Igualdad envía un informe a la Abogacía del Estado para actuar contra las agencias de vientres de alquiler

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha enviado un informe jurídico a la Abogacía del Estado con las 334 quejas recibidas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, por la promoción comercial de los vientres de alquiler o gestación subrogada en páginas webs y redes sociales.

«Con este informe, la Abogacía del Estado podrá, en representación del Instituto de las Mujeres, iniciar las acciones legales pertinentes. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo prohíbe expresamente en su artículo 33 la promoción comercial de la gestación por sustitución«, informa el Ministerio de Igualdad en una nota de prensa.

El departamento, dirigido por Ana Redondo, recuerda que esta norma insta a las administraciones públicas a iniciar acciones judiciales dirigidas a la declaración de ilicitud y al cese de la publicidad que promueve prácticas comerciales para este tipo de gestación.

El informe, según el ministerio, incluye un análisis de las publicaciones realizadas por las ocho agencias con sede social en España que pone de relieve «los diferentes recursos comunicativos que estos negocios utilizan para atraer potenciales clientes, desde entrevistas en blogs que disfrazan la violencia que esta práctica supone para la salud de las mujeres, hasta la idealización de las denominadas madres gestantes”.

«Violencia y explotación reproductiva»

“Alquilar el vientre de una mujer es una práctica detestable en cualquier sociedad que entienda que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan”, ha afirmado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Hernández también ha hecho referencia al mandato legislativo (Ley 16/1983, de 24 de octubre) que otorga al Instituto de las Mujeres la función de velar por un tratamiento no sexista de la imagen de las mujeres. “Nuestro deber es actuar contra este tipo de mensajes, que tienen una alta carga de sexismo, clasismo y racismo. En ellos, además, las mujeres son invisibilizadas y solo son nombradas como potenciales consumidoras de un producto”, ha destacado.

“No valen eufemismos lingüísticos para esconder una situación de violencia y explotación reproductiva de las mujeres por su situación de vulnerabilidad”, ha concluido Hernández. Asimismo, la directora ha reconocido y ha agradecido el papel fundamental del movimiento feminista y de una ciudadanía comprometida que, con sus quejas, han posibilitado al Instituto de las Mujeres la elaboración del informe, según explica la nota de prensa.