Prisión sin fianza para el director y cuatro trabajadores de un centro de menores de Zaragoza

El Área de los delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza detuvo, el pasado 2 de agosto, a cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca (Zaragoza), por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, cometidos hacia menores internos en dicho centro.

Los detenidos fueron el director del centro, dos educadores y dos auxiliares. La jueza titular del juzgado Mixto número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, encargada de la investigación judicial, decretó su entrada en prisión comunicada y sin fianza. El centro es privado (aunque tiene plazas concertadas con el Gobierno de Aragón) y lo gestiona la Fundación Salud y Comunidad.

La investigación, apuntan desde la Guardia Civil, se inició como consecuencia de varias denuncias interpuestas en dependencias de La Policía Nacional de Zaragoza por la progenitora de uno de los menores, “en las que exponía unas supuestas lesiones hacia su hijo por parte de los educadores del centro”.

Aislamiento, tratos degradantes, golpes, encierros

Desde la Guardia Civil detallan que iniciaron una investigación para verificar los hechos denunciados, durante la que se han realizado multitud de gestiones y tomado manifestaciones a varios empleados del centro, así como a la supuesta víctima. «Como resultado de la información obtenida en la citada investigación, se pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del director del centro de menores, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión, que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos», argumentan.

Las actuaciones se basarían en “episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían golpeado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventada de la puerta previamente y cerrado la misma con llave, antes de efectuarse tales agresiones”, comentan en la nota de prensa.

Además, agregan, “se constató cómo al menor se le realizaron contenciones (inmovilizaciones físicas) que no fueron registradas, tal como indica la normativa de actuación en estos centros de menores, y que de las mismas tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que éstas no fuesen registradas”.

El director pidió un informe falso

Todos los hechos relatados que habría sufrido el menor, “que se intensificaron desde finales del mes de junio”, relatan en la Guardia Civil, “habrían provocado en él una inseguridad de estancia en el centro, así como un sentimiento de temor por su vida. Una situación que finalmente comunicó a una de las trabajadoras y que se puso en conocimiento por esta persona al director del centro de menores, el cual no observó que el procedimiento que se efectuaba con el menor fuese contrario al protocolo de actuación con los internos”.

Igualmente, los investigadores lograron determinar que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe que mostrase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión. Dicho trabajador se negó en rotundidad a emitir un informe falso, subrayan en la nota de prensa sobre la operación.

Cierre provisional del centro

La magistrada dictó un auto de medidas cautelares decretando el cierre provisional del centro. En este, señala que, “en el presente caso, existen indicios suficientes de los que se infiere racionalmente la comisión de delitos contra la integridad moral, tortura, lesiones, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal, por parte de los investigados, tal y como se deduce del contenido de las exploraciones judiciales de los menores denunciantes, de las declaraciones testificales practicadas a personal trabajador del centro, de los informes forenses y de los datos obrantes en el atestado policial”.

Desde el Gobierno de Aragón informan de que están abordando el traslado de los menores a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales –en concreto, la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela y la Dirección Provincial del IASS en Zaragoza–.

El Ejecutivo autonómico asegura que “todas las acciones llevadas a cabo en las últimas horas y las que se están realizando ya tienen como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los menores, que están bajo la guardia y custodia de la Administración”.

Recuerdan, además, “que este centro de menores es de gestión privada con capacidad para unos 30 menores y cuenta con una veintena de plazas concertadas dentro de un acuerdo marco cuya atención y protección corresponde a Aragón”.

No había personal cualificado

Poco después de la detención se supo que los trabajadores y trabajadoras de este centro no disponían de la cualificación profesional necesaria. Así lo indicó Diego Royo, vicepresidente del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón (CEES), en una entrevista en Heraldo. Afirmó que en este centro «debería haber dos educadores sociales que, en realidad, no lo eran».

En el mismo medio, Pascual Jiménez Bagués, miembro de la comisión de Mediación y Arbitraje del CEES y funcionario de Menores, indicó que no tenían constancia de que ningún educador social de Aragón estuviera trabajando en este centro.

Asimismo, en un comunicado emitido por el propio CEES, recuerdan que, tal y como se recoge en la Ley 9/2005 de creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, la colegiación es obligatoria para el ejercicio profesional.

Las externalizaciones con entidades privadas

En otro comunicado previo, del 5 de agosto, desde el CEES manifiestan que «todos los recursos del sistema de protección y reforma de la comunidad autónoma deberían ser de carácter público, obviando las externalizaciones con entidades privadas, pues el objeto de intervención son la infancia más vulnerable y sus familias».

Apuntaron, además, que desde el Colegio habían denunciado, «en innumerables ocasiones, y con diferentes gobiernos autonómicos, la insuficiente falta de control y supervisión por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de los conciertos con las entidades privadas, pliegos en los que se incumplen demasiadas veces algunas de las condiciones que la propia Administración marca, prestaciones laborales, protocolos de actuación o titulaciones de profesionales, entre otras».

Actualizada el 23 de agosto de 2024 a las 8:17 horas