El opaco negocio de la (in)fertilidad

Una de cada seis parejas en España tiene problemas de fertilidad. En 2022, de cada 100 bebés que nacieron, 12 lo hicieron gracias a la reproducción asistida. Son datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), que sitúan al país como uno de los líderes en la Unión Europea en el uso de estas técnicas. Además, la edad media en la que las mujeres en España deciden (o pueden) tener a su primer bebé no ha dejado de aumentar en los últimos años. Un cóctel de tendencias sociales y médicas que para muchas clínicas privadas se traducen en oportunidades de negocio.

“En mis redes han cambiado los anuncios de Clearblue por los de congela tus óvulos”, relataba –cuando tenía 30 años– la periodista Noemí López en el libro El vientre vacío. En él señala cómo las diferentes clínicas “compiten por ser las primeras en capitalizar» las «dudas e incertidumbres” haciendo uso de lo que califica como eslóganes de mercadillo: “Un recién nacido o te devolvemos el dinero”, “pruebas gratuitas”, “plazas limitadas”, “financiación sin intereses”, “hasta 1.000 euros de descuento”… 

Las limitaciones de la Seguridad Social, no más de 40 años de la gestante, o por número de intentos, provoca que la gran mayoría de centros de fertilidad sean privados. Y aquí comienzan las cifras que dan cuenta del volumen de negocio del que hablamos: el coste de una inseminación artificial puede rondar los 1.000 euros, el de la fecundación in vitro los 5.000€; a través de una ovodonación, más de 7.000€, la congelación de óvulos para una posible futura inseminación, cerca de 3.000€. Pero claro, estos números solo son reales si todo sale bien al primer intento, por lo que el gasto final suele ser mucho mayor.

Cifras ocultas 

Las cifras de los precios de los tratamientos suelen estar claras, aunque existen algunos aspectos, como los tratamientos hormonales o el mantenimiento de la congelación de óvulos, que a veces no se incluyen en la primera información. Sí son más controvertidos los datos en cuanto al éxito de las distintas técnicas de reproducción. Por ejemplo, las clínicas pueden dar como porcentajes de éxito si se produce la concepción, obviando que una parte de los mismos acabará en abortos espontáneos. O no se menciona que la tasa de éxito aumenta si los óvulos provienen de otra mujer. 

En este sentido, la socióloga y periodista Esther Vivas acusa a este sector de “aprovecharse de un malestar vital” causado por el incremento de las parejas con problemas de fertilidad. “A menudo lo que venden es una garantía de fertilidad, pero ocultan las dificultades reales de conseguir aquello que prometen”, cuenta. 

Una falta de información que confirma Alba, médica de familia de 42 años, madre de una niña y un niño después de recurrir a tratamientos de fertilidad. La hija, a través de la Seguridad Social; para el segundo ya superaba el límite de edad de edad y realizó el tratamiento en un centro privado. Por una parte, Alba critica la frialdad en la comunicación en el servicio público, en particular cuando no se consigue que se desarrolle el embarazo. «En cambio, en la privada todo es bonito, todos son sonrisas, todo te lo pintan como muy fácil, pero no te avisan de los inconvenientes, sobre eso tienes que preguntar”, insiste.

Desde la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), su presidente Juan José Espinós no comparte estas críticas sobre la publicidad en el sector puesto que en la información sobre donación de gametos “hay una reglamentación específica que regula lo que se puede decir” y en cuanto al resto de tratamientos señala que “son las mismas normas” que se aplican al resto de especialidades médicas que se atienden en el sector privado. Aunque al mismo tiempo reconoce que algunos centros pueden “jugar con los porcentajes” de éxito mostrando el dato más favorable, y anima a quien se acerca a ellos a informarse con detenimiento sobre en qué consisten los diferentes tratamientos y tasas de éxito.

Manipulación emocional: un millón de formas de decir ‘se te pasa el arroz’

“Me sé cuándo le viene la regla a esas pacientes, porque es un duelo cada mes”, dice la terapeuta Ruth Imedio para ilustrar el sufrimiento y la culpa de las mujeres que desean ser madres y no lo consiguen. Para esta especialista familiar, a la tradicional presión en comidas familiares, se une un bombardeo de mensajes que llegan desde los folletos en una sala espera de una consulta ginecológica o en la publicidad en redes sociales y páginas web. Los algoritmos se ponen a funcionar: “Y si buscas menopausia precoz te llega un aviso para saber tu reserva ovárica”. A veces ni siquiera tienes que realizar ninguna búsqueda en concreto, basta ser mujer de cierta edad para que lleguen estos mensajes, subraya Imedio. 

“Las clínicas son empresas reproductivas, y por lo tanto caen en toda la lógica del mercado. Hacen una publicidad muy emocional, bastante manipuladora, como toda, pero aquí se está jugando con un deseo vital”. Son palabras de Silvia Nanclares, autora de la novela autobiográfica ¿Quién quiere ser madre?, en la que narra el proceso de una mujer que recurre a varios tratamientos de fertilidad. Y como ejemplo de esa manipulación emocional señala cómo “los mensajes sobre la vitrificación (la congelación de los propios óvulos para poder usarlos más adelante) es el ‘se te va a pasar el arroz’ de toda la vida, solo que reformulado de las millones de maneras que se le puede ocurrir a un publicista”. 

La destrucción de óvulos, vuelta a una ley de supuestos

Las dinámicas sociales hacen que las mujeres en España decidan, o puedan, ser madres cada vez más mayores. Para esquivar el envejecimiento de los óvulos, la congelación permite detener por unos años ese reloj a la espera de que sea “el buen momento” para dar el paso. En España, más de 5.000 mujeres congelaron sus óvulos en 2020, según datos de la SEF, diez veces más que apenas siete años antes. 

Los problemas llegan cuando las mujeres deciden deshacerse de esos embriones ya que, al igual que en la pasada ley del aborto, la normativa actual establece que solo pueden hacerlo en determinados supuestos: donarlos a la ciencia (una posibilidad residual debido a los escasos proyectos de investigación); donarlos a otras parejas (de forma gratuita, aunque las clínicas privadas luego sacarán beneficios de ellos); o conseguir que dos profesionales médicos certifiquen tu imposibilidad de tener hijos.

A través de su comunidad, Mamás desobedientes, Vivas recibió numerosas quejas de mujeres que deciden terminar con el mantenimiento de sus óvulos pero no consiguen hacerlo debido a esos requisitos, con el agravante de que se ven obligadas a costearlo. “Me obligan a seguir pagando, en mi caso 10 años más porque tengo 40. Además, si no hago frente a los pagos los donan de manera unilateral y siguen cobrándole a otra mujer por ellos”, denunciaba una de ellas. 

Por su parte, Nanclares tiene dos de sus embriones congelados y confirma que se ha encontrado con estos obstáculos ahora que ha decidido desecharlos. Ha buscado donarlos a la ciencia, pero no lo ha conseguido porque “hay muy pocos convenios”. La clínica sí le facilita donarlos a otra mujer, pero no quiere que la clínica negocie con ellos. Y se ve en la tesitura de seguir pagando, o buscar dos informes médicos para que certifiquen algo que no es real porque si quisiera utilizar esos embriones sabe que no habría problema. “Es bastante loco”, concluye, al tiempo que pide luchar contra esta legislación influida según ella por el discurso conservador autodenominado “provida”.

El sistema empuja a que la mujer que quiere renunciar a sus óvulos los acabe donando, aunque sólo sea para no tener que seguir pagando su mantenimiento. Pero no los puede ceder a otra mujer sino a la clínica, que tendrá así mayor margen de beneficio en el tratamiento. Según la ley, no se puede pagar a una mujer por sus óvulos, es un “contrato gratuito”, y el número máximo de bebés nacidos de una misma donante son seis. Pero la práctica habitual es pagar “compensaciones” que rondan los 1.000 euros. Y la ausencia de un registro nacional de donantes permite que muchas mujeres recurran a esta práctica con mucha frecuencia como forma de aliviar una situación económica adversa. 

Sobre este marco normativo, el doctor Espinós también lamenta “el contrasentido” de que exista “un marco legal que es muy permisible para la interrupción del embarazo, pero no para la descongelación” y defiende que los centros se limitan a aplicar esta legislación. Así, el presidente de la SEF reclama que la ley sobre descongelación deje estar vinculada a estos supuestos y las mujeres, o las parejas, puedan decidir sobre el futuro de sus gametos. Y para terminar apunta a una de las consecuencias inesperadas de esta normativa: en los centros españoles habría ya más de 700.000 embriones congelados. Una buena parte son de madres que esperan que la ley cambie para que su desarrollo, o no, deje de ser una cuestión de supuestos.