Del todo el mundo lo sabía al yo no sabía nada

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En la película sobre Nevenka, hay otra escena que destaca por lo que supone en el proceso de ayuda a una víctima: la médica de urgencias le dice que no puede volver a trabajar, que ese señor la está acosando y que tiene que pedir la baja. La detección se vuelve imprescindible. Sin embargo, seguimos asistiendo a casos donde todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada.

Eso ocurrió con Andina, una mujer de 35 años asesinada en Mungía (Vizcaya). No había presentado ninguna denuncia formal, pero su entorno conocía su situación de gravedad. El mismo agresor, según la sentencia, verbalizaba sus amenazas a conocidos y amistades. Y lo hizo con un plan preconcebido, como terminó de confirmar su anterior pareja y madre de sus dos hijos, quien lo había denunciado también por maltrato: «Indicó, cómo antes de matar a Andina, le pidió retomar la relación con ella, a lo que se negó; que le echaba a la fallecida la culpa de todo el mal que estaba sufriendo, y que lo iba a pagar. Y lo que es relevante y definitivo a la hora de llegar a la convicción de culpabilidad del jurado: le dijo, unos quince días antes, que se iba a enterar por la prensa de lo que iba a hacer a Andina; y que pasara lo que pasara, la quería, y le informó de cómo se hacían las visitas a la cárcel con los niños. Cambió la foto del chat del grupo con la foto de los hijos, pidiéndoles perdón, y el mismo día 17 de marzo, sobre las 12 horas, fue a la salida de la guardería de la hija y se despidió de ambos».

Según los últimos datos anuales del Observatorio de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referentes a 2023, siete de cada diez denuncias (70,93%) fueron presentadas por las víctimas, bien en el juzgado o en comisaría. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89%; las originadas por partes de lesiones, el 7,94%, y las presentadas por terceras personas, el 3,43%. Apenas el 2% de las denuncias son presentadas por el entorno de la víctima, desde familiares a allegados. Y la cifra permanece prácticamente igual a pesar de las campañas de concienciación.

En el otro extremo, igual de peligroso, es cuando no se detecta, como en el caso de Ana, asesinada en Paterna (València). Hasta tal punto no sospechaban nada sus hermanas que, al enterarse de que había habido disparos en la vivienda, pensaron «que él se había suicidado» por no soportar la idea de la separación. No identificar las manifestaciones que tiene la violencia machista sigue siendo un escollo a la hora de prevenir algunos casos. «Me molestó mucho que nadie sabía lo que iba a pasar hasta que pasó», cuenta Margalida Morell, coordinadora de Servicios Sociales en la localidad balear de Sóller, en referencia a lo que la gente del pueblo comentaba en las concentraciones que se produjeron en memoria de María Rosa, asesinada el 9 de junio de 2014. Algo que atribuye, en parte, a que habitualmente no se da a este tipo de violencia «las dimensiones que tiene». «Esto es un pueblecito, y parecía que era algo que solo pasaba en la península o en las grandes ciudades», añade. Maria Rosa era su compañera de trabajo y amiga.

«Socialmente hay muchas señales de violencia que están normalizadas, y es difícil identificar que pueden acabar teniendo consecuencias mortales», planteaba Bàrbara Roig, coordinadora de transversalidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona, en el caso de Zunilda, asesinada el 22 de noviembre de 2014. En Pozoblanco (Córdoba) fue asesinada Mari Ángeles, limpiadora de 47 años. Años después, la asociación feminista Ventanas Abiertas seguía demandando formación específica en el ámbito de la educación y la aplicación del enfoque de género en las políticas públicas. Estos días, según publicó El Salto, ha quedado desierto el concurso para gestionar la red de violencia machista del Ayuntamiento de Madrid.

A Nevenka la creyó aquella médica. Pero a Hannan, asesinada en Melilla junto a un hombre que la estaba ayudando a encontrar trabajo, no la creyó la policía. Un policía llega a admitir que el asesino era tan buen actor que les hacía dudar de que fuese ella la que estaba diciendo la verdad. No es que ella siguiera viéndole, es que él no la dejaba. ¿Se está, por tanto, poniendo énfasis en la formación en violencia de género de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?

En el caso contrario, fue la Administración, los gobiernos, quienes no hicieron caso durante años a la solicitud de la Policía. En Chiclana había un problema con las dispensas de los policías especializados, que se pasaron años pidiendo no llevar uniformes. Llevarlos desprotegía a las víctimas y alertaba al agresor, argumentaban los agentes. Esta unidad, denominada Minerva, llevó su reclamación a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz y a los sucesivos alcaldes (PSOE y PP). La reivindicación llegó incluso a una petición en Change.org, donde se explicaba que el uso del uniforme victimiza a las mujeres que sufren malos tratos y a su familia, es perfectamente visible para el agresor, que puede evadir así la acción policial y, en muchos casos, aumenta el riesgo de las usuarias. Las dispensas para todos los agentes fueron conseguidas finalmente en 2017, con el PSOE en el gobierno municipal.