Fallos evitables en la maquinaria judicial

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La radiografía de PorTodas ha permitido detectar no solo los fallos inevitables, sino también fallos evitables que no se tuvieron en cuenta, o procesos judiciales que han alargado el dolor. La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al asesino de Raquel a 17 años y medio de prisión por un delito de asesinato, con el agravante de parentesco y la atenuante de embriaguez. No obstante, tras un recurso presentado por su defensa, en el que reclamaba, entre otras cuestiones, que los hechos fueran considerados como homicidio y aplicaran trastorno mental, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón en parte y rebajó la pena a 15 años, al tener en cuenta dos atenuantes que había descartado el anterior tribunal: confesión y reparación del daño.

Por un lado, el TSJA interpretó la llamada a la policía como un atenuante de confesión. Y, por otra parte, consideró que el asesino intentó reparar el daño al poner a disposición de la familia todo lo que tenía para hacer frente a la responsabilidad civil. Afortunadamente, el Supremo corrigió al TSJA, que también aplicó esta atenuante en el caso del asesino de Antonia: «Yo tuve que ver durante el juicio cómo se presentaba erguido y arrogante, cuando esperaba ver a una persona agachada y moribunda. ¿Pero eso qué es? Tuve que morderme la lengua», relataba su hermana.

«Es una vergüenza que exista ese atenuante», dice la abogada especializada en violencia machista Amparo Díaz. «Habría que quitarlos para los delitos contra los bienes personales, lesiones, maltrato. Pero aun sin eliminarlos, solamente aplicando la perspectiva de género, no deberían aplicarse. Es que el daño es tan grande y tiene un efecto tan fuerte… incluso para otras posibles víctimas. A veces ellos usan esas noticias para amedrentar a sus parejas, aprovechan la información que sale, incluso los atenuantes a su favor», sostiene la abogada.

El asesino de Susana, en València, se benefició de una rebaja de condena por la aplicación de la atenuante de adicción al alcohol. La sentencia consideró un hecho probado que el agresor padecía un «alcoholismo crónico de largo tiempo de duración» y era consumidor de sustancias, cannabis y cocaína, «que afectaron en su capacidad volitiva y cognoscitiva pero sin anularla». Desde la asociación de juristas Themis, Lidia García Olcina explica que, inicialmente, cuando se planteó la tipificación de la violencia machista, pelearon para que el alcoholismo no fuera una circunstancia atenuante: «Pero hoy por hoy damos este debate por zanjado, hace tiempo que no se discute».

Díaz insiste, por otro lado, en las deficiencias del sistema judicial: «Yo suelo hacer un ajuste de expectativas, que es un balance entre lo que es justo y lo que se puede lograr y cómo las van a tratar en la práctica. Y así las familias van más preparadas y sufren menos a la par que se suelen conseguir mejores resultados». Porque tienen que enfrentarse a muchos impactos: el primero, el paso del tiempo, la cantidad de veces que tienen que declarar… También es frecuente entre las víctimas, según la abogada, la impresión de que su caso se aborda con mucha superficialidad. La abogada María Jesús Correa, que emprendió una lucha en 2016 para que el Colegio de Abogados de Sevilla se pase a denominar Colegio de la Abogacía de Sevilla, es rotunda: «Para las mujeres, muchas veces los juzgados son una verdadera tortura. Y creo que si las juezas y los jueces respondieran por las cosas que pasan, por las consecuencias de sus decisiones, otro gallo cantaría. Nadie es responsable de las decisiones que se toman, que en muchas ocasiones son equivocadas y perjudiciales para la víctima».

La sobrecarga de los juzgados de violencia sobre la mujer es otra constante, como confirma el fiscal delegado de Violencia de Género en la provincia de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui. «Existen carencias generales. En Canarias todavía no hay oficina de víctimas, no se han implantado las unidades médicas o las unidades forenses de valoración de las víctimas de violencia de género, con lo cual no se realiza una valoración, no solo médica sino psicológica o psiquiátrica, del riesgo de la situación», decía a raíz del caso de María Zulay, una mujer de 36 años asesinada en Arona en enero de 2014. «Arona es un juzgado sobrecargado, brutalmente sobrecargado. Quizás lo que habría que pedir es otro juzgado, es algo que yo llevo pidiendo mucho tiempo, dado el volumen de trabajo que hay en los juzgados de violencia de género y que se pudieran atender bien todas las circunstancias», señalaba. Hoy sigue habiendo el mismo y único juzgado.

La Ley de Violencia de Género de 2004 recoge que en cada partido judicial haya, al menos, un juzgado especializado. Sin embargo, según el Consejo General del Poder Judicial, más de una de cada tres mujeres, un 36,3%, no tienen acceso a ellos, lo que en teoría implica menor formación de sus profesionales y diferente trato a las víctimas según donde vivan.

En una respuesta parlamentaria a la diputada de Sumar Engracia Rivera, los datos ofrecidos por el Gobierno, correspondientes a 2022, son demoledores: en 27 ciudades españolas, estos juzgados están trabajando por encima de sus posibilidades. La sobrecarga, en el caso de Palma de Mallorca, asciende hasta el 162%. En Villareal (Castellón), Almería, Málaga, Alcalá de Henares (Madrid), Murcia y Córdoba, los juzgados dedicados en exclusiva a tratar casos de violencia sobre la mujer están asumiendo un 30% más de trabajo de lo que deberían. El pasado año, la Asociación de Mujeres Feministas de Móstoles solicitó mejoras en el juzgado de la ciudad al considerar que nació «colapsado» desde su creación en 2007. En esta localidad fue asesinada Verónica Ana el 14 de agosto de 2014.

Seis meses antes de que fuera asesinadas Adolfina y su hija, el 16 de enero de 2014, Leonarda, su suegra, había acudido a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid a denunciar al agresor por maltrato continuado. Por aquel entonces las denuncias aún se escribían a mano y ella cometió un error: cambió una consonante, una v por una b, al escribir su dirección en el distrito de Arganzuela.

Como contamos en PorTodas, en el mismo papel autocopiativo y con fondo amarillo, a dos centímetros de esa errata, se ve su teléfono. Un poco más abajo, se puede leer: «El denunciado convive con mi nuera. La ha golpeado a ella y a su hija, que es mi nieta, le grita constantemente a las dos. La niña no es hija de él, lo rompe todo en la casa violentamente. La niña le tiene mucho miedo. No obstante hasta a mí me amenaza con que me va a cortar la cabeza si ella lo deja».

Lo que ocurrió fue calificado años después por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia como «funcionamiento anormal de la justicia»: se envió un burofax para citar a denunciante y denunciado que nunca llegó a su destino por ese mínimo error en la dirección. La denuncia terminó archivada, nadie llamó al teléfono de Leonarda para contrastar el nombre de la calle. Seis meses después, Raúl asesinó a Adolfina y a Argelys, de nueve años. Sus cuerpos fueron localizados meses más tarde en un campo en Zamora, en noviembre de 2014.

«Si le hubieran citado a declarar como presunto investigado, aunque luego no hubiera habido cargo, al poner el foco sobre él se habría evitado que las asesinara con tal nivel de impunidad», considera María Ángeles Jaime de Pablo, desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que se hizo cargo de la acusación particular de Leonarda en el juicio posterior..

«Algo ha fallado», dijeron también desde la Administración sobre Hanae, hallada muerta junto a su pareja de entonces en mayo de 2014 en Villarejo de Salvanés (Madrid). Su marido, del que se estaba divorciando, se suicidó tras los hechos. En este caso, no hubo una valoración del riesgo adecuada, a pesar de las denuncias de Hanae. La policía pidió más recursos. El Defensor del Pueblo también recoge esta deficiencia en su informe de 2021. Este año, tres mujeres han sido asesinadas con órdenes de alejamiento en vigor, que han sido quebrantadas