Política
La “policía patriótica” del Partido Popular espió a los diputados de Podemos
Nuevas pruebas revelan cientos de consultas ilegales en bases de datos policiales que afectaron a figuras como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Irene Montero o Íñigo Errejón durante el gobierno del PP
Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Bustinduy, Ione Belarra… Así, hasta 55 de los primeros 69 diputados y diputadas que Podemos obtuvo en las elecciones generales de 2015 fueron investigados de forma ilegal por la llamada «policía patriótica» durante el gobierno del Partido Popular. Sus nombres figuran en la documentación enviada por el juez Santiago Pedraz a la Audiencia Nacional, según informa El País, donde se detallan cientos de consultas a bases de datos policiales realizadas entre 2015 y 2016.
Fue en enero de 2016 cuando Francisco Martínez, entonces número dos del Ministerio del Interior, mantuvo conversaciones con Enrique García Castaño, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO). Estos mensajes de WhatsApp, extraídos del teléfono móvil de Martínez durante la investigación del ‘caso Kitchen’, muestran un claro interés en obtener información comprometedora sobre los nuevos diputados de Podemos.
Tras una querella presentada por esta formación, el juez Pedraz inició una investigación en febrero de este año. En su denuncia, la formación morada aseguraba haber sido víctima de maniobras ilegales por parte de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy; una máxima que estos mensajes vendrían a corroborar. En ellos, Francisco Martínez muestra un particular interés en encontrar conexiones entre los diputados de Podemos y actividades extremistas o violentas: “De aquellos de Podemos que tenían antecedentes… ¿Pudiste confirmar algo?”, pregunta en uno de estos mensajes. La respuesta de García Castaño sugiere que, a pesar de la exhaustiva búsqueda, no se encontraron tales vínculos, excepto en un caso aislado.
El informe policial, fechado el 8 de julio, detalla cientos de consultas sobre los representantes parlamentarios de Podemos en diversas bases de datos policiales, incluyendo Argos y Sidenpol. Estas consultas, realizadas sin autorización judicial, permitían acceder a información sensible como antecedentes policiales, contenido de diligencias, viajes, alojamientos y vehículos de los investigados.
Entre los diputados más afectados por este supuesto espionaje se encuentran Pablo Iglesias, con 121 búsquedas realizadas por 39 usuarios diferentes en cuatro bases de datos distintas. Por su parte, Yolanda Díaz, actual vicepresidenta del Gobierno, fue objeto de 401 consultas por al menos 230 usuarios. Íñigo Errejón fue buscado 34 veces en tres bases de datos diferentes por 10 usuarios policiales. Las actuales líderes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, fueron investigadas en 13 y 28 ocasiones, respectivamente, mientras que el ahora ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, fue rastreado 13 veces.
Según apunta el diario El País, esta operación ilegal destinada a recopilar y usar datos personales con fines policiales constituye un delito contra el derecho a la vida privada y familiar, recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo especifica que “no podrá haber injerencia de la autoridad pública” a no ser que esta sea “necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales”.
La operación, motivada por el temor del Partido Popular a perder el gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015 ante la posibilidad de una alianza entre PSOE, Podemos y otras fuerzas políticas, tenía como objetivo desacreditar a los diputados y diputadas liderados por Pablo Iglesias, buscando elementos en sus vidas que pudieran ser motivo de reproche social. Para ello, Interior se valió presuntamente de recursos estatales con una finalidad política.
Pero que morro tienen fachas y curas; dios los cría y ellos se juntan para joder al pueblo. Nunca mejor dicho.
En lugar de reconocer su culpabilidad y pedir perdón aún se muestran ofendidos y como si les faltáramos al respeto.
Enfado “mayúsculo” de la Iglesia con el Gobierno: “Usa a las víctimas de abuso para su interés político”
Los obispos y los religiosos españoles se sienten “engañados y ninguneados” por el ministro Félix Bolaños, tras deslegitimar el plan integral de reparación que se aprobará el martes.
Enfado y decepción. “En grado mayúsculo”. Así se expresan tanto desde la Conferencia Episcopal Española como desde la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ante la estrategia utilizada en estos últimos días por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para deslegitimar el plan de reparación para las víctimas de abusos que la Iglesia prepara desde hace meses y que se aprobará definitivamente este martes en una Asamblea Plenaria Extraordinaria.
“Una vez más -lamentan fuentes eclesiales-, le hemos tendido la mano al Gobierno y, como ha sucedido en otras tantas ocasiones, sea en las inmatriculaciones o en materia educativa, nos la han vuelto a jugar. Nos sentimos engañados y ninguneados”. “No se puede confiar en quien responde al diálogo con deslealtad partidista, que aprovecha cualquier materia para presentar a la Iglesia como enemigo de la sociedad y adversario político”, aseguran.
España es mía;
pero que se creen estos advenidizos, estos muertos de hambre.
El generalísimo por la gracia de Dios salvó a España de todos los que no pensaran como nosotros y todo lo dejó bien atado para nosotros, vamos a permitir que estos advenidizos se metan en nuestros asuntos?; pero quienes se creen que son estos muertos de hambre!
¿Qué sentido tiene pintar bancos de morado para proteger a las mujeres si luego es necesario espiar a los potenciales agresores? Vaya tomadura de pelo…