Déficit democrático en la información

Este artículo se ha publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

CARLES BLANCO | El pasado mes de julio, al canal de televisión francés C8 se le retiró la licencia de emisión de TDT de la que disfrutaba. Canal 8 pertenece a Canal +, que a su vez está integrado en el grupo Vivendi, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré. La emisora, a través de su programa estrella Touchez pas mon poste, emitido diariamente en horario de máxima audiencia, con un promedio de 1,7 millones de espectadores, promovía abiertamente el populismo más reaccionario, el desprecio a las mujeres, la vejación a los homosexuales y el apoyo descarado a los políticos más próximos a la extrema derecha.

Es sabido que Bolloré interviene directamente en la dirección editorial de sus empresas, desde las que apoyó la ascensión del político de extrema derecha Enric Zemmour y, tras su fracaso en las urnas, impulsó la alianza de Los Republicanos y la Agrupación Nacional de Le Pen en las elecciones legislativas francesas de este año para intentar frenar al Frente Popular. El empresario extiende sus tentáculos a la industria de los videojuegos, a la radio y a la prensa gratuita e invierte en empresas de telecomunicaciones y grupos de comunicación como Mediaset. También es propietario del grupo español Endemol, que ha producido programas de éxito como Gran Hermano. Cuenta, asimismo, con otros canales de televisión en Francia, entre ellos el canal de noticias más visto del país: Cnews

No ha sido el gobierno francés quien ha decidido retirar la licencia de emisión a C8. Al contrario, Macron, debilitando los medios públicos y dificultando su financiación, ha favorecido la concentración de los medios privados y la penetración de la extrema derecha en ellos. Bolloré ya tiene en sus manos la tercera parte de la oferta informativa en Francia. En el país vecino, no es el Gobierno quien tiene las competencias para otorgar o retirar las licencias de emisión, sino un organismo independiente del que se dota el estado francés para la regulación de la comunicación en el campo del audiovisual: ARCOM, cuyos miembros son, mayoritariamente, elegidos por las cámaras legislativas de la República, a través de procedimientos que requieren de mayorías políticas reforzadas.

“Spain is different”

Esta autoridad reguladora de la comunicación audiovisual separada de los gobiernos no es una particularidad francesa. Más de dos docenas de estados europeos cuentan con autoridades reguladoras surgidas de procesos electivos dentro del poder legislativo, mejor o peor formulados, pero basados en mayorías parlamentarias cualificadas.

España es la gran excepción. A pesar de que existen Consejos Audiovisuales de ámbito autonómico en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, elegidos en sus respectivos parlamentos por mayorías reforzadas, la autoridad reguladora en el estado español es el Ministerio de Economía, a través de un organismo: la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), cuyos miembros son designados directamente por el ministerio.

La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), aprobada en el 2010 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, contemplaba la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales similar a los existentes en los países de nuestro entorno, pero al llegar el Partido Popular a La Moncloa lo suprimió antes de que se pusiera en marcha. Pedro Sánchez promovió, en 2022, desde el gobierno de coalición, una nueva LGCA que dejaba las competencias en manos del Ministerio de Economía, dirigido entonces por Nadia Calviño. Podemos se abstuvo en la votación en el Congreso.

La ley incluye una detallada relación de infracciones y sanciones aplicables que pueden llegar, en algunos supuestos, a obligar a la retirada de los contenidos en difusión. Considera faltas muy graves, para las que contempla multas que pueden llegar a los 1.500.000 euros en el caso de la televisión y de 750.000 euros en el de la radio “la emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta inciten a la violencia, a la comisión de un delito de terrorismo o de pornografía infantil o de carácter racista y xenófobo, al odio o a la discriminación contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento. La emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta favorezcan situaciones de desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de género”. 

Sin embargo, nunca se ha sancionado a nadie por infringir alguno de estos supuestos. Sin ir más lejos, Federico Jimenez Losantos, el 20 de marzo pasado, dijo en antena, refiriéndose a los periodistas de El País que buscaban información sobre las irregularidades urbanísticas en la vivienda de Isabel Díaz Ayuso, en el vecindario donde ésta se ubica: “¡Hombre! Alberto (González Amador, pareja de la presidenta madrileña) que es un bigarro bien plantao, además de familia militar, tendrá dos amigos. Y si no, Desokupa. Y al primero que aparezca por ahí metiéndose y tal pues tiene un accidente que se rompe tres huesos”. 

Rastreando un poco y sin mucho esfuerzo encontraríamos, entre los voceros habituales de la derecha y no solo en medios marginales sino también en los principales, decenas de ejemplos de mala praxis periodística como los descritos, sin que jamás la CNMC haya tomado medida alguna a pesar de lo establecido en la ley.

La orientación europea

El nuevo Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, dedica seis artículos y una sección entera a detallar las funciones de un nuevo organismo: el Comité Europeo de Servicios de medios de Comunicación, formado por representantes de las diferentes autoridades reguladoras independientes de los estados  miembros de la Unión. A pesar de ello y de que España no dispone de un órgano de estas características, en el debate sobre la regeneración democrática en el campo de la información, celebrado el mes de julio en el Congreso de los Diputados, no hubo ni una sola mención al tema, ni siquiera por parte de la portavocía de Sumar, quien sí ha presentado una Proposición no de Ley a la mesa del Congreso reclamando la creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación.

A pesar de la directriz europea (que aporta otra trascendente novedad: su ámbito de aplicación incluye, por primera vez, a la prensa escrita en cualquier soporte), parece que el PSOE prefiere mantener en sus manos las competencias reguladoras de la comunicación. Tampoco el PP muestra interés en modificar la actual ley. Unos y otros piensan que mientras tengan el Gobierno tendrán la manija y podrán obtener un mejor trato de los medios a los que favorezcan.