Las seis universidades públicas de Madrid urgen a Ayuso a resolver su “infrafinanciación”

En la Comunidad de Madrid hay seis universidades públicas y 13 privadas. La asfixia económica de las primeras y la proliferación de las segundas evidencian las preferencias del gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Por eso los Consejos de Gobierno de las seis universidades públicas le han enviado una carta abierta a la presidenta en la que muestran su «profunda preocupación» ante el borrador de Presupuestos del Gobierno regional para 2025. Los fondos destinados a ellas están virtualmente congelados: suben un 0,9%. No hay dinero para el personal, ni para suministros, ni para el mantenimiento de los edificios, ni para reponer las jubilaciones, ni para cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central. Ahora mismo, ajustando la inflación, las universidades públicas de Madrid están recibiendo un 35% menos de recursos que hace 15 años.

Las votaciones en los consejos extraordinarios celebrados arrojan «unanimidad» en cinco de las seis universidades y una amplia mayoría no unánime en el consejo de la Rey Juan Carlos (URJC), donde ha habido una abstención, según han confirmado a EFE fuentes universitarias.

Estas universidades, tras observar el borrador de presupuestos regionales aprobado el 30 de octubre, se percataron de que el dinero destinado a ellas es idéntico al de 2024. Si la Asamblea lo ratifica en los términos presentados, indican en su carta a Ayuso, «se agravará la ya crítica situación económica» de los centros tras años de «infrafinanciación acumulada», ya que la partida destinada a subvenciones «ignora los argumentos» planteados por las universidades y «enmascara un descenso real» en la financiación. El proyecto presupuestario de Ayuso no incluye, ni siquiera, «recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad».

Pese a la «alarmante» situación económica, «la aparente (y mínima) subida corresponde únicamente a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos este mismo año», indican las universidades.

Además, el proyecto de presupuestos no incluye recursos para cubrir «el significativo incremento de costes derivados del cumplimiento de la LOSU, que en su artículo 55 recoge «de forma clara la obligación de las administraciones» de garantizar la suficiencia financiera universitaria, y la Comunidad debe «cumplir con este mandato para evitar un escenario crítico», tras 15 años de infrafinanciación.

Desde la crisis financiera, la Comunidad «redujo drásticamente la subvención nominativa y aumentó los precios de las matrículas a estudiantes», y aunque éstos se han ido reduciendo, no se ha recuperado la subvención nominativa del Gobierno regional a las universidades.

Mientras otras comunidades han revertido los recortes, Madrid «se aleja del objetivo de dedicar el 1% de su PIB a la educación superior» y es la comunidad que «peor financia sus universidades» e impone «uno de los precios públicos más altos del país a las familias».

Resulta «aún más alarmante» la partida anual para inversiones «congelada desde 2014 en tan solo 7,6 millones para las seis universidades», además de una «caída significativa» del plan de infraestructuras.

Cumplimiento de la LOSU

Para cumplir la LOSU, hubo que «rebajar la dedicación docente de algunas categorías de profesorado, sin haber podido contratar el número de efectivos de profesorado necesarios para compensar esa reducción».

Aunque el ministerio negocia con las comunidades un convenio sobre nuevas contrataciones, «nada ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid, ni se nos ha planteado ninguna otra posible alternativa», indican los rectores en la carta abierta, para autorizar ese crecimiento sin mermar las actuales nominativas que apenas cubren «el 80% de las nóminas».

Ante la gravedad que implicaría la aprobación del actual Proyecto de Presupuestos para 2025, las universidades ven imprescindible enmendar los presupuestos durante su trámite en la Asamblea, aumentar considerablemente la partida de infraestructuras, iniciar la elaboración de un modelo de financiación plurianual que asegure la sostenibilidad universitaria, garantizar la adaptación a la LOSU de las plantillas para mantener el servicio en las mismas condiciones.

De lo contrario, el sistema universitario madrileño, el segundo más grande de España en número de estudiantes, afrontaría otro año de precariedad laboral, imposibilidad de reponer jubilaciones, limitaciones en promociones, paralización de proyectos formativos y de investigación, y de incapacidad.

A esto se suman «infraestructuras obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y trabajadores. Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica, lo que nos pondrá en clara desventaja con otras comunidades», concluyen los rectores.

La carta, muy dura con el Gobierno regional, ha conseguido arrancar un primer gesto de buena voluntad de la presidenta: Ayuso se reunirá con las universidades el próximo martes, 3 de diciembre, para hablar de su situación.