Un tercio de las nuevas viviendas dadas de alta en 2023 fueron para grandes tenedores

El Catastro dio de alta 172.602 nuevos inmuebles residenciales el año pasado, en su mayoría viviendas de nueva construcción, aunque también otras que han sido reformadas, ampliadas o rehabilitadas. De todas ellas, más de un tercio fueron para empresas con más de ocho propiedades en su poder, lo que demuestra la creciente concentración y especulación inmobiliaria que España sufre desde hace años.

Así se desprende del análisis realizado por lamarea.com utilizando los datos proporcionados por la Dirección General del Catastro, que cifra en 58.717 el número de nuevas altas de inmuebles residenciales durante 2023 a nombre de personas jurídicas con múltiples propiedades en su cartera de negocio. El dato, sin embargo, es ligeramente menor al de 2022, cuando este tipo de sociedades registraron 61.514 nuevas altas, un 37,6% del total de las de ese ejercicio.

Ambos datos se encuentran lejos de las cifras alcanzadas en los años posteriores a la crisis inmobiliaria. Así, entre 2008 y 2010, estas empresas multipropietarias acapararon más del 50% de las nuevas altas. La gran caída se produjo en 2015: ese año apenas supusieron el 20%. Desde entonces, no han parado de crecer hasta llegar a superar el 39% en 2021.

Centrarse en los propietarios de más de ocho viviendas no es baladí: esta es la cantidad mínima de inmuebles que la legislación exige a las empresas para que puedan acogerse a importantes desgravaciones fiscales. Desde 2014, las entidades arrendadoras de viviendas que tuviesen en el mercado de alquiler dicho número de viviendas disfrutaban de una bonificación especial del 85% en la cuota del impuesto de sociedades. De esta forma, en lugar de hacer frente a un tributo del 25%, solo pagaban un 3,75%.

La nueva Ley de Vivienda ha rebajado la bonificación al 40%, por lo que, en la actualidad, este tipo de entidades jurídicas pagan un 15% de impuesto de sociedades. Ello podría explicar el leve descenso de nuevas altas por parte de empresas multipropietarias en 2022 y 2023.

Un 44% desde 2008

Desde el año 2008, este tipo de sociedades ha acaparado el 44% de los 4,3 millones de nuevas altas de inmuebles residenciales en el Catastro (en total, 1,9 millones). Estas cifras ayudan a entender la expulsión de los pequeños propietarios del mercado inmobiliario ante la subida de los precios. En la última década, el número de grandes tenedores (personas con más de diez inmuebles) no ha parado de crecer, pasando de 255.197 a más de 307.000, un 20% más. En el mismo periodo, el número de propietarios con un solo inmueble ha caído un 1,78%.

Por comunidades, Madrid es la más afectada por la creciente concentración inmobiliaria. Desde 2008, un 58,5% de las nuevas altas del catastro han sido efectuadas por empresas propietarias de más de ocho viviendas. Le siguen La Rioja y Cantabria con un 53,49% y un 52,54%. Por provincias, este tipo de sociedades también han acaparado más de la mitad de las altas en los últimos 15 años en Málaga, Valladolid, Almería y Barcelona.

La inversión de grandes sociedades en el mercado inmobiliario y la dificultad de acceso por parte de las generaciones más jóvenes explica que, entre enero y marzo de 2024, solo cuatro de cada 10 compras de vivienda se realizaron con hipoteca. “La interpretación más clara es que se realizan numerosas operaciones de inversión mayorista y no residente, que determinan de forma importante las subidas de precios”, aseguran desde el think-tank Funcas.

La vivienda se ha convertido en el sexto problema que los españoles y las españolas consideran que más afecta al país, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, al preguntar por los problemas personales de los encuestados, este sube hasta el cuarto puesto.

A pesar de ello, la Comisión de Vivienda del Senado aprobó el pasado lunes una moción en la que insta al Gobierno a derogar la Ley por el Derecho a la Vivienda. Lo hace después de que el Partido Popular haya prestado su voto a Vox para sacar adelante el texto propuesto por la extrema derecha en el que pide al Ejecutivo fomentar la colaboración público-privada para aumentar el parque de viviendas sociales y protegidas y a movilizar el suelo de titularidad pública, según informa la Agencia EFE.

La semana pasada, Junts también unió sus escaños a los de PP y Vox para tumbar en el Congreso de los Diputados la iniciativa promovida por el Sindicato de Inquilinas para la toma en consideración de una proposición de ley del alquiler de temporada y por habitaciones. Esta pretendía evitar el fraude en el uso de esta figura, una de las más señaladas por su responsabilidad en la subida del precio de los arriendos.