Política | Sociedad
Miles de personas reclaman en las calles que la vivienda no sea un negocio
Los manifestantes pidieron la bajada de los alquileres y el fin de la especulación inmobiliaria y de los pisos turísticos. En el manifiesto reclamaron la aplicación de la Ley de Vivienda en todo el país e, incluso, la «expropiación» de pisos vacíos en manos de bancos y fondos de inversión.
«La vivienda es un derecho, no un negocio». Esta ha sido la consigna que ha atravesado hoy España en las diferentes concentraciones que han recorrido ciudades y pueblos de todo el país reclamando medidas para paliar las constantes subidas en los precios de alquiler y el fin de la especulación en torno a un bien de primera necesidad.
En Madrid, la manifestación más masiva de todas ha congregado 150.000 personas según la organización y 22.000 según la Policía. La marcha ha comenzado en Atocha y ha recorrido el Paseo del Prado hasta Cibeles para pasar después a Gran Vía y finalizar en Callao. Al inicio de la misma, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Rapu, ha sido contundente: «No hay policías, juzgados ni matones suficientes para desahuciar a todos los que estamos aquí».
La organización, una de las más importantes dentro del movimiento por la vivienda, apuesta por una línea dura tras años de promesas incumplidas y lanzan un mensaje a los caseros y a la patronal inmobiliaria: «Vuestra impunidad se ha acabado. Si seguís subiendo los alquileres, dejaremos de pagarlos». De esta forma, el Sindicato vuelve a deslizar una de sus propuestas estrella: una huelga de alquileres. Asimismo, han pedido la dimisión de la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
En la marcha también han participado otras entidades por el derecho a la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, además de sindicatos, partidos políticos y organizaciones como la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, Amnistía Internacional, Greenpeace, Ecologistas en Acción o el Sindicato de Estudiantes. Pero, sobre todo, personas que a título individual se han manifestado contra la especulación inmobiliarial, especialmente contra los conocidos como grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas) y fondos buitre. Solo en 2023, estos multipropietarios acapararon un tercio de las nuevas viviendas dadas de alta ese año.
En la cabecera de la marcha, por ejemplo, se encontraba Asun, una mujer de 67 años de edad que trata de negociar un alquiler social con Cerberus, un gran fondo inmobiliario propietario del piso en el que reside en el madrileño barrio de Usera. Ella, jubilada y con una pensión no contributiva de 500 euros, se ha convertido en un símbolo tras una década de lucha y múltiples intentos de desahucios.
Aunque la protesta transcurrió en medio de un ambiente tranquilo y sin incidentes, era evidente la rabia y la indignación de los manifestantes. Al grito de «fuera rentistas de nuestros barrios», «una habitación no es la solución» o, el más explícito, «la Ley de Vivienda es una mierda», los asistentes mostraron su cólera ante la gravedad de la situación.
La manifestación ha contado con personas de todas las edades, aunque ha estado impulsada por jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la subida de los precios de la vivienda, especialmente virulenta en los últimos años. Este incremento les dificulta no sólo la posibilidad de independizarse, sino hasta el hecho de compartir piso o, incluso, una habitación en ciudades como Madrid o Barcelona.
En la lectura final de las reivindicaciones, las organizaciones convocantes lamentaban que el artículo 47 de la Constitución (el que declara que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna») se haya «convertido en papel mojado» por la «dejación de funciones» de la que han hecho gala todas las administraciones del Estado para «facilitar jugosos negocios a la banca, las empresas y los rentistas».
Muchas de las pancartas exhibidas en la manifestación señalaban precisamente a quienes consideran los principales culpables del problema: una clase social pasiva, improductiva y acomodada que está expoliando los ingresos de la clase trabajadora a través de unos alquileres desmesurados. «Cada vez más personas encuentran imposible acceder a una vivienda por el lucro de unas minorías», declaró Diana Martín, de la plataforma de afectados por la línea 7B del Metro de Madrid, en la lectura final del manifiesto. «Los barrios residenciales están siendo sustituidos por enormes complejos turísticos hostiles a la vida vecinal, gentrificados, sólo asequibles a personas de rentas altas o troceados entre empresas cuyo único objetivo es parasitar el salario de los trabajadores y las trabajadoras».
Según Gladys Zambrana, vecina de la Cañada Real y otra de las lectoras del manifiesto, «tanto el Gobierno regional de Madrid como muchos de los municipios de la Comunidad están impulsando un modelo segregador incompatible con la vida digna y el respeto al medioambiente». La activista lamentó el hecho de que el fomento del negocio turístico esté provocando la expulsión de muchos habitantes de la capital hacia la periferia. «Y tampoco allí encuentran vivienda, en cuya búsqueda son discriminados por motivos de edad, raza, discapacidad, renta y procedencia», añadió.
El actor Juan Diego Botto cerró la lectura del manifiesto exigiendo a las autoridades «la imposición de precios máximos al alquiler» y la «declaración obligatoria de zonas tensionadas». Además, pidió que se amplíe el parque de viviendas de protección social en alquiler y que éste cuente con un modelo de gestión «cien por cien público». En su alocución, el actor no tuvo problemas en sacar a relucir el gran tabú de la vivienda en España, esa solución de la que ningún poder del Estado quiere oír hablar: «Recuperar viviendas vacías y enajenadas que están en manos de fondos buitre, de la Sareb, de fondos de inversión o de bancos, incluso expropiando las mismas por interés social».
FONDOS BUITRE
Blackstone es, en esencia, lo que se conoce como un fondo buitre. Un fondo de inversión que se basa en la continua compra y venta de activos de todo tipo, aunque en el caso de Blackstone se ha especializado en vivienda. De hecho es el segundo fondo con más propiedad inmobiliaria de Europa.
El término buitre viene de aprovecharse de momentos de crisis que dejan muchos activos a precio de saldo. Esta fue la oportunidad que vio este fondo con la crisis de 2008 y cuando se lanzó a comprar las 146.000 viviendas más un número indeterminado de terrenos y conceder más de 80.000 préstamos en el Estado español. De camino también compró la deuda hipotecaria de 40.000 personas. Todo ello aprovechando la ventajosa situación del dólar y de la quiebra de entidades a las que les quemaba en las manos el patrimonio inmobiliario acumulado.
El resultado es sabido: miles de desahucios, situaciones insostenibles para muchas familias, privatización de vivienda pública…
Blackstone tiene una mala fama ganada a pulso, hasta el punto que la normativa danesa de protección del inquilino se conoce como Ley anti-Blackstone.
https://arainfo.org/aragon-trabaja-para-el-mal/
Uno de los hijos de Blackstone, BlackRock nació en 1988, en el seno de Blackstone, Su objetivo, no podría ser otro, es maximizar el retorno de sus inversiones. No importa el sector en el que invierte, armas, petróleo, banca, o energía, no importando tampoco el costo social. No duda en apostar por las guerras cuando le conviene. Presiona a los políticos para que se mantenga la financiación en la guerra en Ucrania. Tiene fuertes inversiones en empresas de armamento como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman y Boeing entre otras. Sus enormes inversiones se pueden ver comprometidas.
En España, la presencia de BlackRock es notable. Este fondo posee participaciones significativas (más del 5%) en varias empresas del IBEX 35, como el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Naturgy, Iberdrola, Telefónica, Repsol y Enagás. En junio de 2023, gestionaba activos por valor de 47.000 millones de euros en nuestro país, estando presente en 19 de las 35 empresas del Ibex. Estas inversiones no solo le permiten obtener altos rendimientos, sino también influir en las políticas económicas del país. No hay presidente de gobierno que no celebre reuniones con Larry Fink (el CEO de la empresa).
En España, la influencia de BlackRock se extiende a 71 empresas de la bolsa española (35 del Ibex y 36 del continuo. También toca el sistema de pensiones. Con una inversión potencial de 60.000 millones de euros, BlackRock busca acceder a los 130.000 millones de euros de las pensiones españolas. La gestión de las pensiones ha sido un tema crítico en las actividades de BlackRock..La influencia de BlackRock en el sistema de pensiones español es un claro ejemplo de cómo este gigante financiero intenta moldear las políticas públicas para servir a sus intereses, lo que plantea importantes preguntas sobre el futuro de la seguridad social y la soberanía económica en España.
https://canarias-semanal.org/art/31940/blackrock-el-poder-en-la-sombra
LOS LADRONES DE LA INMOBILIARIA CELESTIAL. ¿por qué tanto respeto a los falsos representantes del que sólo tenía un borriquillo prestado?
EL LISTADO FACILITADO POR EL GOBIERNO NO SIRVE: Inmatriculaciones de la Iglesia en España En 2021, el Gobierno hizo público un listado con 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia en España. Ese listado NO SIRVE. Por dos razones: 1. Es INCOMPLETO (son más de 100.000) 2. NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN de los bienes.
https://laicismo.org/el-listado-del-gobierno-no-sirve-inmatriculaciones-de-la-iglesia-en-espana/299143
https://laicismo.org/etiqueta/coordinadora-recuperando
Aun a riesgo de que me llamen arbitrista, aporto seis ideas creo que debiéramos ir interiorizando y difundiendo. (si nos parecen razonables)
PRIMERA: Es que la vivienda protegida no puede venderse entre particulares (ni empresas)
Cuando un propietario de una vivienda protegida quiera deshacerse de ella, tiene que venderla “obligatoriamente” a la administración pública, quien -a su vez- tiene la “obligación” (no el derecho que eso ya existe y no se ejercita) de comprársela al precio oficial actualizado, para, -a continuación- (también con carácter obligatorio”), o bien ponerla en alquiler social, o vendérsela (al precio “oficial”) al primer demandante de una lista pública que reúna las condiciones necesarias para ser adjudicatario.
SEGUNDA: Modificar la ley para incluir la prohibición absoluta de que las administraciones puedan enajenar suelo público que no vaya expresamente destinado a la promoción de viviendas protegidas.
TERCERA: Crear con fondos públicos, a nivel estatal, un seguro de impago de los alquileres que cubra gratuitamente a todos los arrendadores propietarios de, digamos, menos de 5 viviendas cuyos alquileres no superen los topes establecidos para las zonas tensionadas que establezca el gobierno (con independencia de si las comunidades o ayuntamiento las declaran).
Dicho seguro tendría unas coberturas similares a las que ofrecen actualmente las compañías de seguros privadas.
CUARTA: Los alquileres temporales (menos de un año, sin prorrogas tácitas) tendrán un tratamiento fiscal más severo en la declaración del IRPF (particulares), o el impuesto de sociedades (empresas).
QUINTA: Los alquileres turísticos son “negocios” no alquiler de vivienda y por tanto quedan sometidos al IVA y demás impuestos que les correspondan.
SEXTA Deben suprimirse las ayudas al alquiler todos los contratos que superen los topes establecidos para las zonas tensionadas, porque inevitablemente aumentan los precios del mercado ya que no se atienen a los costes objetivos, sino a los máximos que pueden pagar los inquilinos.
Esos 200 millones que tanto cacarea nuestro Presidente servirán fundamentalmente para que muchos ciudadanos que con sus sueldos no pueden pagar precios desorbitados, puedan hacerlo y así -con el dinero de todos y hasta el último céntimo de los ciudadanos corrientes- el mercado “funcione” y, cuando pretendas protestar, te suelten eso de ¡es el marcado, amigo!
Evidentemente el problema es muy complejo y no podrá resolverse de un día para otro, pero por algún sitio hay que empezar.
Parece que nos empezamos a mover. Parece que empezamos a reaccionar, a sacudirnos el sopor.
La de causas que tenemos en la UVI tan importantes como la vivienda por las que debemos luchar.
Una alegría