Jesús Rodríguez, periodista exiliado en Suiza: “Los jueces de Tsunami Democràtic han aplicado la plantilla vasca del todo es terrorismo”

Durante los últimos veinte años, Jesús Rodríguez ha cubierto la mayoría de las protestas y movilizaciones sociales de Catalunya, especialmente las de Barcelona. Su trabajo, publicado en La Directa, ha desvelado ilegalidades cometidas por los Mossos como las mutilaciones provocadas por el uso de pelotas de goma, la muerte durante una detención en Rubí o la infiltración de agentes en movimientos sociales de izquierda.

En octubre de 2023, el juez Manuel García-Castellón le imputó por terrorismo en la causa Tsunami Democràtic por las conversaciones que mantuvo con el jefe de la oficina de Carles Puigdemont en las que hablaba de las fechas de las movilizaciones convocadas contra la sentencia del Procés y el encarcelamiento de sus líderes. Rodríguez atendía a La Marea el pasado viernes por videoconferencia desde Suiza, donde se exilió a finales de 2023 para “preservar sus garantías”.

Hoy a mediodía, tras conocerse que la Audiencia Nacional había anulado todas las diligencias por la causa Tsunami Democràtic desde julio de 2021 debido a un error procesal, el periodista se mostraba «prudente» en declaraciones a La Marea: «Estamos ante una investigación judicial de tres años hecha, claramente, de manera irregular, fuera de plazo, sin respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales de las personas imputadas. Por tanto, el juez ha actuado de manera irregular, como ha dictado la propia sala de la Audiencia Nacional, y por ello debería ser investigado por prevaricación ya que hacía cosas a sabiendas de que estaban fuera de la ley y, también, por malversación, como el resto de jueces del Supremo que avalaron sus informes, porque todo esto se ha hecho con recursos y dinero público por razones ideológicas y políticas, no para aplicar la ley ni hacer justicia. Ahora hay que esperar a ver si en los próximos días se aplica este auto y podemos volver a la normalidad que nunca debería haber roto nuestras vidas, nuestras profesiones y nuestras libertades».

Poco después, pasadas las 21 horas, se conocía que García-Castellón decidía archivar definitivamente la causa abierta contra las 10 personas imputadas por Tsunami Democràtic.

La causa Tsunami Democràtic llevaba cuatro años de instrucción cuando el pasado noviembre, una vez que ya se había anunciado la aprobación de una ley de amnistía, es imputado acusado de ser uno de los organizadores de las protestas contra la sentencia por el Procés y el encarcelamiento de sus líderes. ¿Cómo fue el proceso?

A mí nadie me lo comunicó, apareció publicado en algunos medios. Pero en abril de 2023, El Mundo publicó que estaba siendo investigado en relación a esta causa. Mis abogados enviaron un escrito al juez Manuel García-Castellón para saber si era cierto y para ponerme a disposición del juzgado para aclarar lo que fuera. El juez respondió por escrito, con sello del juzgado, que se trataba de una información que no se correspondía con lo que aparecía en la causa, que yo no estoy siendo investigado. Hay que recordar que en ese momento la causa ya no estaba bajo secreto de sumario y, por tanto, ya no se incorporaban novedades de las que no sean conocedores los encausados y sus abogados. Y, de hecho, sólo añadió un informe de la Guardia Civil a la que el juez pidió, siete meses después, en octubre de 2023, que acelerase su redacción. Por entonces, Junts y el PSOE ya se estaban reuniendo para negociar la ley de Amnistía y la investidura de Sánchez.

El 4 de noviembre la Guardia Civil entrega ese informe en el que, por primera vez en cuatro años de instrucción, se incluye a Carles Puigdemont. Dos días después, el juez responde con el auto de imputaciones. 

Precisamente, a mí me imputan por las comunicaciones que mantengo con una persona cercana a él, Josep Lluís Alay, en las que le hablo sobre unas futuras movilizaciones que iban a tener lugar en otoño de 2019 y de unas pancartas que se iban a desplegar.  

La Guardia Civil y el juez interpretan que el hecho de que yo conozca las movilizaciones y que se las comunique a un intermediario que luego habla con Puigdemont es razón para imputarnos a ambos de delitos de terrorismo. Cuando veo que esa es la argumentación para imputarme tengo claro que soy simplemente un instrumento para imputar a Puigdemont. Cuando algunos medios publican que se va a ordenar la detención de los imputados, a dictar órdenes internacionales y a citar a declarar con petición de cautelares, siento que estoy en peligro porque está claro que no se van a respetar mis garantías y derechos fundamentales en territorio español y decido exiliarme en Suiza. 

Usted tiene una reconocida trayectoria de veinte años cubriendo protestas y movimientos sociales en Catalunya, por lo que conocer de antemano la convocatoria de esas movilizaciones es parte de su trabajo. Y, sin embargo, le ha valido ser investigado por terrorismo ante la Audiencia Nacional. ¿Cómo valora la reacción de los colegios de periodistas y asociaciones de la prensa en relación a su caso? 

En Catalunya, los medios de comunicación y los periodistas que conocen mi trayectoria han informado del abuso que supone todo esto.  En el País Vasco, también me han entrevistado en varios medios, incluida la televisión pública. Y en el ámbito estatal, los medios independientes que no están ligados al IBEX 35 ni al Gobierno se han hecho eco, pero más allá de ellos, ha habido un silencio. En cualquier caso, yo destacaría el silencio atronador del Col·legi de Periodistas de Catalunya. Mi grupo de apoyo ha pedido una reunión a sus responsables sin éxito hasta ahora. Es sorprendente porque he recibido el respaldo de varios medios de comunicación, sindicatos y organizaciones europeas. Incluso la red Media Freedom Rapid Response ha incluido mi caso entre las alertas que lanza sobre las limitaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Un silencio que resulta aún más llamativo si tenemos en cuenta que su exilio coincide con la puesta en libertad de Julian Assange, lo que ha llevado a muchos medios a tratar las amenazas a las que se enfrenta el periodismo.

Tengo la sensación de que el mundo periodístico funciona mediante pequeñas cápsulas de afinidad ideológica y corporativas, en lugar de profesionales. Por ello es fácil que cale la creencia de que periodistas que no pertenecemos al establishment “no son de los nuestros”. Más aún, cuando trabajamos en medios incómodos para el poder. Es paradójico porque, precisamente, si algo tenemos que ser los periodistas es precisamente eso: incómodos para el poder.

Se exilió en Suiza porque su justicia ya ha manifestado hasta en dos ocasiones que la persecución contra los líderes del Procés es política y, también, porque ya había una estructura previa dado que las políticas Anna Gabriel y Marta Rovira se habían exiliado allí también. Siendo un país extremadamente caro, sobrevive allí gracias a la campaña de apoyo que han lanzado numerosos movimientos sociales catalanes.  ¿Cómo está viviendo esa ola de solidaridad por parte de quienes, precisamente, usted ha informado durante años por las vulneraciones de derechos humanos que sufrían?

Es muy emocionante. Recibir mensajes de apoyo de personas como Esther Quintana, víctima de las balas de goma lanzadas por los Mossos, o Juliana Tapia, cuyo compañero murió por una actuación policial durante una detención en Rubí, es lo mejor de esta situación no buscada. Servir de altavoz de tantas personas que han sufrido abusos genera unas redes de confianza muy fuertes.

Le acusan de ser uno de los organizadores de Tsunami Democràtic por haber compartido información sobre las movilizaciones en conversaciones con el jefe de la oficina de Puigdemont. ¿En qué marco se dan esas conversaciones?

Hablé con él en aquellos días como hablé con muchas otras fuentes. La cuestión aquí es que si yo hubiera estado hablando de unas manifestaciones, como he hecho a lo largo de toda mi actividad periodística, que no hubiese sido consideradas terrorismo por un juez yo no podría estar imputado. Pero eso es lo más grave de este caso: que unas movilizaciones se consideren terrorismo y, a partir de ahí, cualquier cosa que hablen periodistas, políticos, activistas o cualquier persona sobre esas movilizaciones se convierte en conocimiento, colaboración o participación en actos de terrorismo. 

Es lo que pasó en el País Vasco cuando todo terminó considerándose ETA y, en consecuencia, se cerraron medios de comunicación y se encarceló y torturó a periodistas. En el caso de Catalunya, pasa lo mismo con el añadido de que allí no existe ninguna organización terrorista que haya matado a nadie ni haya atentado contra nadie. Los jueces de Tsunami Democràtic han aplicado la plantilla vasca del todo es terrorismo contra un entorno social, político, comunicativo y activista en el que no existe tal terrorismo.

La instrucción policial en la que se basa la causa de Tsunami Democràtic incluye el espionaje de cientos de personas del ámbito político, periodístico, de los movimientos sociales, del empresariado. ¿Cómo valora esta actuación?

Hay ciertos jueces que tienen barra libre para hacer política con sus investigaciones. Y cuando determinan que una causa como la unidad de España está por encima de todo, se permiten actuar por fuera de la ley. Eso pasa con el independentismo en Catalunya, pero también con algunos ámbitos de las izquierdas, como la infiltración de agentes de policía en los movimientos sociales. En este sentido, la mayoría de los que hemos conocido hasta ahora han sido en Madrid, pero no podemos descartar que ocurra en otros lugares sin control judicial ni de ningún tipo. Porque no estamos hablando de infiltraciones de agentes para perseguir delitos concretos, sino que se ha practicado por decisión de los mandos policiales -y no sabemos si de mandos políticos del propio Ministerio– sin la orden ni supervisión de ningún juez. Por tanto, se hace de manera prospectiva para recoger información. Y la legislación española no permite que estos llamados agentes de información puedan vulnerar derechos fundamentales, como entrar en el interior de los domicilios o de las sedes de las organizaciones, sin una orden judicial y un juez que lo supervise. 

Y a estas infiltraciones, ahora se suma la infiltración digital a través de nuestros teléfonos móviles y de nuestros ordenadores. Hace años, el Ministerio de Interior envío toda esta tecnología del espionaje masivo a las brigadas provinciales de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sin ningún tipo de control centralizado ni judicial. Ese descontrol es el que ha permitido que, en numerosos casos, los policías hayan decidido unilateralmente hacer infiltraciones en teléfonos móviles y ordenadores antes de que se abrieran las causas judiciales. 

En la caso de Tsunami Democràtic sí hay un juez, pero actúa como un personaje de piedra que no está dando órdenes concretas de cómo se tienen que garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas. Un ejemplo claro es cómo se han hecho las interceptaciones, las transcripciones y el volcado del contenido de las escuchas telefónicas recogidas en la causa judicial. No se ha hecho ningún cribado para dejar lo relacionado con lo investigado y quitar lo que vulnere los derechos fundamentales de los cribados. Así que en el disco duro en el que se han volcado las cientos de conversaciones, se incluyen mensajes sobre temas de salud o sobre cuestiones políticas de los responsables de los partidos políticos, tanto independentistas como no independentistas.  Y, también, todas las agendas de contactos de los encausados. Todo eso, por ejemplo, se ha entregado en un USB a VOX, que es una de las acusaciones populares. ¿Cómo se explica que en un Estado democrático, donde hay separación de poderes, se entregue a VOX unas conversaciones de líderes políticos que nada tienen que ver con la causa investigada?

Pero es que cuando VOX se persona en la causa, prácticamente en la fase final del procedimiento, el juez García-Castellón entiende que su incorporación le va a permitir superar la traba de que la Fiscalía se aparte de la causa. Y así es como VOX se convierte en una pieza necesaria para que la causa siga adelante a la vez que consigue información de sus contrincantes políticos. Esta sinergia que se ha generado entre la extrema derecha y algunos jueces es una perversión absoluta de la separación de poderes.

Ha destapado numerosas ilegalidades cometidas por la Policía Nacional y por los Mossos d’Esquadra, como el asesinato de Juan Andrés Benítez por parte de estos últimos. Fue miembro del equipo periodístico que destapó la infiltración de policías en colectivos sociales, informó sobre el intento de captación de un militante anarquista para convertirlo en espía…. ¿Cree que todo ello ha influido a la hora de ser encausado?

No puedo afirmar de manera tajante que haya una relación directa, aunque hay elementos que apuntan en esa dirección. Pero leyendo el informe de la Guardia Civil resulta evidente que soy un elemento meramente instrumental para imputar a Carles Puigdemont. En la causa se ve claramente que solo se habla de mis mensajes en relación a que hay una tercera persona que se los hace llegar a él. Algún mando policial o algún miembro de alguna brigada ha podido tener la tentación de matar dos pájaros de un tiro e intentar silenciar mi actividad como periodista. Pero el objetivo era imputar a Puigdemont y lo hacen a través de mensajes de telefonía de terceras personas que son incluidos en la causa mediante capturas de pantalla. Muchos son mensajes que se enviaban a través de aplicaciones seguras e, incluso, con mensajes de autodestrucción. Pues a pesar de eso, la Guardia Civil asegura que los interlocutores hacían capturas de pantalla. Esto nos lleva a pensar que algunos de estos teléfonos estaban infectados de manera ilegal, sin autorización judicial.

En estos 20 años cubriendo luchas sociales, ha sufrido insultos por parte de Mossos, una agresión física durante el desalojo del Banc Expropiat en 2016, le llegaron a acusar de extorsión por cubrir una protesta sindicalista en El Corte Inglés. ¿Cómo ha cambiado en estas dos décadas el trato que ha recibido por parte de los Mossos en este tipo de coberturas?

La agresión me ocasionó una lesión en una mano y en una pierna. Denuncié al agente y fue condenado a prisión -no entró porque no tenía antecedentes-, a pagarme una indemnización y fue inhabilitado. Fue la culminación de una serie de agresiones y actuaciones abusivas de varios agentes de los Mossos contra algunos periodistas antes del Procés, en el periodo de los indignados, los desahucios….

En los últimos 20 años, algunos sindicatos policiales y la cúpula de los Mossos han construido una cierta autonomía policial que el poder político no ha sabido o no ha podido controlar. De hecho, estos sindicatos y los altos mandos han llegado a decirle al poder legislativo sobre qué sí se podía hablar en el Parlament y sobre qué no.  Por supuesto, todo ello disfrazado de que había que proteger la seguridad de los agentes, pero en el fondo estaban intentando definir las políticas de orden público y de las brigadas de información. 

Se trata de una tendencia tan peligrosa como para que los políticos que son nombrados consellers de Interior de Catalunya, especialmente si son de izquierdas, lo primero que piensen al ser nombrados es que les ha caído un marrón. Saben que si intentan poner límites van a sufrir campañas de extorsión y si no hacen lo que les piden, van a dinamitar su imagen pública y a destrozar su vida personal. Fue el caso, por ejemplo, de Joan Saura, con quien el poder policial mantuvo un pulso político. Hay que recordar que el ex jefe superior de Policía Nacional en Catalunya, el comisario Arrebola, solía decir que los gobiernos cambian, incluso los regímenes pasan, pero que los jefes de la policía siempre son los mismos.

Y ahora, ¿en qué punto están los cuerpos policiales en Catalunya?

Estamos en un momento peligroso porque, hasta ahora, estas actuaciones policiales tenían que ver con razones corporativas que terminaban relacionándose con cierta mirada política de la realidad. Pero eso está cambiando y vemos cómo ciertos mandos, cuadros y estructuras de la Policía, tanto en Catalunya como en el conjunto del Estado, tienen una adscripción ideológica afín a partidos políticos como Vox y Alianza Catalana. Esta confluencia con la ultraderecha favorece la impunidad policial, especialmente en actuaciones vinculadas con colectivos y luchas de izquierdas por las que sienten un especial odio, como la inmigración o la lucha por una vivienda digna. 

Y estamos viendo cómo la gestión policial del espacio público desde un relato basado en la alarma y el miedo, retroalimentado por opinadores afines en los medios de comunicación, ha generado un crecimiento de la extrema derecha en las urnas, en las actuaciones policiales en las calles y en los medios de comunicación. 

En La Directa, como en La Marea, lleváis años alertando sobre el crecimiento de la ultraderecha, pero buena parte de la sociedad y de los medios de comunicación observan su expansión actual desde la sorpresa. ¿Qué podemos hacer desde el periodismo?

Hay una parte de las sociedad que vive con sorpresa la expansión de la extrema derecha, pero hay una parte de la cúpula del poder económico mundial que la está viviendo con entusiasmo porque es la mayor defensora de los postulados más extremistas del capitalismo.

Se me hace difícil pensar qué podemos hacer los medios de comunicación porque, actualmente, nuestro papel se reduce a incentivar ciertos debates y acompañar lo que ocurre en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp. La extrema derecha ha detectado que llegar a los teléfonos móviles de cada ciudadano es clave para la difusión de sus mensajes y ha invertido mucho dinero en conseguirlo. Mientras los movimientos de izquierdas dedicamos mucho tiempo a debatir sobre cómo actuar de manera ética, la extrema derecha ha tomado el control de los consejos de administración de importantes operadoras de telecomunicación, invierte mucho del dinero público que gestiona gracias al poder institucional en marcar los temas que tienen que marcar la agenda mediática y busca la manera de acelerar la toma del poder que siente que perdió en las últimas décadas porque cree que vuelve a ser su momento histórico. Y los medios de comunicación transformadores vamos muy por detrás de todo eso.