Transparencia en el sector público: suspenso en las medidas obligatorias

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha publicado los resultados de la evaluación realizada en 2024 del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Se ha analizado a 128 entidades públicas, que se seleccionaron mediante un muestreo aleatorio estratificado según tipología de entidad.

El informe refleja un índice medio de cumplimiento del 45,1%, lo que supone una mejora del 4,2% respecto a 2023. Las dos entidades con menor porcentaje son el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife (cumple un 3,2% de sus obligaciones) y la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos (3,9%).

Obligadas desde 2014

El bajo grado de cumplimiento, explican en la nota de prensa, “se debe principalmente a la falta de publicación de las informaciones obligatorias, habiéndose constatado que, en total, aún no se publica el 53,8 % de las exigidas por la LTAIBG. Junto a ello, cabe destacar que el CTBG considera inapropiada la práctica frecuente de remitir a fuentes centralizadas, como la Plataforma de Contratación del Sector Público o la Base de Datos Nacional de Subvenciones”.

Que no se haya alcanzado un mayor grado de cumplimiento no parece que se deba a falta de tiempo, puesto que, como recuerdan desde el CTBG, “se trata de obligaciones legales de carácter vinculante que están vigentes desde el 10 de diciembre del año 2014”. De hecho, exhortan a los responsables de estas entidades “a cumplir con la ley sin dilación”.

El 28% de las entidades evaluadas en 2023 no ha aplicado ninguna mejora

El análisis realizado pone de relieve que el 77,3% de las entidades evaluadas dispone de un Portal de Transparencia en su web institucional. Casi el 23% de las entidades carece de un espacio específico para la publicación de las informaciones obligatorias, lo que obliga a recorrer los distintos accesos y apartados de sus webs institucionales para localizar la información, muchas veces incompleta.

Resulta significativo que los índices de cumplimiento de las entidades evaluadas por primera vez en 2024 se sitúan de media en el 39,8%, en tanto que el de las que ya se evaluaron con anterioridad, y ahora se reevalúan, alcanzan el 59,6%, en parte al haber aplicado un 45,4% de las recomendaciones que se les han formulado.

El CTBG aún considera insuficiente el esfuerzo realizado por algunos de los destinatarios (el 28% de las entidades evaluadas en 2023 no aplicaron ninguna de las recomendaciones o menos del 20% de ellas; mientras que idéntico porcentaje aplicó al menos el 80% de las recomendaciones).

Las entidades públicas que más cumplen en transparencia

En el lado opuesto del ranking, al que ocupan el CZF Tenerife y la Fundación Valle de los Caídos, están Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) y la Autoridad Portuaria de Valencia, con el 100% de cumplimiento.

También arriba se sitúan Equipos Nucleares SA (ENSA), con un 96,6% de cumplimiento; Cofivacasa (92,7%); ICEX (92,6%); la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores (92%) y Almería Alta Velocidad (91,9%).

La Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos

Analizando la evaluación de transparencia de la Fundación del Valle de los Caídos, emitida por el CTBG, se comprueba que sólo cumple con una de sus obligaciones en cuanto a publicidad activa: la de informar sobre sus funciones. Nada han encontrado sobre, entre otros aspectos, su estructura organizativa, el perfil y la trayectoria de sus responsables, la retribución de sus altos cargos, sus presupuestos, los contratos adjudicados o las subvenciones y ayudas públicas recibidas.

Esta fundación fue impulsada por Franco. Tal y como explican en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, “en 1957 se publica en el Boletín Oficial de Estado el Decreto-ley donde se establecía la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y se promulgaban las bases jurídicas y patrimoniales del monumento. Para definir el conjunto y sus funciones, en este Decreto se despliega la retórica nacionalcatólica que caracterizó al régimen franquista. Las nociones cristianas de ‘perdón’, ‘hermandad’ o ‘mensaje evangélico’ se conectan con las de ‘Cruzada’, ‘Caídos’ y ‘Victoria’ militar, expresando la interpretación histórica de los vencedores en la contienda y su concepto y jerarquía del patriotismo, contenidos en la expresión ‘nuestros héroes y nuestros mártires’”.

A la espera de su extinción desde 2022

La Ley de Memoria Democrática de 2022 estableció la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Esa liquidación se produciría, tal y como se apuntó en la misma ley, mediante un real decreto que estatuiría el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros, determinando “la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”.

Casi dos años después de la entrada en vigor de dicha normativa, la Fundación aún no ha sido extinguida. De hecho, el pasado 20 de marzo de 2024, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció, en su comparecencia en la Comisión de Constitucional del Congreso que, “en cuanto Patrimonio Nacional termine la auditoría de bienes, procederemos a la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, tal y como se puede comprobar en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.