Miles de personas reclaman en las calles que la vivienda no sea un negocio

«La vivienda es un derecho, no un negocio». Esta ha sido la consigna que ha atravesado hoy España en las diferentes concentraciones que han recorrido ciudades y pueblos de todo el país reclamando medidas para paliar las constantes subidas en los precios de alquiler y el fin de la especulación en torno a un bien de primera necesidad.

En Madrid, la manifestación más masiva de todas ha congregado 150.000 personas según la organización y 22.000 según la Policía. La marcha ha comenzado en Atocha y ha recorrido el Paseo del Prado hasta Cibeles para pasar después a Gran Vía y finalizar en Callao. Al inicio de la misma, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Rapu, ha sido contundente: «No hay policías, juzgados ni matones suficientes para desahuciar a todos los que estamos aquí».

La organización, una de las más importantes dentro del movimiento por la vivienda, apuesta por una línea dura tras años de promesas incumplidas y lanzan un mensaje a los caseros y a la patronal inmobiliaria: «Vuestra impunidad se ha acabado. Si seguís subiendo los alquileres, dejaremos de pagarlos». De esta forma, el Sindicato vuelve a deslizar una de sus propuestas estrella: una huelga de alquileres. Asimismo, han pedido la dimisión de la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En la marcha también han participado otras entidades por el derecho a la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, además de sindicatos, partidos políticos y organizaciones como la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, Amnistía Internacional, Greenpeace, Ecologistas en Acción o el Sindicato de Estudiantes. Pero, sobre todo, personas que a título individual se han manifestado contra la especulación inmobiliarial, especialmente contra los conocidos como grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas) y fondos buitre. Solo en 2023, estos multipropietarios acapararon un tercio de las nuevas viviendas dadas de alta ese año.

En la cabecera de la marcha, por ejemplo, se encontraba Asun, una mujer de 67 años de edad que trata de negociar un alquiler social con Cerberus, un gran fondo inmobiliario propietario del piso en el que reside en el madrileño barrio de Usera. Ella, jubilada y con una pensión no contributiva de 500 euros, se ha convertido en un símbolo tras una década de lucha y múltiples intentos de desahucios.

Aunque la protesta transcurrió en medio de un ambiente tranquilo y sin incidentes, era evidente la rabia y la indignación de los manifestantes. Al grito de «fuera rentistas de nuestros barrios», «una habitación no es la solución» o, el más explícito, «la Ley de Vivienda es una mierda», los asistentes mostraron su cólera ante la gravedad de la situación.

La manifestación ha contado con personas de todas las edades, aunque ha estado impulsada por jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la subida de los precios de la vivienda, especialmente virulenta en los últimos años. Este incremento les dificulta no sólo la posibilidad de independizarse, sino hasta el hecho de compartir piso o, incluso, una habitación en ciudades como Madrid o Barcelona.

En la lectura final de las reivindicaciones, las organizaciones convocantes lamentaban que el artículo 47 de la Constitución (el que declara que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna») se haya «convertido en papel mojado» por la «dejación de funciones» de la que han hecho gala todas las administraciones del Estado para «facilitar jugosos negocios a la banca, las empresas y los rentistas».

Muchas de las pancartas exhibidas en la manifestación señalaban precisamente a quienes consideran los principales culpables del problema: una clase social pasiva, improductiva y acomodada que está expoliando los ingresos de la clase trabajadora a través de unos alquileres desmesurados. «Cada vez más personas encuentran imposible acceder a una vivienda por el lucro de unas minorías», declaró Diana Martín, de la plataforma de afectados por la línea 7B del Metro de Madrid, en la lectura final del manifiesto. «Los barrios residenciales están siendo sustituidos por enormes complejos turísticos hostiles a la vida vecinal, gentrificados, sólo asequibles a personas de rentas altas o troceados entre empresas cuyo único objetivo es parasitar el salario de los trabajadores y las trabajadoras».

Según Gladys Zambrana, vecina de la Cañada Real y otra de las lectoras del manifiesto, «tanto el Gobierno regional de Madrid como muchos de los municipios de la Comunidad están impulsando un modelo segregador incompatible con la vida digna y el respeto al medioambiente». La activista lamentó el hecho de que el fomento del negocio turístico esté provocando la expulsión de muchos habitantes de la capital hacia la periferia. «Y tampoco allí encuentran vivienda, en cuya búsqueda son discriminados por motivos de edad, raza, discapacidad, renta y procedencia», añadió.

El actor Juan Diego Botto cerró la lectura del manifiesto exigiendo a las autoridades «la imposición de precios máximos al alquiler» y la «declaración obligatoria de zonas tensionadas». Además, pidió que se amplíe el parque de viviendas de protección social en alquiler y que éste cuente con un modelo de gestión «cien por cien público». En su alocución, el actor no tuvo problemas en sacar a relucir el gran tabú de la vivienda en España, esa solución de la que ningún poder del Estado quiere oír hablar: «Recuperar viviendas vacías y enajenadas que están en manos de fondos buitre, de la Sareb, de fondos de inversión o de bancos, incluso expropiando las mismas por interés social».