Exmagistrados del Supremo se querellan contra el rey Juan Carlos por cinco delitos fiscales

Los problemas de Juan Carlos I con la ley no han terminado. Desde hoy se enfrenta a una querella criminal por cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2014 y 2018. La han presentado varios jueces retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional y catedráticos de Derecho, entre otras personalidades.

Estos hechos ya fueron investigados por la Fiscalía y decidió archivar la causa, pero la ley contempla que se investiguen delitos que no han prescrito y que se abra una causa sobre ellos en el Tribunal Supremo. Uno de estos hechos atañe a la forma en la que el exmonarca regularizó su situación con Hacienda. Lo hizo sin cumplir los requisitos legales, según los denunciantes. Entre ellos hay fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, y magistrados del Supremo como José Antonio Martín Pallín.

El procedimiento normal para una regularización tributaria, según la ley, debe hacerse antes de que se abra una investigación judicial. No fue así en el caso del rey Juan Carlos, quien recibió dos notificaciones sobre esta investigación antes de que se decidiera a pagar a Hacienda. En 2020 desembolsó 600.000 euros y en 2021 casi 4,4 millones. Fue en esa misma época cuando decidió trasladar su residencia a Emiratos Árabes.

Estas irregularidades se habrían cometido después de la abdicación en su hijo Felipe, por lo que, teóricamente, no podrían estar amparadas por la inviolabilidad del monarca. Los tribunales, al menos hasta este momento, han interpretado ese pasaje de la Constitución de forma diferente, dándole prerrogativas de rey sin serlo realmente.

«Con todo el respeto que nos merece la institución de la Fiscalía General del Estado, en la que está integrada la Fiscalía del Tribunal Supremo, disentimos de su dictamen que considera que la regularización se efectuó correctamente», manifiestan los querellantes en un comunicado.

«La ley lo dice claramente: desde el momento en el que el fiscal le puso en conocimiento de que había investigaciones con relevancia tributaria, ya no podía regularizar», asegura Martín Pallín en declaraciones a la agencia EFE. Como indica el magistrado emérito del Tribunal Supremo, el artículo 305 del Código Penal señala que si hay un «conocimiento formal», no se puede absolver automáticamente al defraudador. El mismo artículo indica las penas de prisión previstas para este delito: de dos a seis años. Pero la querella no va tan lejos: pide «la multa máxima que se pueda imponer». Descartan que el exrey vaya a la cárcel debido a su avanzada edad (86 años).

Los querellantes animan a todas las personas que quieran apoyar la acusación popular a que lo hagan con su firma.