Una amplia mayoría de los colegios concertados cobra cuotas obligatorias a las familias

Los padres y las madres de cuatro de cada cinco alumnos que acuden a colegios de enseñanza concertada tienen que hacer frente a cuotas económicas. Un hecho que contraviene el derecho a la gratuitad de la enseñanza obligatoria sostenida con fondos públicos pero que es habitual en este tipo de centros. Así lo denuncia la CICAE, la Asociación de Colegios Privados e Independientes, que señala que el 79,4% de los colegios visitados para la elaboración del informe cobra una cuota base a las familias y que en el 72% de los casos no existe voluntariedad.

Dichos cobros, a pesar de haber sido interiorizados por padres y madres, son contrarios a la actual ley educativa, la LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, y la cual prohíbe que los centros públicos o concertados puedan “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”.

Son aquellos centros de titularidad mercantil los que cobran un importe más elevado al alumnado, con una cuota promedio de 108,38 euros al mes. En aquellos que pertenecen a congregaciones religiosas, los más numerosos, la media gira en torno a los 60 euros por mes. En general, sin embargo, un 68,6% de los colegios visitados «no menciona la voluntariedad de los pagos en las entrevistas con las familias, y solo el 19,4 % lo refleja en la documentación que entregan», explican desde CICAE.

La falta de transparencia y la dificultad de acceso a información clara sobre estas tarifas son dos elementos señalados por el informe, que denuncia que «los colegios no siempre indican en la documentación que entregan a las familias los precios, los conceptos por los que cobran las cuotas, los horarios, contenidos, si es el pago es voluntario o qué ocurre si no se paga, etc.». En la Comunidad de Madrid, más de la mitad de los colegios incumplen la orden publicada el 22 de diciembre del pasado año que obliga a los centros a incluir en sus webs los precios de las actividades extraescolares y de los servicios complementarios.

Las cifras son muy similares a las ofrecidas por el estudio de EsadeEcPol con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentado en abril de este mismo año, que aseguraba que, dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado de colegios e institutos concertados paga cuotas. Esta obligatoriedad en los pagos provoca un aumento de la segregación escolar por motivos socioeconómicos, lo que termina desembocando en que la concertada, en comparación con la pública, escolarice en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante.

Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid a la cabeza

Por comunidades autónomas, el estudio elaborado por CICAE concluye que Catalunya, un año más, lidera el ranking de cuotas máximas, con un desembolso que supera los 500 euros mensuales, seguida de la Comunitat Valenciana (450 euros), Madrid (252 euros), Galicia (245 euros) y Euskadi (224 euros).

El informe, que ya cuenta con nueve ediciones, también pone de manifiesto que los centros, año a año, suelen subir el precio que cobran a las familias. En el caso de Catalunya y Madrid, un 71% y un 64% de los centros visitados lo han hecho.

CICAE, como asociación en defensa de los intereses de los colegios privados, mantiene una guerra abierta contra la escuela concertada al considerar que la actual situación genera un escenario de «competencia desleal» y supone «un perjuicio directo a los centros educativos privados» como consecuencia de la «doble financiación» que reciben los concertados, tanto a través de fondos públicos como de cuotas obligatorias exigidas a las familias.

Ante esto, la organización reclama a la Administración «mayor control, que garanticen la transparencia y el cumplimiento de la ley en los centros sostenidos con fondos públicos».