Las oficinas ‘antiocupas’ en los nuevos gobiernos autonómicos no son una prioridad

Oficinas antiocupas, cambios legislativos y servicios telefónicos para atender a personas afectadas por la usurpación de su vivienda: estas son algunas de las medidas que la derecha anunció en las comunidades autónomas donde Vox entró en el Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023. En la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Baleares, este asunto figuraba en los acuerdos que el PP firmó con la formación de Santiago Abascal para conformar los ejecutivos regionales.

Un año después, y antes de que Vox rompiera con el PP sus acuerdos de Gobierno abruptamente esta semana, se demuestra que el tema no ha sido una prioridad en ninguno de esos territorios, ya que estas propuestas todavía no están funcionando.

Por otro lado, en las autonomías que sirvieron de inspiración, estos servicios no han tenido una gran demanda en los últimos años. Así, Andalucía ha recibido solo 23 consultas sobre ocupaciones desde 2021, mientras que en Madrid, el teléfono antiocupación impulsado por Isabel Díaz Ayuso ha gestionado en 2024 una media mensual de cuatro o cinco ocupaciones en curso, y en Castilla y León algunas oficinas, como las de Ávila y Salamanca, han recibido apenas dos y seis consultas, respectivamente, en sus primeros diez meses de vida. 

En el Congreso de los Diputados y en sus mítines, la extrema derecha ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a España en el “paraíso de la okupación”. “Durante los comicios autonómicos de mayo y los generales de  julio de 2023, Vox adoptó la ‘okupación’ de viviendas como uno de sus temas destacados de campaña”, explica la investigadora de la Universidad de Valencia Lucía Márquez Martínez en un estudio académico en el que analiza la cobertura de este tema en El Programa de Ana Rosa (Telecinco). 

Márquez Martínez señala que, si bien la ocupación “es un problema real”, “su magnitud no parece ser tan alarmante como algunas narrativas políticas y mediáticas sugieren”. Los datos oficiales respaldan esta conclusión: en 2022 se dictaron 4.292 condenas por ocupación ilegal. En 2020, las viviendas ocupadas representaron solo el 0,055% del total de inmuebles contabilizados ese año, si se consideran como tales las denuncias presentadas por allanamiento y usurpación, siempre según los datos del Ministerio del Interior.

“Sin novedades” en la Comunidad Valenciana

Con el cambio de ciclo en la Generalitat Valenciana, el gobierno de PP y Vox se comprometió a crear «una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal». Sin embargo, un año después de los comicios, el gabinete de prensa autonómico asegura que “no hay ninguna novedad” respecto a esta iniciativa.

Siguiendo el ejemplo de Castilla y León, Baleares anunció la puesta en marcha de una oficina y un teléfono de atención para los afectados de la ocupación. Aunque asignaron un millón de euros en los presupuestos de 2024 para esta misión, hasta ahora no se ha formalizado ningún procedimiento para implementar este servicio, tal y como explican desde el equipo de comunicación del Gobierno insular. Además, en relación a este asunto, señalan que están elaborando una ley autonómica de vivienda. 

Murcia y Aragón también incluyeron un epígrafe en sus acuerdos de Gobierno con medidas destinadas a este asunto. Ninguna de las dos comunidades ha explicado a La Marea en qué punto se encuentran dichos compromisos. No obstante, fuentes de Vox en Aragón aseguran que han comenzado a licitar una “oficina contra la ocupación ilegal” que será gestionada por un despacho de abogados. 

Valladolid no necesita intervención policial

Con la llegada de la extrema derecha al Ejecutivo de Castilla y León, el partido de Abascal demostró que este asunto iba a ser una punta de lanza en sus argumentarios autonómicos. En esta comunidad impulsaron la creación de oficinas antiocupación, aunque esta situación afectase en 2021 a 13,5 de cada 100.000 castellanoleoneses, según el recuento de denuncias del Ministerio de Interior. 

Entre junio de 2023 y marzo de 2024, estas oficinas recibieron 172 consultas, muchas de ellas sin plantear problemas concretos. Por ejemplo, en Zamora, solo tres de las 21 peticiones de información estaban relacionadas con casos concretos de ocupación; la mayoría se centraba en prevención, según una respuesta emitida por el portal de transparencia autonómico. 

Lo mismo sucedió en Valladolid. De las 58 consultas contabilizadas, ninguna requirió la actuación de las fuerzas de seguridad. Estas oficinas también atendieron llamadas realizadas fuera de Castilla y León. Por ejemplo, en Soria, donde se registraron 22, se pidió información sobre una vivienda de Benidorm. En esta provincia, los empleados atendieron seis dudas sobre casos de ocupación, cuatro de ellos ya judicializados.

Seis consultas en 2023 en Andalucía

En 2021, el Gobierno andaluz –que necesitaba el apoyo de Vox y Ciudadanos– cambió el nombre del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios por Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda. Desde entonces y hasta mediados de abril de 2024, estas oficinas han recibido 23 consultas sobre ocupaciones, según el portal de transparencia autonómico: cuatro en 2021, cinco en 2022, seis en 2023 y ocho durante los primeros tres meses y medio de 2024.

Otra autonomía que creó un servicio para combatir la ocupación fue la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso puso en marcha un teléfono ‘antiocupas’, que ha recibido 2.976 llamadas entre junio de 2022 y abril de 2024. Sin embargo, solo 183 de ellas estaban relacionadas con una ocupación en curso, según los datos obtenidos por una petición de información pública. Con el paso de los meses, las llamadas por ocupación han disminuido. Cuando este servicio comenzó a funcionar, recibía varias consultas mensuales con casos que relataban usurpaciones o allanamientos que se estaban produciendo en ese momento, alcanzando un pico de 21 en octubre de 2022. Con el tiempo, estas quejas se han reducido: en enero de 2024 hubo tres llamadas; en febrero, cinco; y en marzo, otras cinco. 

Cuando llegan llamadas sobre allanamientos o usurpaciones, los trabajadores de esta línea las derivan al 112 para que actúe la Policía Nacional o la Guardia Civil. Se desconoce la partida presupuestaria específica destinada a este servicio, prestado por el Centro de Coordinación Municipal. No obstante, la Comunidad de Madrid indica que la empresa TRAGSATEC recibió 1,2 millones de euros para gestionar todas las actuaciones del centro entre 2022 y 2024. 

Este reportaje se ha realizado con el apoyo del programa ‘Disarming disinformation’ del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años financiado por Scripps Howard Fund.