Sánchez anuncia nuevas medidas en materia de vivienda: “Necesitamos intervención pública”

«Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas». Son los tres ejes en los que se enmarcan las 12 medidas anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el foro organizado por el Ejectuvo para abordar el que ya es el mayor problema para la ciudadanía española, según el CIS. Sánchez ha desgranado las nuevas propuestas, la mayoría novedosas aunque, en algunos de los casos, se trata de medidas recicladas de anteriores anuncios.

Para lograr el primero de los objetivos –«más vivienda»–, el presidente del Gobierno ha comunicado la transferencia de más de 3.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa de vivienda pública. Según ha expresado, dicha superficie servirá para construir «miles y miles y miles» de hogares. Asimismo, la Sareb también transferirá a la sociedad 30.000 viviendas que, en la actualidad, están en posesión del denominado banco malo.

En paralelo, el Gobierno trabaja en un mecanismo legal para que la nueva empresa pública tenga prioridad en la compra de vivienda y suelo respecto a otras iniciativas de carácter privado. Asimismo, la legislación garantizará que la titularidad pública de todos estos inmuebles se mantenga como tal de forma permanente: «Lo que se construya o rehabilite con el dinero público debe seguir siendo siempre público y no acabar en manos de fondos buitre y grandes especuladores«, ha expresado el presidente del Ejecutivo.

Sánchez ha reconocido que figuras como la VPO –vivienda financiada con dinero público que perdía su protección al cabo de unos 15 años– ha sido un modelo fracasado que ha situado a España «a la cola de Europa» en cuanto a vivienda pública. Lejos de reconocer el papel del PSOE, histórico defensor de este modelo desde los años 80, el presidente del Gobierno ha descargado toda la responsabilidad en los hombros del Partido Popular.

En su comparecencia, el líder del Ejecutivo también ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo PERTE con dinero europeo dedicado a «innovar» en el sector de la construcción, ubicado geográficamente en la Comunitat Valenciana con la intención de favorecer la reindustrialización de algunas de las zonas afectadas por la dana. El PERTE dedicará parte de los recursos al sector de la vivienda modular, un instrumento muy utilizado en otros países europeos pero poco explorado en España a pesar de su menor coste y su mayor eficiencia temporal y ecológica.

«Más ayudas» para movilizar vivienda construida

Pero no solo hay que construir vivienda nueva. «Necesitamos movilizar la vivienda ya existente», ha expresado Sánchez, que ha recordado que España cuenta con casi cuatro millones de pisos vacíos, un 10% de ellos situados en zonas tensionadas. Para ellos propone tres medidas «sin precedentes» en el país. La primera de ellas es la creación «de un sistema de garantías públicas que protegerá a propietarios e inquilinos que participen en el mercado del alquiler asequible», es decir, basado en el índice de referencia aprobado por el Gobierno. A través de este mecanismo, el Estado pondrá los avales necesarios para que los inquilinos puedan alquilar y los propietarios no asuman riesgo. Un sistema ya probado en Francia y que comenzará a aplicarse a partir de este año entre quienes decidan alquilar a jóvenes menores de 35 años.

Además de ello, el Gobierno sufragará parte de la rehabilitación de las viviendas de aquellos propietarios que decidan destinarlas al alquiler asequible durante al menos cinco años. Finalmente, llevarán al Congreso de los Diputados la propuesta de exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus inmuebles según el índice de referencia sin necesidad de que estas viviendas se encuentren en zonas tensionadas.

«Mejor regulación»

Dentro del tercer eje de actuación, Sánchez ha anunciado una reforma fiscal «para que los pisos turísticos tributen como un negocio».

«No es justo que paguen menos que los hoteles», ha dicho tras asegurar que «sobran AirBnbs y faltan viviendas». Además de ello, el Ejecutivo plantea cambiar el régimen de ventajas fiscales de las socimis, que cuentan con importantísimas exenciones impositivas. Con la reforma, solo podrán acogerse a ellas si limitan el precio de sus alquileres siguiendo lo que Gobierno denonina «alquiler asequible».

Finalmente, dentro de este paquete de medidas regulativas, Sánchez ha hecho un anuncio «inédito», según sus propias palabras: la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, incrementando la carga fiscal de las operaciones en hasta aun 100% del valor del inmueble. Una medida ya desplegada en países como Dinamarca o Canadá que tiene como objetivo limitar la especulación de los capitales extranjeros que han encontrado en España un mercado muy rentable en el que especular.

Según los datos publicados por lamarea.com el pasado mes de septiembre, la demanda inmobiliaria por parte de compradores foráneos creció 0,63 puntos respecto a los tres primeros meses del año, alcanzando el 14,84% de las compraventas de inmuebles entre abril y junio, de acuerdo con la estadística registral inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores de la Propiedad. Por nacionalidades, los británicos, con un 8,37% de la demanda, fueron quienes más invirtieron en vivienda en España, seguidos de los alemanes, con un 6,88% de las compras, marroquíes (6,1%), rumanos (5,31%), franceses (5,22%), italianos (5,18%), neerlandeses (5,14%), belgas (4,65%) y polacos (4,63%). Esto demuestra que los compradores comunitarios son mayoría entre los extranjeros.

Asimismo, Sánchez también ha prometido una reforma de la actual legislación para endurecer la regulación y perseguir el fraude de los alquileres de temporada.