso.

En su caso, el encierro terminó después de cinco días en aislamiento en la Prisión Provincial, porque, sospecha, sus padres pagaron la multa o movieron hilos para conseguir su libertad. “La cosa buena de la cárcel de València fue conocer a Presen Sáez –maestra dedicada a la alfabetización de las reclusas–; la mala fue la visita de mi padre y de mi madre. Mi padre no pudo ni saludar, fue una figura allí llorando, y mi madre estuvo culpabilizándome todo el tiempo. Fue muy doloroso”, lamenta. A partir de entonces, su nombre figuró en la lista de estudiantes a quienes no se les expedía el Certificado de Buena Conducta ni el pasaporte sin la aprobación de la Dirección General de Seguridad.

1974: segunda detención

Los meses que siguieron estuvieron marcados por la represión familiar: “Me dejaron acabar el curso en València, pero en cuanto acabé me mandaron a Alicante y me encerraron en casa de mis padres sin poder salir a la calle. Fue una prisión cómoda en una casa, pero una prisión”. Dispuesta a evitar su traslado a Murcia, Isabel Alonso, que tenía entonces 18 años –la mayoría de edad eran los 21–, optó por casarse con su novio con quien había estado comunicándose mediante cartas clandestinas. “Coincidió con que nos habían expedientado a 312 estudiantes de la Universitat de València aquel año, por lo que no podíamos matricularnos”, subraya. Su marido y ella se instalaron en Granada, donde ambos retomaron sus estudios y su militancia política. Era conocida como la valenciana”.

El 27 de febrero de 1974 fue detenida por segunda vez. Cuando llamó al timbre de la casa de un compañero, en la que estaba previsto que se celebrara una reunión clandestina, un “señor con corbata abrió la puerta”: “Pensé que era su padre, que había venido de visita, pero era un miembro de la Brigada Político-Social y estaban haciendo un registro”. “Hacían lo que les daba la gana y, en la documentación de aquel registro, pusieron que habían encontrado una pistola. Es mentira, el PCE no estaba por la lucha violenta ni armada. Pero a ellos les daba igual. Ellos ponían la pistola y luego la encontraban”, se indigna al contarlo. La arrestaron y la encerraron en la comisaría de la plaza de Los Lobos, donde permaneció 72 horas.

1975: tercera detención

La tercera detención, “la más gorda” y en la que Isabel Alonso Dávila centra su querella, se produjo el 10 de octubre de 1975. “Franco murió el 20 de noviembre del 75. En septiembre se habían ejecutado las últimas penas de muerte. Era ese momento final del franquismo en que la violencia policial llegó a unos niveles… Estaban desesperados, no sabían qué hacer”, recalca. Tras licenciarse en junio de 1975, el matrimonio había decidido instalarse en València, en el barrio de Benicalap. No obstante, ante las numerosas detenciones que se sucedieron en Granada a finales de aquel verano, retrasaron un tiempo su vuelta a la ciudad andaluza para acabar de vaciar su vivienda. 

Ya en octubre, en plena mudanza, la policía, que tenía vigilado el inmueble ubicado en el barrio granadino de La Chana, se presentó en un bar cercano, donde detuvo a la pareja y a otros dos amigos que les acompañaban. Tras la detención, Isabel Alonso se atrevió a retar a los agentes al negarse a firmar el acta de registro del domicilio, porque, argumentó, “la policía tuvo las llaves durante horas y ella no vio qué habían hecho en la casa”.

De nuevo en la plaza de Los Lobos, le aplicaron el recién aprobado decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo –comúnmente denominado “ley antiterrorista”– para retenerla en comisaría una vez cumplidas las 72 horas reglamentarias. “Pasó el primer día y no me interrogaron. Pasó el segundo día y no me interrogaron. Pasó el tercer día y no me interrogaron, y yo vi que me iban a tener más días. Iban interrogando a los otros, iban acumulando información y se estaban esperando porque yo en aquel momento era bastante conocida, era la responsable del Comité Universitario de Granada del PCE”, asegura. 

Al cuarto día, en el espacio que hacían pasar por lavabo, aunque estaba desprovisto de jabón y papel, Alonso, que estaba embarazada de cuatro meses, descubrió una mancha de sangre en su ropa interior. Tras insistentes peticiones, consiguió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios: “Y allí llegué, sucia, sucísima, después de 72 horas sin lavarme, y esposada me hicieron un examen ginecológico”. No olvida el trato recibido por el personal, todos ellos hombres jóvenes estudiantes de Medicina, que la atendieron entre carcajadas. “Fue muy humillante”, repite cuando narra este episodio. Otro médico de edad más avanzada, a quien le ha resultado imposible localizar hasta la fecha, entró en la sala al escuchar las risas. Le pidió que se vistiera, le recetó una medicación y firmó un certificado que recomendaba reposo para la gestante.

25 de noviembre de 1975: indulto firmado por Juan Carlos I

Permaneció en comisaría varios días más. En total, sumaron ocho. Finalmente, la Brigada Político-Social la sometió a interminables interrogatorios, en los que siguió al pie de la letra las instrucciones del cuadernillo Los comunistas ante la policía y los tribunales y se dedicó a negar todas las acusaciones. “Estaba aterrorizada, porque se sabía que estaban torturando salvajemente, pero a mí no me tocaron ni un pelo porque estaba embarazada. Mi hijo siempre dice que me salvó de la tortura antes de nacer”, cuenta. El 18 de octubre de 1975, el juez decretó prisión provisional para Isabel Alonso Dávila y su compañera Dolores Sánchez Fermín y, dos días más tarde, se le notificó la apertura de un proceso en el TOP. Ingresó en la cárcel de mujeres de Granada. “Había mujeres por adulterio, recuerdo a dos; mujeres por aborto, recuerdo a dos; y luego estábamos también cuatro políticas”, enumera.

De las semanas que estuvo recluida, recuerda seguir la agonía del dictador por la televisión y la visita de una monja que acompañó a un médico: “Analizándolo después, lo que me hizo aquella monja fue una propuesta de parto clandestino. Me dijo: ‘Es una pena que un niño tenga que nacer en la cárcel y, si tú quisieras, podrías parir en una clínica muy buena de Granada. Hay tantas familias buenas a las que Dios no les da hijos… No se tiene que enterar nadie’. Yo le contesté que no estaba interesada en esa propuesta”.

Salió en libertad provisional bajo fianza el 13 de noviembre. Cinco días después del fallecimiento de Franco, Juan Carlos I firmó su indulto. “Y nada, ya me fui a vivir a València, me impliqué en la Asociación de Vecinos de Benicalap y entré en contacto con el feminismo a través del Movimiento Democrático de Mujeres, la Asociación de Mujeres Universitarias y la coordinadora de Movimientos de Mujeres de Valencia, donde me encontré con Encarna Jiménez Losantos, Carmen Alborch y conocí a muchas mujeres”, resume casi con prisas. “Luego ya me vine a Barcelona y la vida continuó”, zanja Isabel Alonso, sin dar más detalles, como si quisiera restar importancia a años y años de lucha incansable por los derechos humanos.