El Gobierno hace público su Plan de Acción por la Democracia

El Gobierno de España anunció hoy su Plan de Acción por la Democracia. El objetivo inicial era regular los medios de comunicación para impedir la difusión de bulos y de desinformación, pero el paquete de medidas adoptado va mucho más allá y abarca a todas las instituciones del Estado.

Esta «hoja de ruta», según palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, consta de 31 medidas que serán implementadas a lo largo de los tres años que aún restan de legislatura. Su finalidad es «reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz, a la que tienen derecho los ciudadanos».

Entre las disposiciones más importantes está la creación de un registro de medios de comunicación (lo que, traducido al lenguaje común, servirá para discriminar entre medios serios y webs dedicadas a la difamación y la propagación de bulos) y el deber de todas las administraciones públicas de publicar anualmente las cantidades de dinero que dan a los medios y qué medios se ven favorecidos por ello. «Esa es una información que hoy no se presenta o se presenta de forma opaca», argumentó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. «Todas las administraciones públicas deberán publicar esta información de forma visible, clara y transparente», anunció.

Otro propósito relevante es el de garantizar el pluralismo político impidiendo la concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos. Esto «implica la elaboración de un marco normativo para hacer frente a los oligopolios mediáticos que, cuando existen, socavan el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a una información plural», agregó Urtasun.

Las medidas toman como referencia el marco impuesto por el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, conocido por sus siglas en inglés, EMFA (‘European Media Freedom Act’), una normativa que busca garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación públicos y privados.

«Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia», explicó Bolaños tras el Consejo de Ministros. «Esos elementos de desgaste vienen motivados, básicamente, por la desinformación, por los bulos, que son corrosivos para el derecho a la información veraz».

La palabra más repetida en la presentación de este Plan de Acción por la Democracia fue «transparencia». Con ella se refiere el Gobierno tanto a la propiedad de los medios de comunicación como a la financiación de los mismos. Por eso se acometerá también una reforma de la ley de publicidad institucional para «incluir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación», precisó Urtasun. Lo que dificultará que, por ejemplo, determinados gobiernos locales y autonómicos financien con grandes cantidades de dinero público a sus medios afines.

Del mismo modo, se exigirán criterios de transparencia a las empresas dedicadas a la medición de audiencias para saber cómo llegan a sus conclusiones, es decir, que se les conminará a explicar su metodología para saber si, efectivamente, trabajan con criterios de imparcialidad. Esto se debe a la voluntad del Gobierno de impedir que se puedan falsear los datos de audiencia, lo que acabaría repercutiendo en el reparto de publicidad institucional. Con esta medida se busca, además, «evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news», según apuntó Urtasun.

El ejercicio de la profesión periodística también será reforzado con la reforma de la Ley Mordaza: se acabarán las sanciones que los periodistas están recibiendo por hacer su trabajo cuando éste implica cubrir las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, el plan incluye una reforma integral del Código Penal para cambiar la tipificación de unos «delitos que, en el pasado, han servido para juzgar y condenar varios artistas de nuestro país», indicó el ministro de Cultura. Con ello se refuerza el acatamiento de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente las relativas a las injurias a la Corona y a la bandera.

El plan también incluye la redacción de una Ley de Secreto Profesional para proteger a los periodistas y a sus fuentes y la transposición de una directiva europea contra los acosos externos. Esta última es la llamada «ley anti-SLAPP», que sirve para proteger a los informadores de las demandas abusivas. La directiva «permite a los jueces desestimar rápidamente demandas manifiestamente infundadas contra periodistas o defensores de los derechos humanos», explicó Urtasun. Además, el Plan de Acción por la Democracia, en su afán por proporcionar transparencia, prevé la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que data de la época de la dictadura (se aprobó en 1968) y que hoy sigue en vigor.

El verdadero alcance de este ambicioso plan aún es incierto. Según el ministro Bolaños, el Gobierno contará con el poder legislativo para llevar a cabo su implementación. Eso significa que cada una de las medidas pasará por el Congreso y por el Senado para su aprobación. En razón de la propia aritmética parlamentaria, se prevén, por tanto, largas negociaciones y tramitaciones tortuosas para sacar adelante cada uno de los puntos.