El bono social eléctrico solo llega al 20% de los potenciales beneficiarios

Los precios de la luz alcanzaron en 2022 máximos históricos como consecuencia de la subida de precios de los combustibles aparejada a la invasión de Ucrania. A pesar de ello, el bono social eléctrico, el descuento que se aplica a consumidores vulnerables, solo llegó ese año a dos de cada diez potenciales beneficiarios de la rebaja, según se desprende del informe publicado publicado por EsadeEcPol y Oxfam Intermón.

A ello hay que sumar que, una buena parte de quienes sí se benefician del bono social no son familias vulnerables, ya que entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono. Por el contrario, en la categoría de rentas bajas, solo llega el 20%. La situación es todavía peor en los casos de jubilados con pensión mínima: solo llega al 9,2%.

Todo ello se produce en un contexto de altos precios en el que uno de cada cinco hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en su casa y el que en uno de cada diez hubo retraso en el pago de facturas. En total, el número de familias que consumió menos energía de la necesaria por falta de recursos económicos se ha duplicado entre 2020 y 2022.

Ante estas situaciones, el bono eléctrico permite un descuento de entre un 25% y un 80% en la factura. La bonificación está dirigida a hogares con rentas inferiores a los 8.106 euros (dato de 2022), familias numerosas con independencia de su nivel de renta y pensionistas que reciban la cuantía mínima.

«A la luz de estos datos consideramos que existen problemas de diseño que limitan que la política tenga el alcance deseado en origen. Así, consideramos necesario mejorar la eficiencia de esta ayuda, logrando que efectivamente la reciba quien la necesite, lo que multiplicaría su eficacia», explican ambas organizaciones en el informe.

En esta línea, proponen reducir las barreras de entrada para lograr el bono social. En la actualidad, el hogar debe solicitar el bono a su empresa comercializadora de electricidad, «para lo que como mínimo necesita saber de su existencia y disponer de la documentación solicitada», explican en el informe.

La responsabilidad de las administraciones

Otra de las propuestas incluidas en el informe es la de «desplazar la responsabilidad hacia las administraciones, que podrían coordinarse con las comercializadoras para identificar qué hogares son susceptibles de recibir el bono con base en los datos de Hacienda (para renta), Seguridad Social (para condiciones de pensión mínima) y otros organismos que disponen de la información necesaria», formulan, a la vez que exponen la necesidad de aparejar el bono social al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y eliminar trámites administrativos.

De la misma forma, Oxfam Intermón y EsadeEcPol piden al Gobierno que introduzca un máximo de renta para la familias numerosas para que, de este modo, se excluya a aquellos hogares que «claramente no necesitan de ningún apoyo monetario».

La fórmula actual, que permite a todas las familias numerosas acceder a este tipo de bonificaciones, ha provocado que altos cargos como el diputado y secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Alfonso Ossorio, hayan cobrado el bono social térmico en los últimos años. También lo cobró la familia de la actual ministra de Sanidad, Mónica García, si bien mostró su intención de devolverlo.