Pegasus: cuando la tecnología se convierte en un arma contra los derechos humanos

CÈLIA CARBONELL* | Parece que cada vez somos más conscientes y nos cuestionamos la cantidad de horas que pasamos frente a la pantalla de nuestro teléfono móvil, pero ¿conocemos realmente todas sus propiedades y riesgos? Negar que la tecnología nos ha cambiado la vida sería ingenuo, pero también lo es pensar que comprendemos todos los riesgos a los que nos expone.

El móvil, cada vez más presente en nuestra cotidianidad, se ha convertido en un elemento clave de nuestra dependencia tecnológica. Ahora, imagina que alguien pudiera acceder a tus mensajes, fotos o incluso activar tu micrófono sin que te des cuenta. Esto no es una conjetura, sino una realidad desde la creación de Pegasus, el software espía más intrusivo conocido hasta el momento.

En el ámbito de la ciberseguridad y la cibervigilancia, se ha demostrado que las infecciones en dispositivos móviles se diseñan para ser invisibles e imperceptibles. Muchas vulnerabilidades quedan ocultas y se agravan con el aumento de funcionalidades de los teléfonos, que recopilan cada vez más datos sobre nuestra vida. Esto se hace aún más preocupante en el Estado español, donde siguen vigentes leyes como la de Secretos Oficiales, que imposibilita cualquier tipo de desclasificación de información amparada por una justificación amplia de “seguridad nacional”, o a la que regula el CNI, llena de vacíos legales, en la que establece un supuesto control judicial previo insuficiente, sin supervisión ni durante ni después de una injerencia de estas características.

La peligrosa relación entre el Estado y las empresas tecnológicas

Últimamente, al finalizar el día, trato de tomar conciencia: ¿con cuántas personas he hablado hoy? ¿En cuántos grupos de WhatsApp, Telegram o Signal he participado? ¿Cuántas llamadas he hecho? ¿Cuántas fotos he tomado o reenviado, incluso aquellas que desaparecen tras un solo visionado?

En este mundo hiperconectado, donde lo registramos todo en el móvil, este dispositivo se convierte en un reflejo de nuestra vida: quiénes somos, qué hacemos, dónde y cuándo. También guarda registros de nuestro pasado y proyecta nuestro futuro. El teléfono es, en definitiva, un archivo completo de nuestra existencia: trabajo, salud, familia, vida personal y activismo.

Descubrir que este archivo puede ser utilizado como herramienta de vigilancia estatal rompe todos los esquemas. Implica una vulneración sistemática de derechos fundamentales, siendo la privacidad el más afectado. El 18 de abril de 2022, el instituto canadiense The Citizen Lab confirmó que 65 personas vinculadas al movimiento soberanista catalán fueron espiadas entre 2017 y 2020 con Pegasus y otro software espía llamado Candiru. Entre las personas afectadas había abogadas, periodistas, defensoras de derechos humanos y representantes políticos. Este tipo de espionaje vulnera derechos fundamentales y ataca directamente el estado de derecho.

The Citizen Lab, conocido por «vigilar a los vigilantes», destapó el caso gracias a un método de peritaje que identificó alteraciones específicas en los teléfonos infectados. Este no es un caso aislado: han documentado abusos similares en México, Jordania, Emiratos Árabes, Tailandia y otros países, evidenciando que el problema es global y sistémico.

¿Quién está detrás de Pegasus?

Pegasus fue creado en 2010 por NSO Group Technologies, una empresa israelí fundada por Niv Carmi, Shalev Hulio y Omri Lavie. Desde el principio, NSO Group dejó claro que su objetivo era desarrollar una herramienta capaz de infiltrarse en dispositivos móviles sin que el usuario lo detectara. Además, esta tecnología ha sido probada en el pueblo palestino, utilizado como campo de experimentación para nuevas versiones del software. Actualmente, expertos denuncian que la tercera versión de Pegasus está siendo utilizada en el genocidio en la Franja de Gaza.

Hoy, NSO Group lidera un entramado de sociedades con presencia en Luxemburgo que actúan como su puerta de entrada a Europa. Estas empresas facilitan el abuso de poder por parte de los Estados que utilizan Pegasus contra actores de la sociedad civil. Es imposible controlar el alcance de la infección o limitar la información a la que se accede.

El sector de la vigilancia masiva y la cibervigilancia ha crecido exponencialmente, sostenido por empresas privadas que desarrollan y venden estas herramientas a agencias de inteligencia en todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo uno de los sectores menos regulados, permitiendo una opacidad casi total y la ausencia de rendición de cuentas.

Regulación y control

En el Estado español, dos años y medio después de la denuncia de Citizen Lab, desconocemos cómo se ha utilizado Pegasus o si se sigue utilizando.

En su último informe, la Comisión de Venecia afirmó: “Sin regulación, un software espía se convierte en una potente arma de vigilancia que se podría utilizar contra para restringir los derechos humanos, censurar y criminalizar la crítica y la disidencia y acosar, si no suprimir, periodistas, activistas de los derechos humanos, opositores políticos o reprimir a organizaciones de la sociedad civil”.

La falta de regulación y de herramientas de control y la cooperación entre empresas y Estados consolida una nueva arquitectura represiva, donde la tecnología juega un papel clave. Además, la falta de transparencia del Estado español y de NSO Group deja a las víctimas de Pegasus en un escenario adverso y desgastante, obligadas a investigar por su cuenta en un contexto lleno de obstáculos.

Irídia Vs. Pegasus

Desde Irídia, estamos comprometidas con esta lucha. Llevamos el caso de Andreu Van
Den Eynde, abogado espiado con Pegasus durante la pandemia de COVID-19 por su labor
como defensor legal. Junto con 46 personas más, aún no ha recibido una explicación
oficial ni se ha producido un asunción de responsabilidades. Además, damos un paso más e investigamos las filiales del entramado empresarial de NSO Group en Luxemburgo para identificar con nombres y apellidos a sus cargos directivos y llevarlos ante la justicia.

Frente al espionaje de Estado, desde Irídia no nos detendremos. Hasta que se esclarezcan los
hechos, se asuman responsabilidades y se garantice que este tipo de abusos no se repitan.

*Este artículo ha sido escrito por Cèlia Carbonell Cassanyes, referente de la línea Defensa del Espacio de la Sociedad Civil en Irídia.