“Insuficientes, erradas y cobardes”: el Sindicato de Inquilinas desdeña las medidas anunciadas por el PSOE en materia de vivienda

«Mimar al rentismo con el dinero de todas». Es el resumen que el Sindicato de Inquilinas hace de las 12 medidas en materia de vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer durante un foro organizado para tratar el que ya es el principal problema para la ciudadanía según el CIS. Además de seguir haciendo guiños a los rentistas, la organización de personas que viven de alquiler cree que la batería propuestas lanzada por el PSOE va encaminada a «garantizar los beneficios de los propietarios» a costa de la estabilidad de los y las arrendatarias. Asimismo, la entidad considera que el Gobierno apuesta por la construcción «como la panacea a largo plazo, sin aportar solución alguna a la emergencia habitacional que vivimos hoy».

El Sindicato de Inquilinas considera que el acto de ayer sirvió para dar publicidad a «la enésima promesa electoral de quien lleva ya más de seis años gobernando sin haber mejorado un ápice la situación que viven millones de inquilinas». Además de ello, sostienen que las medidas propuestas «no son suficientes, siguen mal encaminadas y no mejoran en nada» las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía, ya que, según la valoración de la organización, «ninguna de las medidas anunciadas bajará el precio de los alquileres». Por todo ello, las definen como «insuficientes, erradas y cobardes».

Uno de los conceptos más discutidos por la entidad –y uno de los más usados por el presidente del Gobierno en su comparecencia de ayer– es el de «alquiler asequible», definido por el Sindicato como «un concepto vacío de significado que no concreta qué se considera como tal», si bien desde el Ejecutivo lo definen como aquel que se rige por el índice de referencia aprobado por el Gobierno y que ofrece unos precios por debajo de los del mercado. Para la organización de inquilinos y inquilinas, «lo ‘asequible’ solo debe significar una reducción inmediata y contundente de los alquileres al 50% del inflado precio actual» y consideran dicha herramienta como una «referencia conservadora incapaz de bajar los precios».

Sánchez enmarcó las medidas anunciadas ayer en tres ejes: «Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas». Entre ellas, el presidente del Gobierno prometió transferir más de 3.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa de vivienda pública para, según sus palabras, construir «miles y miles y miles» de hogares ante el desfase actual entre oferta y demanda. En paralelo, el Gobierno trabaja en un mecanismo legal para que la nueva sociedad estatal tenga prioridad en la compra de vivienda y suelo respecto a otras iniciativas de carácter privado y para garantizar que la titularidad pública de todos estos inmuebles se mantenga como tal de forma permanente para que puedan ser ofrecidos en formato de «alquiler asequible».

Sin embargo, desde el Sindicato de Inquilinas creen que las políticas de incentivos para la construcción masiva por parte del sector privado «ya han demostrado que no conducen a una bajada de los precios del alquiler ni a una mayor protección para los inquilinos», por lo que lo consideran una fórmula errónea que conduce al objetivo contrario.

Guiños del PSOE al rentismo

«Si hace unos meses Isabel Rodríguez imploraba la solidaridad de los caseros, ayer Sánchez decidió comprarla con dinero público», denuncian desde el Sindicato de Inquilinas. Entre las medidas anunciadas, el presidente del Gobierno prometió sufragar parte de la rehabilitación de las viviendas de aquellos propietarios que decidan destinarlas al alquiler asequible durante al menos cinco años. Asimismo, el Ejecutivo llevará al Congreso de los Diputados la propuesta de exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus inmuebles según el índice de referencia sin necesidad de que estas viviendas se encuentren en zonas tensionadas.

Para la organización, estas propuestas no solo van «en contra de la progresividad fiscal que exige nuestra Constitución», sino que la consideran como una medida «completamente inútil». A su juicio, los caseros «ya cuentan con demasiadas ayudas fiscales pongan el precio que pongan». Por eso, dicen, «la solución pasa por sancionar y gravar con contundencia la especulación inmobiliaria».

De la misma forma, tampoco convence al Sindicato de Inquilinas la propuesta de eliminar las ventajas fiscales a las socimis y mantenerlas solo a las que ofrezcan las viviendas según el índice de referencia, es decir, en alquiler asequible: «Ante los abusos y la especulación de los fondos buitre y los megatenedores sólo hay una solución posible: que sus viviendas vuelvan a formar parte del parque público de vivienda», solicitan.

Alquileres estables

La estabilización de los precios del alquiler es, para la organización inquilina «la gran cuenta pendiente». Por ello, critican que el presidente del Gobierno no hiciese referencia a que vivir de alquiler «supone una inseguridad garantizada por ley». Desde el Sindicato recuerdan que nueve de cada 10 inquilinos cuentan con contratos temporales «que suponen un chantaje constante ante la amenaza de no renovación» y que fuerzan a las personas que viven de alquiler a realizar mudanzas cada pocos años.

Aunque no desgranó la propuesta, Sánchez sí prometió una reforma de la actual legislación para endurecer la regulación y perseguir el fraude de los alquileres de temporada. Desde la entidad piden, no obstante, «devolver a los contratos de alquiler la duración indefinida y las renovaciones automáticas que el propio Partido Socialista eliminó hace décadas».

En una entrevista publicada ayer en lamarea.com antes del anuncio de las nuevas medidas, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, definió como «humo» las propuestas que el PSOE ha ido lanzando en los últimos meses ante el descontento generalizado de la ciudadanía debido las abusivas subidas de precios que el mercado de la vivienda lleva años experimentando en España. Asimismo, Colau denunció que el PSOE mantiene «relaciones muy estrechas y de mucha complicidad con el sector inmobiliario», las cuales definió como «inmorales e indecentes». Por ello, según su análisis, el partido mayoritario del Gobierno evita regular el mercado privado y poner límites a la especulación.