Las tropelías de los caseros con los inquilinos: la otra parte de la historia contada por quienes la sufren

“Mi caso es el típico. Entrego el piso como lo recibí y me quieren cobrar pintura y limpieza”. Este es uno de los cientos de testimonios que otros tantos inquilinos han contado en la red social Twitter (ahora conocida como X). Lo han hecho en respuesta a un post de este propio redactor que pedía a las personas que vivían o han vivido de alquiler contar “las tropelías” de sus caseros con el objetivo de conocer las vivencias de quienes se ven obligados a arrendar una vivienda.

Esta es una versión poco explorada por parte de los medios de comunicación. Tanto es así que, al buscar en Google “problemas alquiler” la mayoría de entradas se centran en las complicaciones que pueden encontrarse los propietarios: “Los problemas con inquilinos más habituales y sus soluciones”, “Errores más habituales al alquilar un piso como propietario” o “Los problemas más habituales en la gestión de un alquiler”, se puede leer en las primeras búsquedas.

“Los medios de comunicación suelen estructurar sus narrativas en torno a ciertos grupos, y el caso de inquilinos y caseros no es una excepción”, asegura Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas. Para el activista, uno de los principales motivos es “las relaciones de poder y económicas” que hay detrás del mercado del alquiler: “Los caseros son uno de los sectores con mayor poder económico de España y eso se acaba reflejando en una mayor capacidad de influencia en los medios de comunicación. Los intereses de empresas inmobiliarias, inversores y grandes propietarios suelen estar alineados con las élites económicas que tienen un mayor acceso a las plataformas mediáticas para hacer oír sus perspectivas, lo que provoca un importante desequilibrio en la relación”, explica Pérez.

La llamada en redes sociales cuenta, algunos días después, con más de medio millar de respuestas públicas, además de decenas de mensajes privados de personas que prefieren mantener el anonimato. Entre las más repetidos, se encuentran los testimonios de personas que denuncian los intentos de sus caseros por quedarse con la fianza que habían pagado al inicio del contrato valiéndose de diferentes excusas: “Mi casero nos entregó el piso sin limpiar. Al salir nos cobró la limpieza (habiéndolo dejado ya nosotras limpio) y una supuesta balda rota del frigorífico que ni vimos rota, ni nos la quiso enseñar después ‘porque ya la había cambiado’. Se quedó la fianza entera”, cuenta Pilar Tienza.

Un testimonio similar al del fotoperiodista Santi Donaire, que también ha compartido su experiencia: “Cuando nos fuimos pintamos el piso, dejamos muebles que no estaban y revalorizamos el piso. Se quedó con los 650 € de la fianza. A la semana siguiente de irnos había duplicado el precio del piso”, ha explicado.

Desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que estas quejas son habituales entre las personas que viven de alquiler: “Es un problema que refleja perfectamente el desequilibrio de poder que existe entre el arrendatario y el arrendador, donde los caseros tienen siempre la última palabra y retienen la fianza como forma de presión”. La organización recomienda conservar la documentación de inicio y fin de contrato y realizar un inventario de fotos del estado de la vivienda justo al entrar a la vivienda.

Asimismo, aconsejan mantener comunicaciones escritas con el propietario del inmueble, sobre todo en los casos de desperfectos o reparaciones. Finalmente, antes de abandonar la vivienda, realizar una revisión de la misma junto con el casero y firmar un documento de devolución de fianza. “Si no devuelve el importe en el plazo establecido, que son 30 días, hay que enviar un requerimiento formal por escrito. Si sigue sin hacerlo, se puede ir a juicio, que es un procedimiento oral que no requiere ni abogado ni procurador y que, en la mayoría de los casos, suele terminar en una devolución exitosa de la fianza”, aseguran.

Subidas de precio, dinero en mano y entradas sin consentimiento

Otra de las quejas más habituales de los y las inquilinas que han volcado sus experiencias a través de redes sociales está relacionada con las subidas de precios arbitrarias. “De un año a otro, mi casera quiso hacer una subida de más de 200€ de alquiler. Como no aceptamos porque era ilegal, nos dijo que necesitaba el piso para ellos porque se iban a mudar”, explica Alicia, una usuaria de X, que añade: “Mentira, lo han alquilado a nuevos inquilinos a los cuales vemos a diario”.

Otro testimonio relata una situación similar, ocurrida en marzo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19: “Me escribió un email [diciendo] que había visto que habían subido los alquileres de los pisos de las afueras y que me iba a subir el precio acorde al mercado, empezando por el mes siguiente, [y] que si no estaba de acuerdo que me fuera ese mismo mes”.

La jurista y divulgadora jurídica Marina Olmo explica que solo se podrá realizar una subida anual en el precio del alquiler si esta posibilidad está plasmada en el contrato de arrendamiento. Sin embargo, recuerda que desde la aprobación de la Ley de Vivienda el incremento máximo será el marcado por el IPC, siempre que éste no supere el 3%, ya que, en caso de hacerlo, esa será la barrera : “Esto supone que para un alquiler de, por ejemplo, 1.000 €, la subida pueda ser como máximo de 30€. Una subida mayor sería ilegal y podría reclamarse”.

A estos problemas relacionados con el incumplimiento de la legislación se suman los relatos que señalan cobros de la renta del alquiler en efectivo. “He estado años con un contrato de alquiler que no se declaró, por lo que no pude acogerme a ninguna desgravación; el dinero, en mano sin pasar por el banco para no dejar huella”, expone Jonathan Rodríguez.

En este caso, Olmo explica que no hay ningún problema legal en los cobros en efectivo “siempre que las partes así lo hayan pactado y luego el arrendador declare sus ganancias”. Sin embargo, cree que “cabe desconfiar” en aquellos casos en los que el inquilino “solicita realizar el pago del alquiler mediante, por ejemplo, transferencia bancaria u otro modo que deje rastro, y el arrendador se niega exigiendo que el pago se haga en mano”. En cualquiera de los casos, la jurista recuerda que las personas que viven de alquiler “tienen derecho de exigirle al casero el recibo del pago del alquiler” y anima a solicitarlo, ya que esta es la garantía de haberlo realizado, sobre todo en los casos en los que se paga en efectivo.

Otro de los hechos que más se repiten, según los testimonios publicados en X, son las entradas sin consentimiento a la vivienda por parte de los propietarios. “Yo me encontré una mañana a mi casera en el salón y me confesó que pensaba que no habría nadie, como ocurría normalmente”, asegura una usuaria anónima. Noemí, por su parte, asegura haberse percatado de la entrada del propietario gracias a la cámara que utilizaba para vigilar a sus mascotas: “De casualidad, un día lo vi merodeando por mi salón, lo confrontamos y nos dijo que era su casa, que podía hacer lo que quisiera”, cuenta.

Desde Fotocasa son tajantes: «El propietario de una vivienda no tiene derecho a entrar en el inmueble alquilado mientras el inquilino esté viviendo allí, con un contrato de alquiler firmado». El portal inmobiliario se remite al artículo 18 de la Constitución Española, que recuerda que «el domicilio es inviolable», y aunque el arrendador conserva la propiedad del inmueble mientras éste está alquilado, «está cediendo el derecho de uso a cambio de una compensación económica», por lo que el arrendatario es la única persona legitimada para habitarla. De esta forma, al entrar en la vivienda sin permiso del inquilino, el casero estaría incurriendo en un delito que puede ser castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

Las herramientas legales de los inquilinos

Para el Sindicato de Inquilinas, la legislación actual “es insuficiente” pero contiene algunas herramientas que permite a los arrendatarios mejorar su posición en una negociación con los propietarios. En el caso de las fianzas, la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recoge información sobre las comunidades que obligan a depositarla en la administración y las que no. Actualmente, Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja son las únicas regiones que no cuentan con organismos que custodian este pago, mientras que el resto, sí. Puedes verlas aquí.

El sindicato asegura que el incumplimiento de esta obligación legal puede acarrear “sanciones graves” al casero y, en el caso de inquilinos e inquilinas, puede impedirle el acceso a beneficios fiscales por deducción del alquiler (en las comunidades en que existen) “ya que es una exigencia legal el previo depósito de la fianza” para acogerse a ellas.

De la misma forma, y en todos los casos, es ilegal no declarar la renta obtenida por el alquiler, un hecho que, sin embargo, incumplen más del 40% de los propietarios, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Si un arrendatario tiene sospecha de que su casero o casera no lo está haciendo, puede realizar una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria, un procedimiento que es posible realizar online aquí.

En todos los casos, desde el Sindicato de Inquilinas recuerdan que la organización colectiva es imprescindible: “Cuando tratamos de hacer la batalla por nuestra cuenta es mucho más complicado”.