El Congreso tumba la regulación de los alquileres temporales

El Congreso tumbó la propuesta de Sumar, impulsada por el Sindicato de Inquilinas, para regular los alquileres temporales y de habitaciones. De facto, esta práctica sirve para que los propietarios se salten la Ley de Vivienda y puedan subir el precio del alquiler a conveniencia. El resultado de la votación fue de 172 diputados a favor y 178 en contra. El voto decisivo para que la proposición de ley fracasase fue el del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Sus siete integrantes adelantaron que se abstendrían, pero finalmente votaron en contra junto al Partido Popular y Vox.

La proposición pretendía solucionar lo que varias plataformas de inquilinos han calificado como un «fraude de ley». La actual Ley de Vivienda permite que los propietarios puedan enmascarar un alquiler habitual haciéndolo pasar por uno «de temporada» (el que se utiliza para vivir sólo unos pocos meses, algo que normalmente viene impuesto por condiciones laborales circunstanciales). Así pueden hacer contratos más cortos, contribuyendo a la espiral inflacionista, o cobrar honorarios suplementarios a los inquilinos. «A la gente le están haciendo alquileres de temporada como vivienda principal. Se ha expandido un tipo de contrato basura en el que te pueden echar cada 11 meses o menos, y subirte el precio al doble al finalizar el contrato», explicaba Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, en una entrevista.

Lo que defendía la proposición de ley era que los contratos de alquiler temporal tuvieran que demostrar su carácter real. También que tras haber renovado un contrato de alquiler de seis meses en dos ocasiones, éste se convirtiera en un arrendamiento habitual en lugar de temporal. Además, reclamaba que los propietarios asumieran la responsabilidad de las reparaciones, y que, en los alquileres de temporada, la fianza pagada por el inquilino no pudiera exceder el 50% de un mes de renta.

El diputado de Sumar Íñigo Errejón defendió en la tribuna del Congreso la necesidad de regular este tipo de alquileres para asegurar el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», tal y como recoge la Constitución. Su intervención a favor de la regulación contrastó con la equidistante declaración que en 2021 hizo el entonces ministro socialista José Luis Ábalos (hoy en el grupo mixto a consecuencia de su presunta implicación en el caso Koldo): «La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado». Ábalos, por cierto, votó a favor de la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y del alquiler de habitaciones.

«Demasiada gente en nuestro país vive con la angustia permanente de que te puedan subir el alquiler, de que te echen de tu casa porque no puedes pagar 100, 200 o 400 euros más. Y con la angustia de saber que ahí fuera, en el mercado, quizás tampoco pueda existir un alquiler que te puedas permitir», expresó Errejón ante el hemiciclo. «En realidad, no estamos en un debate sobre si tiene que haber intervención pública en el mercado de la vivienda o no. Es el debate sobre si, por primera vez, esta intervención se hace para garantizar los derechos de quienes necesitan una vivienda y no pueden elegir o si la intervención pública se sigue haciendo al dictado de los grandes tenedores de vivienda, de las oligarquías rentistas, de los fondos buitres y de los bancos», añadió.

Las derechas del Congreso, atendiendo a la lógica de su ideario, se decantaron por la segunda opción enunciada por Errejón, con una excepción: la del PNV, que votó a favor de la regulación con un «sí crítico», como puntualizó la diputada Maribel Vaquero. A su juicio, no se puede legislar sólo «con buenas intenciones», aunque declaró que su grupo es partidario de frenar el «abuso de la figura del alquiler temporal» sin ir más allá en cuanto a regulación.