Británicos, alemanes y marroquíes. Esas son las nacionalidades de los extranjeros que más vivienda compraron en España en el segundo trimestre de 2024. La demanda inmobiliaria por parte de compradores foráneos creció 0,63 puntos respecto a los tres primeros meses del año, alcanzando el 14,84% de las compraventas de inmuebles entre abril y junio, según la Estadística registral inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores de la Propiedad.
“Estos resultados constatan una continuidad por lo que respecta a la importancia del demandante extranjero en el mercado de vivienda en España, con pesos muy destacados tanto en términos porcentuales como absolutos”, explica el documento. En total, los compradores no nacionales se hicieron con más de 21.700 inmuebles durante el segundo trimestre.
Por nacionalidades, los británicos, con un 8,37% de la demanda, fueron quienes más invirtieron en vivienda en España, seguidos de los alemanes, con un 6,88% de las compras, marroquíes (6,1%), rumanos (5,31%), franceses (5,22%), italianos (5,18%), neerlandeses (5,14%), belgas (4,65%) y polacos (4,63%).
Aunque por comunidades el peso de la demanda extranjera ha crecido en términos generales, en algunas de ellas ha duplicado la media nacional. Así, en Illes Balears, las compras procedentes de fuera de España han supuesto una de cada tres, es decir, un 33,37% del total de las que se han llevado a cabo ese trimestre. Algo similar ha ocurrido en las Islas Canarias, donde los foráneos han acaparado un 31,11% de la vivienda que se ha vendido entre abril y junio de este año. Otras regiones como la Comunitat Valenciana (28,78%), la Región de Murcia (23,58%) o Catalunya (16,11%) también se encuentran por encima de la media.
Una mirada más detallada, sin embargo, sitúa a Alicante como la provincia con una mayor demanda inmobiliaria por parte de los extranjeros. Allí, un 43,52% de la vivienda ha acabado en manos de no nacionales.
Además de las compras por parte de particulares, el gran capital extranjero ha intensificado sus inversiones inmobiliarias en España. Según el informe El mercado ‘multifamily’ en España, elaborado por la consultora JLL y citado por el diario económico Cinco Días, el 80% del capital inversor en el mercado de la vivienda procedió de fuera de España durante 2023. Casi la mitad de todas esas operaciones procedió de fondos de inversión como Blackstone o DWS.
Las comunidades turísticas, las más afectadas
Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, “la intensidad turística se configura como el factor clave para la consecución de un mayor o menor peso relativo en compraventas de vivienda por extranjeros, correspondiendo las provincias cabeceras a provincias mediterráneas o islas con dichas características”.
En los últimos días se ha viralizado la compra de 30 viviendas en el barrio ibicenco de sa Penya por parte del empresario holandés Bernardus van Maaren con el objetivo de alquilarlas para largas temporadas o para el turismo. El incremento en el número de compras de vivienda por parte de foráneos se produce en plena efervescencia de las movilizaciones contra la masificación turística en lugares como Illes Balears, Canarias, Andalucía o Catalunya. Son algunas de estas comunidades las que, durante el segundo trimestre, experimentaron una mayor subida en los precios de la vivienda como consecuencia de la especulación inmobiliaria. Así, en Illes Balears, el valor medio de los inmuebles de segunda mano crecieron un 7,7%, lo que situó al archipiélago como la comunidad autónoma española con el mayor precio por metro cuadrado: 3.534 euros.
A pesar de los enormes problemas de vivienda en las regiones más turísticas, el Congreso de los Diputados tumbó el pasado martes la propuesta de ley de Sumar para combatir el fraude de los alquileres temporales después de que Junts decidiese votar en contra a pesar de haber anunciado su abstención, uniendo sus escaños a los del Partido Popular y Vox. Ante esto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró un día después que su objetivo es el de agilizar un Real Decreto con estas características: "Lo que hemos preparado es un reglamento que lo que hace es aclarar los términos de la LAU, en su artículo 3, para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal y garantizar que aquellos que lo precisan, como ocurre en este momento con muchos estudiantes o profesores docentes en España, puedan acogerse a esos contratos de temporada, pero evitar aquellos que lo están utilizando de modo fraudulento para salvar las garantías del alquiler residencial", ha afirmado la ministra.