La industria del control migratorio se frota las manos ante la campaña de la derecha

La inmigración es ya la cuarta preocupación de los españoles. La campaña de la derecha política y mediática ha colocado a los extranjeros en el centro de los miedos de la ciudadanía, tal y como lo confirma el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS). Las encuestas, realizadas en julio, reflejan un aumento de casi diez puntos en la preocupación por el tema migratorio, que ha pasado de inquietar a un 7,7% hace una década a llegar al 16,9% en el pasado mes.

Una escalada que coincide con la operación de desgaste puesta en marcha por parte de las fuerzas reaccionarias contra el Gobierno de coalición y que utiliza a las personas migrantes como arma de presión a través de discursos racistas y xenófobos.

Un terreno abonado y propicio para que determinadas empresas hagan negocio basado en las emociones y miedos más irracionales de la población, convenientemente agitados desde medios y clase política. La fundación porCausa, especializada en periodismo y migraciones, ha calculado en “no menos de 9.344 millones de euros el presupuesto destinado a la externalización de fronteras de la UE entre 2004 y 2024”.

En su informe Externalización, la organización define el modelo migratorio actual como un “caos” que genera “rechazo e incomprensión” en la opinión pública de los países de destino, “muerte, sufrimiento y gastos desproporcionados” para las personas que migran y un entramado económico y político que “invierte considerables esfuerzos en garantizar que las políticas siguen el camino que han seguido hasta ahora”.

En el ranking de empresas que se benefician del control migratorio se encuentran algunas de las más conocidas en España. Así, el Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, “tiene un porfolio diversificado que abarca desde la organización de campañas de sensibilización en centros de refugiados hasta el despliegue de guardias de seguridad privados en las oficinas de Extranjería, pasando por las luces de seguridad que rodean el puerto de Melilla o el suministro de comidas y la limpieza de centros en los que se interna a migrantes sin papeles”, explica porCausa, que cifra en más de 50 millones las ganancias de la multinacional por las realización de estos trabajos entre enero de 2014 y abril de 2022.

Por su parte, Babcock Mission, líder del ranking, se encarga del suministro de aviones y helicópteros de rescate del Servicio Aéreo de Salvamento Marítimo, lo que le ha reportado contratos por valor de más de 218 millones de euros en ocho años. El top 3 lo completa Indra, cuyos servicios van desde la puesta en marcha de Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) hasta la venta de sistemas para “controlar cámaras y software de gestión de datos para fronteras inteligentes” o de radares para detectar pateras, entre otros.

El análisis de porCausa también incluye a aerolíneas que hacen negocio con los vuelos de deportación como Evelop Airlines, Air Europa, Air Nostrum o Swiftwair, a empresas tecnológicas como Thales, Atos, Amper o Telefónica, y a otras como Eulen o Mora Salazar, esta última encargada de la fabricación de alambradas y concertinas.

Para José Bautista, jefe de Investigación de la fundación porCausa, el contexto actual favorecerá un aumento de los negocios de este tipo de empresas: “No hay una crisis migratoria, lo que hay es un interés en apuntar hacia la inmigración irregular que viene de África, que es residual. La inmensa mayoría son mujeres que proceden de América Latina y llegan por vía aérea. Lo que pasa es que el 80% del gasto de la industria del control migratorio se produce en la frontera sur, el negocio está ahí”, explica el periodista.

Dinero europeo para la represión

“Lo que dice el presidente del Gobierno durante su viaje suena bien, pero la realidad es bien distinta”, asegura Bautista. Durante su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, Pedro Sánchez ha defendido que la “migración ordenada” y “regular” es “necesaria” y “conveniente”. “La irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación y entraña un riesgo evidente de muerte para los jóvenes que caen presos de las mafias. Debemos promover la migración regulada y luchar contra la migración irregular”, ha asegurado.

Sin embargo, determinadas prácticas de Europa y España no parecen encaminadas a lograr ese objetivo. Según una investigación de porCausa y Al Jazeera, la unidad de élite senegalesa Rapid Action Surveillance and Intervention Group (también conocida como GAR-SI), creada, equipada y entrenada con financiación de la Unión Europea, fue usada por el gobierno de Senegal “para reprimir violentamente las recientes protestas a favor de la democracia”. De acuerdo con la información publicada por el diario árabe, la unidad militar, compuesta por 300 hombres, fue creada en 2017 y tuvo un coste de 7 millones de euros.

Entre los vehículos identificados por Al Jazeera durante la represión de los manifestantes se encontraba el todoterreno URO Vamtac ST5, un modelo español fabricado por el fabricante gallego de vehículos pesados Urovesa. Este modelo fue entregado en presencia de la embajadora de la UE en Senegal en 2019 “como parte de un paquete de ayuda para aumentar las capacidades de GAR-SI Senegal para luchar contra la delincuencia transfronteriza”. En ese momento también se hizo entrega al Gobierno senegalés de 16 vehículos todoterreno Toyota, una ambulancia, 12 motocicletas y cuatro camiones.

“La dura represión en Senegal hizo que muchos jóvenes optaran por intentar llegar a Europa huyendo del país, por lo que se da una paradoja: la financiación otorgada por Europa al Gobierno senegalés para controlar a los migrantes que pretenden irse ha acabado provocando que más personas decidan migrar como consecuencia de la represión. Es un sistema perverso que, además, alimenta los negocios de ciertas empresas que se lucran con el sufrimiento de los migrantes”, denuncia José Bautista, quien también participó en la investigación con Al Jazeera.

Otra reciente investigación coordinada por la organización Lighthouse Reports también ha demostrado que países como Mauritania o Marruecos habrían empleado fondos de la Unión Europea para expulsar a inmigrantes subsaharianos hacia zonas desérticas de África y así disuadirles de volver a intentar llegar a Europa a través del país. 

De acuerdo con la información, los migrantes son abandonados sin comida ni agua, lo que les expone “al secuestro, la extorsión, la venta como bienes humanos, la tortura, la violencia sexual y, en los peores casos, la muerte”: “En Mauritania, Marruecos y Túnez, vehículos de la misma marca y modelo que los proporcionados por los países europeos a las fuerzas de seguridad locales detuvieron a migrantes negros en las calles o los transportaron desde centros de detención a regiones remotas, según imágenes filmadas y verificadas, testimonios de migrantes y entrevistas con funcionarios”, expone la investigación. Según la fundación porCausa, algunos de los vehículos son suministrados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP), dependiente del Ministerio de Exteriores español.

“España y Europa son cómplices de lo que sucede en estos países, algunos de los cuales son dictaduras que empobrecen a su población. Su represión es lo que empuja a muchas personas a huir”, zanja José Bautista.