El lucrativo negocio de Desokupa, al descubierto

Esta investigación se ha publicado originalmente en la revista #LaMarea101. Puedes conseguirla aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.

Antes de convertirse en un habitual de los programas matutinos de las cadenas privadas, que han dado una cobertura sobredimensionada del fenómeno de la ocupación, Daniel Esteve, el líder de Desokupa, ha tenido varias vidas: ha sido boxeador, promotor de eventos deportivos, cobrador de morosos y portero de discoteca, tal y como recoge la hemeroteca. La última de sus facetas, la que le ha aupado a la fama, comenzó hace más de una década en el gimnasio Arsenal, un exclusivo centro deportivo de Barcelona en el que trabajaba como entrenador personal y dando clases de boxeo. Por sus lujosas instalaciones, que también sirven de club social solo para hombres, han pasado empresarios, abogados y políticos con poder en la capital catalana.

Entre manopleos, sesiones de sparring y entrenamientos de esquiva, nació la idea que daría origen a Desokupa. Fue en el ring del Arsenal donde Esteve conoció al socio con el que fundaría la compañía de desalojos extrajudiciales. Este empresario, que posteriormente se desvinculó de la compañía, según las fuentes consultadas, era uno de sus alumnos y buscaba a alguien que le ayudase a desalojar a unos okupas de un edificio en el barrio del Raval. Hizo tándem con Esteve. «Y funcionó. Vaya si funcionó», explicó en 2016 el agitador en una entrevista en Intereconomía en la que detalló cómo se produjo esa primera actuación.

El primer dispositivo de Desokupa consistió en un «control de accesos», donde un «equipo de conserjes» con el «listado de todos los vecinos» —según añadió el líder de la empresa en Intereconomía— revisaba «quién entra y quién sale» del bloque o del apartamento. Las operaciones de Desokupa consisten, primero, en intentar llegar a un acuerdo con los inquilinos. Si eso no funciona, establecen un control de acceso para que, si salen de la vivienda, no puedan volver a entrar.

El empresario catalán está bien asesorado legalmente y conoce los límites a los que puede llegar, explican las fuentes consultadas. Otro factor a tener en cuenta es el perfil de los afectados por sus métodos: personas en riesgo de exclusión social o miembros de colectivos okupas, que tienden a no denunciar por falta de recursos, por temor o porque son conscientes de que están residiendo en una vivienda que no es de su propiedad.

Desokupa tiene otra particularidad, que llamó la atención desde el primer momento en el que empezó a funcionar: la corpulencia y el aspecto intimidante de sus empleados. Son hombres musculosos, muchos con «certificaciones en artes marciales», según explican fuentes que han pasado por la empresa. Investigaciones periodísticas, como las realizadas por La Directa, llegaron a identificar en operativos de la compañía, a un joven de ideología neonazi. Esteve se desmarcó de estas acusaciones asegurando que no formaba parte de su empresa, sino que trabajaba en la propiedad del edificio, tal y como explicó en una entrevista con el youtuber RickyEdit.

Intimidación física y verbal

Es habitual que haya violencia en los vídeos que Desokupa publica de sus actuaciones. En ellos, Esteve y sus empleados reducen, en su mayoría, a hombres que identifican como ocupas, acusándolos de estar armados o de ser agresivos. En una de esas imágenes, difundidas por el tabloide Estado de Alarma, se ve a dos empleados reteniendo a un hombre por el cuello, mientras otro le graba y se escucha cómo le preguntan: «¿Esto qué es, maricón?», mostrando un cuchillo. En sus plataformas, el empresario catalán amenaza abiertamente a sus objetivos, advirtiéndoles de que saldrán de la casa «por la puerta o por la ventana».

El abogado Diego Redondo coincidió con Desokupa en 2017, cuando intentaban desalojar el centro social La Yaya, en Madrid. Recuerda el «trato chulesco» de los trabajadores de la empresa, así como un clima de «intimidación física y verbal». Otro letrado, Andrés García Berrio, ahora diputado autonómico catalán por Comuns Sumar, describe su encuentro con esta compañía como una de las situaciones en las que «más miedo» ha pasado en su carrera. Ayudó hace cinco años a una familia que iba a ser desalojada y afirma que, aunque había mossos presentes, sufrió «intimidación» al entrar «en un edificio lleno de matones».

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también están al tanto de las prácticas de la empresa de desalojos. Las fuentes policiales consultadas por La Marea cuestionan los métodos que utiliza esta empresa para realizar los desalojos. En Catalunya, los Mossos d’Esquadra han actuado en 28 ocasiones contra esta empresa, según publicó El País en mayo de 2023. La Marea ha intentado verificar esta información con el gabinete de prensa de la policía catalana, que asegura que «no dispone de ese dato».

Ahora, youtuber político

Desde hace unos meses, Esteve tiene una cita diaria con sus seguidores. Antes de que muchos arranquen la jornada, el líder de Desokupa ya ha publicado su sermón matutino, bautizado como «Desokupa News». En este vídeo de cinco minutos aborda y opina sobre temas que marcan la agenda de la extrema derecha. Un seguimiento similar al que realiza Alvise en su canal de Telegram.

En «Desokupa News», Esteve aparece vestido con sus habituales camisetas negras, a veces de cuerpos policiales o militares, y con una gorra con la visera hacia atrás. Además, no faltan banderas de España y escudos de diferentes unidades de Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este contenido, que en TikTok (cuando estaba activa su cuenta) superó algunos días el medio millón de visualizaciones, incluye comentarios racistas, bulos, fake news e insultos a representantes de gran parte del arco parlamentario; solo Isabel Díaz Ayuso, Alvise y los miembros de Vox se salvan de sus ataques. Entre sus principales objetivos se encuentra el presidente del Gobierno. Esteve jalea a aquellos que le insultan, le llama «rata» y le acusa tanto a él como a su mujer, Begoña Gómez (a la que se refiere como «Begoño»), de realizar actividades delictivas.

Sumergirse durante meses en el contenido de Esteve implica exponerse a teorías conspiranoicas como la de los chemtrails. El líder de Desokupa se hizo eco de unas declaraciones que aseguraban que «los aviones fumigan para impedir que llueva y así llevar a cabo la Agenda 2030». En sus publicaciones, realiza también comentarios machistas y tránsfobos, pero el colectivo más señalado por él son los inmigrantes: «Se han ido un millón de españoles buenos, que iban a levantar el país, [en alusión a los jóvenes que se marchan de España por la falta de oportunidades laborales] y sin embargo, están entrando muchos más que vienen solo a poner la mano y a meter la puñalada», aseguró en otra de sus publicaciones.

Fue el pasado 1 de abril cuando Esteve citó por primera vez a José Manuel Lomas en sus redes. En uno de los episodios de «Desokupa News» se mostraba escandalizado al explicar que la Fiscalía pedía al octogenario 12 años y medio de prisión por «hacer frente a un inmigrante que entró en su casa con una sierra». «¡Una motosierra!», exclamaba, animando a su audiencia a que se imaginara «las intenciones» del intruso. Este suceso ofrecía a Esteve los ingredientes perfectos con los que azuza el odio a los extranjeros –a los que llama «anchoas que no comen jamón»– en sus cuentas: un anciano al que victimizar y un migrante al que señalar con información descontextualizada.

«España, aquel país donde si entran a matarte no te puedes defender [sic], pero no hagas una reseña del tomate porque te meten al trullo», aseguró en ese mismo vídeo. Este comentario es un ejemplo más de la desinformación que el líder de Desokupa difunde en sus redes. En sus vídeos juega con la descontextualización de titulares que se viralizan en Internet. Así sucedió, por ejemplo, al situar en España una noticia que realmente sucedió en Nigeria, donde una mujer fue denunciada por criticar una marca de tomate triturado en Facebook, según publicó CNN.

Esteve ha capitalizado con éxito su contenido político. Aunque su empresa lleva casi una década activa, su popularidad digital se disparó en mayo y julio de 2023, coincidiendo con las dos campañas electorales en las que buscó protagonismo, según los datos de Google. Este cambio de perfil ha logrado que aumenten sus seguidores en cientos de miles. Queda por saber si también ha impactado en su facturación, ya que los resultados financieros de su empresa en 2023 todavía no se han publicado al cierre de esta edición.

689.000 € en cuatro años

La popularidad de Esteve no se entendería sin la cobertura que le dio la televisión durante sus primeros años como desokupador. Los programas matinales se convirtieron en su primer altavoz. Ahora, con el impacto que tiene su marca en las redes, ya no los necesita y no duda en cargar contra ellos. Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha sido uno de sus principales objetivos, después de que la periodista cuestionase el papel del empresario catalán en Barcelona durante las pasadas elecciones municipales.

Desokupa no solo encontró un hueco en los medios, también en el mercado, y lo ha sabido explotar, facturando anualmente alrededor de un millón de euros y alcanzando su pico de negocio en 2019 con 1,7 millones. La empresa operada por Esteve, denominada Conciencia y Respeto 1970 SL, despegó a los pocos meses de ponerse en marcha, anotando beneficios que pasaron de 88.337 euros en 2017 a 171.463 en 2022, aunque en 2021 registró cifras negativas.

Los números de esta empresa no sólo han impactado en sus propias cuentas, también en las de su propietario, que ha percibido una remuneración total de 689.000 entre 2019 y 2022, según las cuentas presentadas por la empresa. A pesar de su volumen de negocio, ni esta compañía, ni Dem Urbanas (una empresa cuyo socio único es Conciencia y Respeto 1970 SL), ni el propio Esteve tienen nada a su nombre en el registro de la propiedad, siempre según la información que esta institución ha facilitado a La Marea. Esta redacción ha intentado contrastar en reiteradas ocasiones estos datos con el empresario, sin que éste haya respondido por el momento al cuestionario enviado.

Generalmente, los propietarios recurren a estas empresas de desalojos para evitar judicializar el conflicto. «Sienten la necesidad de encontrar una respuesta rápida», explica Rafael Estévez, juez decano de Cáceres, quien además señala que estas compañías «proliferan» entre personas a las que se les ha privado de su primera o segunda vivienda y siguen asumiendo gastos mensuales como la comunidad o la hipoteca. «La justicia siempre llega, pero es lenta y hay personas que recurren a otras vías», añade el magistrado. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirman que hay un problema. En seis años, el plazo para obtener una sentencia se ha incrementado en más del doble. Si en 2018 los procedimientos por ocupación ilegal de inmuebles se resolvían en casi cinco meses, en 2023 tardaron un año en solucionarse.

El momento justo

La irrupción de Desokupa coincidió con un aumento de las denuncias por ocupaciones ilegales y las condenas por usurpaciones de inmuebles. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, «los desahucios hipotecarios alcanzaron un número altísimo», «mucha gente se vio sin alternativa habitacional» y terminaron okupando, razona Víctor Palomo, abogado especializado en el derecho a la vivienda, que considera que estos datos recogen «los estragos de la crisis del ladrillo de 2008».

En los últimos años, el problema de la ocupación ha sido un tema central en el discurso de los tres principales partidos de derecha: Ciudadanos, PP y Vox, quienes han propuesto leyes para combatirlo y han impulsado en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan oficinas y líneas de teléfono antiocupación. Las estadísticas oficiales y la demanda que han tenido estos servicios muestran el abismo entre esos discursos y la realidad (tal y como ha podido recopilar La Marea, cuyos resultados publicará en un artículo más amplio).

En 2022, el último año del que hay datos, se dictaron 4.292 condenas por ocupación, mientras que el número de desahucios fue significativamente mayor (38.266). Todo esto en un país que ese año superó los 48 millones de habitantes.

Desokupa fue uno de los actores, junto a partidos políticos y medios de comunicación, que consiguieron que se fomentara el «miedo a la ocupación de la vivienda particular» tras el pinchazo de la burbuja, indica Eduard Sala, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y analista de la crisis de la vivienda. «Básicamente es un discurso que se ha ido imponiendo, que no ha ido acorde a la estadística, pero sí que ha ido monopolizando el tema de la vivienda», explica. Se agitó esta alarma social, añade el entrevistado, para no poner el foco en el gran problema que atañe a este asunto: las dificultades para acceder a una vivienda.

Siguiendo la estela de Desokupa, y viendo que hay negocio, se han constituido decenas de empresas con el mismo objetivo. Sólo en el registro de marcas constan 20 resultados al buscar la palabra «desokupa». En el mercantil, otra veintena. La proliferación de estas empresas ha agitado los juzgados. El juez decano de Cáceres confirma que «algunas» de estas compañías actúan «al límite de la ley y otras, directamente transgrediéndola».

Algunas sentencias han comenzado a señalar las prácticas de estas empresas con condenas por delitos de coacciones o lesiones. A mediados de mayo, los Mossos d’Esquadra desarticularon una «organización criminal» –según la policía catalana– que operaba como empresa de desalojos extrajudiciales, con el nombre de Antiokupa Tarraco, y que utilizaba métodos violentos. La investigación detectó, además, un comportamiento racista, ya que se ensañaban con «colectivos de determinados orígenes nacionales».

La Justicia entra en juego

Ante las sentencias que iba acumulando su competencia y los reproches que recibía por sus propias actuaciones, Esteve siempre alardeaba de no tener «ni una sola condena judicial». «Eso es lo que les jode realmente a las ratas estas que nos llaman nazi [o] ultraderecha», añadió en una entrevista que mantuvo con el youtuber RickyEdit.

Sin embargo, su marcador de condenas a cero terminó el año pasado. La empresa fue condenada por una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de Shervin Mansouri, un activista que defiende el derecho a la vivienda, tras difundir un vídeo sin su consentimiento en el que aparecía su imagen. El contenido, acompañado de un mensaje en el que relataba que estaban realizando un «operativo» contra «un colectivo de perroflautas» en enero de 2022, llegó a tener más de 300.000 reproducciones en los perfiles de la empresa.

Esta sentencia pionera apuntó a la línea de flotación de la estrategia de Desokupa: las redes sociales. La Justicia constató –en un fallo que ha sido recurrido– que este tipo de publicaciones tiene fines comerciales, contribuye a promocionar la marca y a atraer a nuevos clientes.

Alejandra Jacinto recuerda la primera vez que coincidió con Esteve. Nunca se habían cruzado en la calle, a pesar de que esta abogada lleva más de una década parando desahucios en Madrid. Se conocieron en un debate de televisión. Y volvió a saber de él por las redes sociales, cuando Jacinto ya era diputada autonómica de Podemos. Cuenta que el empresario le dedicó un vídeo. «Se me llenó Instagram de un montón de seguidores de Esteve, y de ese perfil, como votantes de Alvise, que me insultaban y me llamaban hija de puta», explica.

El acoso en redes también estuvo presente en el caso de José Manuel Lomas, el octogenario que mató a Nelson David Ramírez. Este hombre de nacionalidad hondureña pasó por el Ejército español y, según Alfredo Arrién, abogado de la familia Ramírez, «después de combatir y de hacer una misión en el extranjero había venido un poco tocado». Durante la instrucción y el juicio, Arrién sostiene que él y su equipo tuvieron «a toda la maquinaria política de la ultraderecha» señalándoles. Las amenazas se disparaban cuando participaban en algún debate en programas de televisión. «Se acaba el debate y tenía en Instagram cientos de mensajes de gente diciendo ‘vamos a entrar a tu casa a matarte, a ti y a quien venga por delante, porque eres un traidor a la patria’», detalla.

Este reportaje se ha realizado con el apoyo del programa ‘Disarming disinformation’ del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años financiado por Scripps Howard Fund.