El año de la vivienda (o el de las vergüenzas del estado del bienestar)

2024 ha sido el año del golpe en la mesa por la vivienda. Ha sido el año de muchas otras cosas también, pero, esencialmente, de la constatación de que la vivienda es en la actualidad una de las mayores vergüenzas del estado del bienestar, incapaz de asegurar a sus ciudadanas y ciudadanos un espacio digno en el que poder habitar. Las administraciones públicas no solo incumplen desde hace décadas uno de los principios rectores de la Constitución (“todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”), sino que las diferentes regulaciones han caminado precisamente en el sentido contrario.

Tras la burbuja del ladrillo —ya lo alertaban las organizaciones sociales—, llegaría la burbuja de los alquileres, hinchada, además, con el aire procedente de un modelo turístico depredador para el que cada rincón de las ciudades es una potencial zona de extracción de rentas. Por eso, las calles han dicho basta. Primero como consecuencia de la masificación turística en lugares como las Islas Canarias y las Islas Baleares, con manifestaciones históricas en la que miles de isleños denunciaron que sus lugares de vida tenían un límite y que el modelo turístico voraz llevaba años sobrepasándolos para beneficio de unos pocos y tragedia para la mayoría.

En medio de las reclamaciones, una de ellas encabezaba las protestas: la subida de los precios de la vivienda como consecuencia del aumento de pisos turísticos que expulsaban a los vecinos y vecinas de las poblaciones. Un problema que unía a los archipiélagos con Madrid, Barcelona, Málaga, València, Sevilla… ciudades que también estallaron en 2024 con manifestaciones multitudinarias que reclamaban que la vivienda es, antes que todo, un derecho.

Pero, además de todo ello —que ya sería suficiente—, 2024 se ha convertido en el año de la vivienda por otros dos motivos que se dan la mano: según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya es el principal problema para la población española y, como consecuencia de ello, no hay administración pública o medio de comunicación que pueda obviar el tema. Los okupas, como el Guadiana, han desaparecido del discurso público y los altos precios de la vivienda se han colado en informativos, tertulias y en las diferentes instituciones con una presencia casi diaria. Ni siquiera Felipe VI ha podido eludir hablar de ello el pasado 24 de diciembre.

Los datos acompañan la percepción social: comprar un piso entre julio y septiembre de este año costó un 8,1% más que en el año anterior. Y no se trata de una excepción, desde 2014 los precios de la vivienda no han parado de subir. De esta forma, ya son más de cuarenta trimestres consecutivos creciendo. Lo mismo sucede con el alquiler: según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Pisos.com, la renta de una habitación ha subido, de media, un 55% en la última década, pasando de los 272 euros que costaba en 2014 hasta los 423 euros que cuesta actualmente.

En lamarea.com siempre hemos tenido presente el problema, pero durante 2024 la vivienda se ha convertido en un eje central de las nuestras informaciones. Este año hemos contado las tropelías que los caseros llevan a cabo con sus inquilinos y hemos publicado datos inéditos hasta el momento, como la caída del número de propietarios de un solo inmueble frente al aumento de todas las categorías de multipropietarios, lo que demuestra el proceso de concentración inmobiliaria que España lleva sufriendo desde hace años: solo en la última década, el número de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles) ha crecido un 20%.

También nos hemos hecho eco de los informes presentados por organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, como el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), que ha expuesto la inseguridad jurídica de las personas que viven de alquiler en España y el estancamiento de la “generación inquilina”, que ya asume que ni heredará ni podrá comprar una vivienda si esta situación se mantiene.

Para terminar el año —o empezar 2025—, hemos dedicado nuestra revista bimestral de enero-febrero a hablar de la vivienda social, un concepto que ha vuelto a resurgir con fuerza tras 70 años enterrado desde que el franquismo decidió que el Estado no iba a asumir la pesada carga de garantizar una vivienda digna a sus ciudadanos. Ahora, Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda que pretende promover la construcción de nuevos inmuebles y la rehabilitación de los ya existentes para aumentar el parque público de vivienda, uno de los más pequeños de Europa. Una nueva promesa que, conociendo la histórica trayectoria del PSOE en materia de vivienda, hace desconfiar a los movimientos sociales.

Sea como fuere, en esta revista preguntamos a especialistas en arquitectura cómo deben ser las viviendas sociales que necesitamos para evitar volver a caer en los errores cometidos en el pasado. Porque la vivienda social no tiene que ser pequeña, uniforme y construida con materiales de baja calidad, como tampoco tiene que estar ubicada en la periferia de las grandes ciudades. Ejemplos recientes construidos en España, algunos de ellos premiados y reseñados por medios internacionales como The Guardian, así lo demuestran.

Soluciones tibias

A pesar de que la vivienda se ha convertido en el principal problema para la población española, las medidas propuestas para paliarlo siguen siendo escasas. Con la derecha y la extrema derecha enrocadas en el negacionismo —no porque sean incapaces de verlo, sino porque aplicar soluciones supondría poner coto a los rentistas y especuladores— la izquierda trata de apaciguar las calles con parches que se han demostrado insuficientes como consecuencia de la falta de voluntad política para aplicar medidas realmente eficaces que demuestren que, antes que un bien de mercado, la vivienda es, sobre todo, un derecho.

La Ley de Vivienda —la primera de su nombre— ha mostrado algunas de sus virtudes en aquellas comunidades en las que ha sido aplicada, como en Catalunya, donde los precios del alquiler han caído un 5%. Pero también sus enormes carencias: haber dejado fuera de la norma la regulación del alquiler de temporada ha seguido favoreciendo el fraude, algo que ahora el Gobierno pretende impedir con una nueva norma.

A la lista de errores hay que añadir la persistencia de medidas como el Bono Alquiler Joven que, como ya han denunciado organizaciones sociales, si bien permite a una pequeña parte de los jóvenes aliviar la carga de pagar precios desorbitados por su renta, no soluciona el problema de fondo y acaba por servir para transferir fondos públicos a bolsillo de rentistas. Una medida que camina en paralelo con la aprobación de una línea de créditos ICO para favorecer el endeudamiento de las generaciones más jóvenes y que estas puedan optar a la compra de una primera vivienda en medio de un mercado con precios desbocados. Una solución propuesta por las grandes entidades financieras y que, de nuevo, no soluciona el problema real.

2024 ha sido el año de la explosión del problema de la vivienda, pero 2025 apunta a que seguirá sufriendo la onda expansiva. Lo confirman portales inmobiliarios como Pisos.com, que asegura que “hay precios altos para rato”. También el Sindicato de Inquilinas, que argumenta que, si no se aplican medidas reales, el malestar acabará desembocando en una huelga de alquileres, un extremo que podría poner en jaque a un sistema cimentado sobre el rentismo y la especulación.

Pase lo que pase, en lamarea.com lo seguiremos contando.