Ada Colau: “El PSOE tiene relaciones inmorales e indecentes con el sector inmobiliario”

Al hablar sobre el activismo por el derecho a la vivienda, el de Ada Colau sea posiblemente uno de los primeros nombres que a la mayoría se le pase por la cabeza. De la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) dio el salto a la alcaldía de Barcelona, donde ha pasado dos legislaturas completas. Ahora, alejada de la primera línea política —aunque sobre Sumar habla en primera persona—, atiende por teléfono a lamarea.com para hacer un repaso sobre la situación de la vivienda en España, convertida en el principal problema para la ciudadanía, según el último CIS. 

Hemos visto manifestaciones multitudinarias por la vivienda en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla… ¿Cree que algo está cambiando?

Creo que vivimos una expresión más de lo que hemos vivido en los últimos años, que es que la ciudadanía está harta de que se vulnere el derecho a la vivienda dejando manos libres a la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades. Es un problema que se ha puesto ya en la agenda varias veces en los últimos años y que no se acaba de resolver, y por tanto es lógico que la ciudadanía apriete. Es lógico, además, porque sabemos que la derecha pone autopistas y alfombras rojas a los especuladores pero lo que no se entiende es que el PSOE siga cediendo a las presiones de esos sectores. Y eso lo hemos vivido todos los que hemos hecho activismo por el derecho a la vivienda durante décadas y sigue pasando ahora.

Al PSOE hace más de diez años que le planteamos hacer la ley de regulación de los alquileres y hasta ahora no ha hecho algo, pero además dejando sin regulación los alquileres de temporada, que sabíamos que era la puerta de atrás para mantener la especulación. Pero no nos quisieron escuchar. Siempre nos hemos encontrado con este partido que en el tema inmobiliario es rehén de los sectores especulativos del país.

Estas movilizaciones no son una novedad pero es importante que sigan surgiendo hasta que el PSOE no tenga más remedio que escuchar y, efectivamente, haga una regulación que proteja realmente el derecho a la vivienda.

¿Qué diferencias encuentra entre el momento actual y su etapa como activista (V de Vivienda, la explosión de la PAH…)?

En la sustancia, ninguna. En la sustancia está la misma reclamación: denunciar que la vivienda se usa como bien de mercado en lugar de como derecho fundamental, a pesar de que la ley dice que, sobre todo, es esto último. En la práctica, sin embargo, las políticas públicas priorizan la vivienda como un bien especulativo. Por eso, la demanda sigue siendo la misma.

Sin embargo, la coyuntura sí es distinta. En mi época, la crisis más fuerte fue la de las hipotecas, y por eso fundamos la PAH. Pero ya anunciamos que la siguiente burbuja sería la de los alquileres y, por desgracia, así ha sido. Por eso, las últimas movilizaciones han estado motivadas por los abusos que se producen en el mercado de los alquileres, principalmente en las grandes ciudades. Pero la esencia sigue siendo la misma: se está vulnerando un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española, las normas autonómicas y por la legislación internacional.

El Gobierno parece haber leído el descontento y ha realizado diferentes anuncios, el último de ellos la promesa de una empresa pública de vivienda. ¿Cómo le suenan las propuestas? ¿Cree que hay un interés por dar un giro social a la política de vivienda o es simplemente simbolismo?

Creo que es todo humo, sinceramente. Ojalá fuera verdad. Nosotros formamos parte del Gobierno y apretamos para que sea una realidad pero, desgraciadamente, todavía no lo es, y creo que lo que hace el PSOE es crear cortinas de humo para seguir ganando tiempo. Es que los conozco muy bien, desde hace décadas, primero como activista y luego como alcaldesa, y sé cómo operan. En Barcelona tenemos una empresa pública de vivienda muy fuerte y sabemos muy bien cómo funciona, y ellos también lo saben. Por mucho que anuncien que van a crear esa empresa, que no es un mal anuncio, saben que va a tardar muchos años, muchísimos años, en poder producir las viviendas que se necesitan para generar una alternativa al mercado libre. 

Por lo tanto, están haciendo ese anuncio para intentar evitar lo que desde hace años reclamamos, que es que hay que regular el mercado privado, que hay que ponerle límites a la especulación. Pero es algo que siguen intentando evitar porque, desgraciadamente, el PSOE tiene relaciones muy estrechas y de mucha complicidad con el sector inmobiliario. Solo hay que ver que Joan Clos, exalcalde socialista de Barcelona, era el portavoz de las grandes inmobiliarias del alquiler y que, en sustitución de Clos, cuando se hizo insoportable su presencia allí y todos denunciamos esa puerta giratoria absolutamente inmoral, pusieron a otra socialista en el mismo puesto.

Todo ello da una pista de cuáles son las relaciones del PSOE con los sectores especulativos del país, demasiado estrechas, inmorales e indecentes. Eso otorga al sector un poder enorme para presionar al Gobierno y, por eso, el anuncio de la empresa pública solo sirve para ganar tiempo en el debate público, porque no es una solución a corto plazo. Por lo tanto, hay que regular el mercado privado.

En España cuesta mucho hablar de “vivienda pública”, cosa que no sucede al hablar de educación o de sanidad. ¿Por qué no existe esa concepción cultural respecto a la vivienda?

Yo discuto que sea algo cultural, porque la cultura se fabrica y las instituciones tienen mucho poder para fabricar una cultura u otra. Desgraciadamente, desde que llegó la democracia a este país, Partido Popular y PSOE se han empeñado en lograr el mismo objetivo que tenía Margaret Thatcher, que era crear una sociedad de propietarios porque era más dócil, más apaciguada y más conservadora. Durante años se han hecho políticas públicas para incentivar la cultura de la propiedad.

Desgraciadamente, es un hecho que después de la II Guerra Mundial, cuando llegó la propuesta del estado social a Europa, así como en el centro y en el norte del continente ese estado social no solo incluía la sanidad y la educación, sino también la vivienda, en el sur de Europa, la vivienda quedó fuera de esa propuesta. Desde entonces estamos pagando las consecuencias. Pero es algo que se puede rectificar porque no es una cultura innata que llevemos en el ADN, sino que han sido las políticas públicas las que nos han llevado a ello.

Desde las instituciones, ¿cuáles son los principales obstáculos para conseguir una política de vivienda pública y social real? 

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, vivimos en primera línea la dificultad; sabíamos que nosotros generábamos más expectativas que nadie, por nuestra trayectoria de activistas, y yo estoy muy orgullosa porque demostramos que se podía hacer mucho más de lo que se había hecho antes. Casi duplicamos el parque de vivienda social de Barcelona, pero, como eso no era suficiente, nos enfrentamos al mercado privado e hicimos normas urbanísticas para corresponsabilizar a las empresas de la garantía del derecho a la vivienda. Eso nos llevó a crear una Unidad de Disciplina Inmobiliaria para poner sanciones a fondos buitre y a grandes inmobiliarias por hacer bullying inmobiliario, expropiamos y compramos vivienda a precios inferiores de los del libre mercado para ampliar el parque público, obligamos a que cualquier nuevo edificio que se hiciera por parte de un privado tuviera un 30% de vivienda a precio protegido… Sabíamos que solo con la iniciativa pública era imposible, a corto plazo, garantizar el derecho a la vivienda, por lo que obligamos a la iniciativa privada a que asumiera su cuota de responsabilidad para ello.

Claro que un ayuntamiento solo no puede resolver todo el problema estructural, pero si la Generalitat de Catalunya, que tiene unas competencias que no ejerce desde hace años, y el Estado, que tiene todas las competencias para marcar la legislación, hubieran hecho un esfuerzo proporcional al del Ayuntamiento, estaríamos cerca de resolver el problema. 

La demostración de que las políticas que hicimos tocaron la cuestión nuclear es que vivimos unos ataques de lawfare y campañas de desprestigio y de mentiras por parte del sector que ningún otro Gobierno municipal había recibido. Pero es que tocamos privilegios y cuestionamos la mercantilización de la vivienda. Por eso nos pusieron querellas y nos llevaron a los tribunales, pero esas políticas todavía siguen vigentes y Barcelona es un referente internacional por sus políticas de apoyo a cooperativas de vivienda.

En su programa de 2015 prometía trabajar para ampliar el parque de vivienda social “mediante medidas como las multas en los pisos vacíos en poder de los bancos, la construcción de vivienda de alquiler social, etc.” y reservar un 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos al alquiler social o en régimen cooperativo. ¿En qué medida cree que cumplieron esas promesas?

Yo diría que cumplimos el 100% de lo prometido, excepto en el caso de los pisos vacíos, que quisimos hacer una normativa para sancionarlos pero, como es habitual, la judicatura conservadora nos lo tumbó alegando falta de competencias. Anteriormente he dado ejemplos de las diferentes medidas que hemos impulsado y que iban en nuestro programa electoral.

Ahora, el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del PSC, ha anunciado su intención de acabar con esa reserva del 30% o de reformarla. ¿A qué cree que se debe?

A esas relaciones de las que hablaba antes del PSOE con los sectores inmobiliarios. En cuanto los grandes capitales dicen que esto es intolerable, inmediatamente el PSOE se pliega y acata. Nosotros vivimos una campaña brutal de acoso y derribo cuando aprobamos esa norma y nos amenazaron con paralizar todas las obras en Barcelona, pero no aceptamos las presiones y mantuvimos la promesa. Es fundamental que la administración pública sea firme en sus decisiones, para que el sector privado entienda que vamos en serio. Por eso es lamentable que el PSOE, una vez más, ceda ante esas presiones del sector especulativo que parece que tiene más poder que los representantes elegidos democráticamente.

El sector inmobiliario tiene multitud de herramientas para presionar: tiene medios de comunicación, tiene jueces, tiene abogados, tiene dinero… Y si no hay una voluntad política férrea para plantarles cara, siempre ganan.

Una de las medidas que llevó a cabo durante sus dos legislaturas fue la construcción de vivienda modular, una fórmula experimentada por diferentes países europeos pero que en España todavía no ha sido explorada de forma clara. ¿Cómo valora este instrumento? ¿Cree que debería fomentarse en el resto de Estado?

Claramente, sí, porque en Barcelona ya hemos demostrado que es un éxito. Yo me acuerdo, cuando presentamos esto en el primer mandato, que los medios de comunicación y el resto de partidos se reían y despreciaban la propuesta alegando que éramos unos cutres y que íbamos a hacer vivienda para pobres con contenedores marítimos. Cuando finalmente las promociones que impulsamos estuvieron terminadas, han recibido premios internacionales de arquitectura porque son viviendas de máxima calidad que, además, se han hecho en tiempos mucho más rápidos que la vivienda tradicional, que es una de las principales ventajas. También es más ecológica, porque se produce reciclando contenedores y en fábrica, por lo que ahorras todo el impacto ambiental de las obras, que es enorme. Todo ello sin perder calidad, consiguiendo unos acabados de vivienda más que digna. 

Ahora que hemos demostrado que es una solución real y válida, creo que ya sería hora de que los gobiernos autonómicos y el Estado se pusieran las pilas e incorporasen esta propuesta.

En su programa de 2015 ya aseguraban que los precios de la vivienda en Barcelona excluían a una parte importante de la población. Casi diez años después, de los cuales ocho ha gobernado la ciudad, ¿la situación es mejor?

El problema aquí se produce cuando es solo un ayuntamiento el que adopta medidas. En nuestro caso, te puedo hablar de dos medidas concretas. Una es la Mesa de Emergencia, que es la que atribuye las viviendas para familias en situaciones más urgentes. Allí se estaba excluyendo a las personas migrantes en situación irregular, aunque tuviesen hijos o personas enfermas en el núcleo familiar. Nosotros lo que hicimos fue ampliar los criterios. Otra cosa que hicimos fue convertir en política estructural el padrón municipal para que las personas, aunque no tuvieran documentación regularizada, pudieran tener todos los derechos de la ciudadanía.

¿Qué sabor de boca le queda al pasar del activismo a la política institucional?

Es ambivalente. Me quedo con el orgullo de haber hecho un montón de cosas que nos decían que eran imposible: potenciar la vivienda cooperativa, crear una unidad que ha frenado miles de desalojos de familias, hacer las viviendas modulares y empezar una nueva fórmula de construcción mucho más rápida y ecológica… Estoy orgullosa de haber demostrado que se podía hacer mucho más pero, al mismo tiempo, tengo la frustración al pensar que si esto no se replica por parte de las administraciones que tienen más competencias en la materia, pues, efectivamente, hay un techo y unos límites. Quienes tienen el presupuesto son las autonomías y el Estado.

¿En qué espejo cree que debería mirarse España?

Uno de los principales ejemplos es Viena, que es una ciudad que después de la II Guerra Mundial incluyó la vivienda dentro del estado social de derecho y la mitad de la ciudad es vivienda pública y de calidad, no vivienda para pobres. Además, existe una regulación del mercado privado. Yo creo que ese es el modelo, que también se encuentra parcialmente en Francia, en Países Bajos… La mayoría de países está mejor de España.

Cogiendo estos ejemplos, ¿cree realmente que España puede optar a políticas similares o tiene que resignarse a los parches?

No, no. Si hay voluntad política, se puede hacer. Es una cuestión de querer hacerlo y de resituar completamente la vivienda, sacándola del mercado especulativa y situándola como un derecho. En España se da la paradoja de que los Gobierno, tanto del PP como del PSOE, no solo no ha hecho vivienda pública sino que respecto al mercado privado de la vivienda, lo que han hecho ha sido regalar suelo y dinero público a los grandes especuladores internacionales a través de exenciones tributarias. Durante décadas, la relación de la administración pública respecto al sector privado ha sido de sumisión. Se ha ayudado a los especuladores a especular. Eso es lo que tienen que cambiar.