Política
Barcelona, Palma, Valencia y, ahora, Málaga: las ciudades se hartan de los pisos turísticos
Málaga acaba de anunciar su intención de prohibir el registro de nuevos alojamientos vacacionales en hasta 43 barrios de la ciudad
Algunas ciudades y regiones ya no pueden más. El turismo de masas las ha colapsado: sus calles, sus carreteras, sus servicios públicos y sus viviendas. Este último es el principal problema en determinados municipios colonizados por los turistas durante los meses de verano, lo que provoca la expulsión de vecinos y vecinas debido al aumento de los precios; un festín para los buitres de la especulación que ha provocado un récord histórico de precios en lugares como Palma de Mallorca. Debido a esto, miles de mallorquines salieron a la calle este verano para reclamar medidas que pongan coto a la invasión turística.
Ante las evidencias, la capital balear anunció una modificación del Plan general de la ciudad para prohibir el alquiler turístico en todas sus viviendas. Una idea a la que, con diferente intensidad, se han ido sumando otras localidades como Barcelona y, de forma más reciente, Málaga. El ayuntamiento del municipio andaluz adelantó ayer miércoles, 23 de octubre, su intención de prohibir el registro de nuevos alojamientos vacacionales en hasta 43 barrios de la ciudad. Se trata de zonas en las que al menos un 8% de los inmuebles están dedicados al turismo.
“Este no es el final, es el principio”, ha asegurado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que ya en junio inició el camino con la limitación de las nuevas licencias de vivienda turística únicamente a aquellos inmuebles que dispusiesen de entrada independiente, una modificación normativa que no afectaba a aquellos que ya contasen con permiso para actuar como vivienda de uso turístico.
Por su parte, el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha prometido no conceder más licencias de este tipo ni renovar las ya existentes con el objetivo de eliminar los más de 10.000 pisos turísticos con los que cuenta la capital catalana antes de 2029. Su intención es que estos inmuebles recuperen su uso residencial, bien sea en el mercado del alquiler o en venta, para así abaratar los altos precios del metro cuadrado en la ciudad. Una medida aplaudidad por la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: “Tienes todo mi apoyo en esta tarea”, le dijo al regidor a través de las redes sociales.
En Valencia, donde en 2023 se abrieron más de 3.500 nuevos apartamentos turísticos, la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento aprobó por unanimidad en junio eliminar el uso terciario como vivienda turística en el casco histórico de la ciudad: “Queremos que sea un barrio residencial y por esa razón hemos propuesto que no sea compatible y no se abrirán nuevos apartamentos turísticos en los edificios donde viven nuestros vecinos”, aseguró el concejal de Urbanismo, Juan Giner.
Palma, una de los municipios más afectados por la gentrificación, va un paso por delante del resto de grandes ciudades. Desde 2018, la capital balear prohíbe los alquileres vacaciones salvo en viviendas unifamiliares, chalets o casas aisladas. A principios de verano, el consistorio anunció su intención de incluir también este tipo de inmuebles en la prohibición. A pesar de ello, según el análisis realizado por elDiario.es, con la actual normativa un 37% de los alquileres turísticos se oferta de manera ilegal en la ciudad.
En Barcelona, durante los ocho años de legislatura de Ada Colau, el consistorio cerró 6.000 pisos dedicados al turismo que operaban ilegalmente. A pesar de esta ofensiva, todavía hoy se siguen detectando 300 viviendas que se comercializan de forma ilegal en la capital de Catalunya.
Madrid no quiere ver el problema
El problema del alquiler vacacional es reconocido, con diversos grados, por partidos de diferentes signo político. Así, mientras en Barcelona primero actuaron los Comuns –y ahora el PSC ha tomado el testigo–, en Palma y en Málaga gobierna el Partido Popular. En cualquier caso, determinadas ciudades siguen sin reconocer las evidencias: “Madrid no tiene un problema con el turismo”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el pasado mes de abril. Sin embargo, la capital española sufre las consecuencias de contar con más de 16.000 viviendas turística ilegales que se ofertan en la ciudad. Esto, sumado a los pisos legales, está provocando subidas en el precio de la renta inasumibles para miles de personas.
No obstante, el Ayuntamiento de Madrid sí anunció en julio que iba a prohibir la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico, reconociendo de manera implícita los problemas que generan estos inmuebles.
En medio del debate sobre este tipo de apartamentos, el pasado 7 de octubre, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que declaraba que las comunidades de propietarios podrían prohibir la actividad de alquileres turísticos en su finca “mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos”, una medida recogida en el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Ahora, la norma podrá ser aplicada en cualquier localidad española.
Nace Ciudades y Pueblos para Vivir, un movimiento contra los perjuicios sociales y ambientales del turismo que agrupa a medio centenar de plataformas ciudadanas.
Diversas organizaciones sociales, ecologistas y sindicales, y medio centenar de plataformas contra la turistificación, se han agrupado en Ciudades y Pueblos para Vivir, un movimiento que busca acabar con los impactos sociales y ambientales nocivos del turismo.
Coincidiendo con el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, desde este movimiento contra la turistificación y la precarización de la vida se anuncia una marea de movilizaciones este otoño en todo el Estado.
Desde el año 1980 cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Si en el pasado esta jornada sirvió para reivindicar los beneficios económicos, sociales o culturales del turismo, medio siglo después solo puede tomarse como una oportunidad para denunciar los excesos de una industria fuera de control, cuyo crecimiento se ha vuelto contraproducente y destructivo. Una industria que para seguir prosperando destroza espacios de alto valor natural, expulsa al vecindario de sus casas y sus barrios, se apropia del espacio público y convierte el patrimonio de nuestras ciudades en el negocio privado de una élite de privilegiados: grandes propietarios, touroperadores e inversores internacionales.
Desde el movimiento declaran “inaceptable” un modelo turístico que precariza, explota y expulsa a la vecindad, a la vez que depreda los recursos naturales y el medio ambiente. Y recalcan que las vecinas y vecinos tienen derecho a decidir el modelo de ciudades y pueblos que quieren, donde prevalezca la vida digna de las personas, las relaciones comunitarias saludables y entornos sanos y seguros.
El impacto de la turistificación en la vivienda es una de los efectos negativos del turismo más denunciado por las plataformas, las cuales insisten en que la proliferación de viviendas de uso turístico repercute gravemente en el derecho a una vivienda asequible. Por ello, exigen la declaración de zonas tensionadas, el cierre de todas las VUT ilegales y una moratoria a nuevos permisos de apertura.
Ciudades y Pueblos para Vivir efectúa un llamamiento urgente a promover un turismo sostenible y diversificar la economía hacia actividades productivas respetuosas con la vida de la vecindad trabajadora y del entorno. El movimiento apuesta por que el modelo turístico asuma la senda del decrecimiento y renuncie a una prácticas que contaminan, derrochan, esquilman recursos y deterioran el medio ambiente. Se opone, además, a la ampliación innecesaria de infraestructuras, como aeropuertos y puertos, así como a la llegada desregulada de cruceros, que contribuyen de manera importante a la contaminación de nuestros territorios y al calentamiento global.
Para concluir, Ciudades y Pueblos para Vivir denuncia que el capital que destruye la vida en pueblos y ciudades es el mismo que hace negocio con las guerras, sin importarle lo más mínimo la muerte de inocentes. Por ello, en este día muestra su solidaridad y cercanía con el pueblo de Palestina. Se suman así a todos los colectivos que claman por un alto el fuego, por una paz justa en Oriente Próximo, por el cumplimiento de la legislación internacional y por el fin del comercio con el Estado terrorista y genocida de Israel.
Si el verano es lo que los extranjeros consideran calor entonces verano, lo que sería verano, es tol año.
En Torrevieja abundan los pisos patera turísticos.sufrido en mis propias carnes.tiran la basura a mí terraza,roban la ropa tendida…….