Gabilondo exige una respuesta rápida para las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy en el Congreso su informe sobre la violencia sexual en el seno de la Iglesia católica y ha exigido una reparación inmediata para las víctimas. A su juicio, la tardanza en la respuesta gubernamental no hace sino aumentar su dolor. Por tanto, ha pedido «una respuesta concreta a su situación y que no se postergue».

Esa respuesta, sin embargo, debe llegar de las dos partes implicadas, la Iglesia y el Estado, lo que complica el procedimiento. Si bien es cierto que el arzobispo de Madrid, José Cobo, pidió perdón recientemente por los casos de pederastia que salpican al clero español, la Iglesia como institución continúa sin dar respuesta a las víctimas un año después de que se conocieran las cifras de abusos (abrumadoras) facilitadas por el Defensor del Pueblo.

«Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo», señaló Gabilondo en su intervención. El informe que ha presentado, que consta de 777 páginas, recoge, entre otros datos, los testimonios de centenares de víctimas.

«A raíz de los testimonios se ha podido tener constancia de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica», especificó el Defensor del Pueblo. «De todas las víctimas escuchadas, 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años». Prácticamente todos (un 97%) fueron abusados cuando eran menores de edad.

Las víctimas hablan «de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, y de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia que, por extensión, muchas veces también han sufrido toda su vida por ello», ha expuesto Gabilondo. «Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos».

La reparación de estos daños, según el Gobierno y el Defensor del Pueblo, tendría que pasar por una colaboración entre la Iglesia y el Estado. Esta opción, no obstante, no es compartida mayoritariamente por la sociedad, ya que hay voces que piden que sea la Iglesia sola, como presunta encubridora de estos delitos sexuales, quien se haga cargo de la factura.

En cualquier caso, la Conferencia Episcopal Española se muestra reacia a abrir sus puertas, sus archivos e incluso a sentarse en los mismos comités con otros miembros elegidos por la oficina del Defensor del Pueblo para «ordenar los procedimientos y los mecanismos de reparación». Ella tiene su propio Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (conocido por sus siglas, Priva), que ha sido elogiado por Gabilondo como gesto de buena voluntad, pero que se antoja insuficiente. Sus críticos creen que se trata de un subterfugio de la jerarquía católica española para decidir a solas las cuantías de las indemnizaciones. En un llamamiento a la reconciliación, el Defensor del Pueblo ha reclamado que se «anteponga» la reparación a las víctimas a las diferencias que pueda haber entre creencias e ideologías.

La recepción del informe ha suscitado división de opiniones entre los grupos parlamentarios, que han aportado multitud de matices al mismo. En el caso de la derecha, además de los matices, ha incluido acusaciones al Gobierno. Marta González, del PP, declaró desde la tribuna que este informe sobre los abusos de la Iglesia es partidista y que destaca por su hipocresía. El PSOE, a su juicio, no ha sido tan expeditivo a la hora de investigar los casos de abusos sexuales en centros de acogida que estaban bajo la jurisdicción de sus gobiernos en Baleares, Valencia o Asturias. También retorció las cifras de forma un tanto incongruente para intentar disculpar a la Iglesia católica por los casos de pederastia: los sacerdotes, como ha quedado demostrado, abusaron fundamentalmente de niños, pero la mayoría de los abusos que se producen en España (y en el mundo) recae sobre las niñas. Eso, según González, disculpa en cierta medida al clero.

Por su parte, Ione Belarra, de Podemos, opina que la decisión de dejar al Defensor del Pueblo la investigación en exclusiva de estos casos ha sido un error. «Creo que este proceso a puerta cerrada ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía el necesario debate público», afirmó. «Creo que contribuye a perpetuar el silencio, que es el principal aliado de los agresores y de la Iglesia católica, que ha gozado y goza de innumerables privilegios en España».

Belarra extendió su crítica al sistema educativo: «El Estado no puede seguir dejando en manos de la Iglesia, que ha demostrado que tiene una estrategia de encubrimiento permanente de la violencia sexual, la educación de un altísimo porcentaje de nuestros niños y niñas, que acuden a la educación concertada con esta institución».