Fondos de extracción, no de inversión: las trampas discursivas del capitalismo financiero

Este artículo se ha publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

LUIS SANMARTÍN CAVA* | “Solíamos hacer cosas en este país, las construíamos. Ahora solo metemos la mano en el bolsillo del vecino”. Esta reflexión ponía el punto y final a la segunda temporada de The Wire, una serie ambientada en Baltimore. Esta ciudad costera aparecía como víctima de dinámicas de especulación que habían llevado a una precarización de empleos a la par que subidas de precios de la vivienda, los cuales cruelmente dificultaban a la clase trabajadora poder habitar en sus propios barrios. La ciudad se convierte así en un desierto gris, precario, hostil y con una economía expoliada por los especuladores.

A este respecto, desde la última década se ha despertado un interés inusitado por los mal llamados fondos de inversión, lo cual no es casual. Nombres como Blackrock, Blackstone, Cerberus o Macquarie se han vuelto habituales. Se trata de compañías que penetran a escala global en las empresas y están concentrando a toda velocidad todo tipo de propiedades, tierras, estructuras y activos financieros.

Esta tipología de fondos comenzó su andadura en la década de 1970, controlando por aquel entonces 1 billón de dólares a nivel global. No obstante, actualmente gestionan más de 100 billones de dólares, parasitando todo tipo de sectores económicos y deudas públicas del mundo entero.

Precisamente, el término fondo de inversión es un término equívoco, incluso ideológico, en tanto que proyecta la falsa imagen de empresas impulsadas por capitalistas aventureros que invierten dinero de sus propios bolsillos. Pero nada más lejos de la realidad. Los fondos son compañías a escala global controladas por una nueva clase aristocrática que no ofrece de manera genuina ningún trabajo, ningún servicio, ni ningún producto. Su estrategia ha versado en colocarse como mediadores artificiales para el tejido socioeconómico global mediante la captación y movimiento de recursos económicos provenientes del fruto de nuestro trabajo. En este sentido, son fondos de extracción, o extractoras, que captan nuestro dinero para dominar nuestras casas, nuestros barrios, nuestra alimentación, nuestras tierras, nuestros puestos de trabajo, nuestros servicios públicos, nuestras comunidades, la deuda de nuestros países y en un futuro próximo todas las virtualidades de nuestras vidas. Es decir, utilizan nuestro dinero contra nuestra libertad. 

Los fondos de extracción ponen en juego dinero captado de planes de pensiones públicos y privados, de aseguradoras, de bancos y entidades financieras, de agencias gubernamentales, de fondos de deuda soberana y de otras fuentes. Es decir, el dinero de nuestras cotizaciones sociales, de nuestros planes privados, de nuestros seguros, de nuestros depósitos bancarios e incluso de nuestros impuestos. Este dinero, canalizado sin transparencia por parte de empresas y administraciones públicas, financia la estrategia de empobrecernos a los de abajo para enriquecer a los de arriba. Ahora bien, hay un universo repleto de tácticas diversas y superpuestas, que los fondos de extracción pueden llegar a utilizar de forma simultánea aunque desigual. Pero en nombre de la sencillez, indicaremos tres de estas tácticas extractivas.

Táctica de los Fondos de Gestión Accionarial

En primer lugar, encontramos los Fondos de Gestión Accionarial, focalizados en la compraventa de acciones de otras empresas hasta convertirse en sus principales accionistas. Entre estas destacan The Big Three: BlackRock, The Vanguard y State Street, que actualmente dominan el sistema capitalista.

Conocidas como las dueñas del mundo, estas compañías son las principales accionistas de multinacionales como Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Coca Cola, Banco Sabadell o el Banco Santander. Es decir, empresas que buscan financiación más allá del sistema bancario ordinario, que suele estar más regulado y ofrecer menos financiación que los fondos. Estas tres compañías son también, respectivamente, sus accionistas de mayor peso, configurando de esta manera un triopolio que gestiona hasta 22 billones de dólares a escala planetaria, una cifra que supera al PIB de toda la Unión Europa, calculado en aproximadamente 17 billones de euros.

Hablamos de empresas que esperan controlar más del 10% de la economía mundial y capitanear todos los principales sectores económicos para el año 2030. Tal como indican Wendy Brown y Michel Feher, la sobredimensión de esta clase de fondos ha llevado a una financiarización de la economía, un proceso por el cual el precio de todos los productos y servicios está mediado por un fondo extractor que, a cambio de financiación proveniente de bolsillos ajenos, espera cobrar altos beneficios, lo que lleva necesariamente a una subida de precios, costeada por los consumidores, para aumentar los márgenes de beneficios de las redes empresariales que controlan las extractoras.

Pero todavía hay más: su actividad nos afecta también como trabajadores, en tanto que una forma de conseguir beneficios rápidos pasa por precarizar a los empleados de las multinacionales controladas accionarialmente. De hecho, prácticas como la subcontratación, la temporalidad contractual, las bajadas de sueldos y la conversión de los trabajadores en autónomos que pagan sus propias cotizaciones sociales son mecanismos utilizados para aumentar los márgenes de beneficios de los que se alimentan finalmente los Fondos de Gestión Accionarial.

Táctica de los Fondos de Gestión de Activos

En segundo lugar, los Fondos de Gestión de Activos son aquellas empresas cuya táctica es la compraventa y administración de las estructuras que permiten la existencia y reproducción de una sociedad. Ejemplos de estas extractoras son Cerberus, Macquaire o Nuveen. De hecho, como indican los estudios de Brett Christopphers , tales extractoras aspiran a controlar 8 sectores en concreto: propiedad inmobiliaria, agua, alimentos, residuos, transporte, telecomunicaciones, energía e instituciones sociales (como hospitales, residencias de ancianos y centros educativos).

Hablamos de estructuras necesarias para la vida socia que han podido ser asaltadas y acumuladas por los fondos gracias a las privatizaciones, ya que una proporción importante de estas mismas estructuras era gestionada por la administración pública durante la era del Estado de Bienestar, tratando de asegurar así su accesibilidad casi-universal. No obstante, ahora son concentradas como estructuras gestionadas de forma privada a través de empresas que hacen de tentáculos de los fondos. Estas empresas tentaculares son conocidas como empresas de capital privado, o private equity. Cuando un fondo crea una private equity, no introduce más de un 5% de financiación propia. De hecho, tal como explican Rauh Andonov y Kräussl Andonov en sus estudios, más de la mitad de la financiación proviene de planes de pensiones públicos y privados, seguidos de aseguradoras y entidades bancarias que introducen el dinero de sus clientes sin ninguna información previa.

Mientras tanto, los fondos cobran comisiones ingentes a las entidades que canalizan nuestro dinero para crear las private equity. Es más, es práctica habitual de los Fondos de Gestión de Activos obligar a solicitar créditos inmensos a las private equity, llegando las deudas resultantes a igualar la financiación previamente canalizada. Es por ello que la mera existencia de los Fondos de Gestión de Activos implica necesariamente una subida de precios y una rebaja de la calidad: esa es la manera de cubrir los beneficios que se esperan obtener, los créditos solicitados y las altas comisiones que los fondos de extracción practican por la administración de las private equity. Un caso conocido mundialmente es el de Blackstone, un fondo que gestiona principalmente activos inmobiliarios. Según un estudio del colectivo ACCE, Blackstone llega a controlar más de 300.000 propiedades en arrendamiento en EEUU, siendo el casero más grande de todo el país, y practicando subidas de precios del más del 20% desde 2022.

Esta realidad no es ajena al estado español, en la que Blackstone gestiona la private equity Anticipa Real State. Esta sociedad se ha alimentado en buena medida de viviendas provenientes de CatalunyaCaixa. A este respecto, hay que recordar que CatalunyaCaixa fue rescatada con 12.000 millones de dinero público, sin ninguna contraprestación social, y que, finalmente, fue absorbida por el BBVA en 2016. Mientras tanto, su entramado inmobiliario ha sido gestionado por Blackstone a través de Anticipa, beneficiándose de la subida de precios de las propiedades, que en muchos casos habían sido previamente habitadas por familias desahuciadas.

Otro caso prototípico, estudiado por el periodista Manuel Rico, es el fondo Sagesse Retraité Santé, que a través de su private equity DomusVi SAS presiona por controlar la administración del mayor número posible de residencias de ancianos públicas y privadas. De hecho, DomusVi SAS controla hasta 138 residencias y 20.000 camas y, para maximizar sus beneficios, trata de recortar al máximo la calidad de vida de los residentes y el salario de los trabajadores.

En resumen, los Fondos de Gestión de Activos encarecen nuestra vida a través del control de estructuras, cuya titularidad o gestión ha sido privatizada, y que antiguamente eran accesibles gracias a la función pública.

Táctica de los Fondos Buitre

En tercer lugar, encontramos a los Fondos Buitre. Este es un término que se ha vuelto enormemente popular entre movimientos sociales de todo el mundo para señalar a los fondos en general, pero que apunta a una táctica concreta: la adquisición de deudas y propiedades con problemas de insolvencia a precio de saldo; y, una vez adquiridas, exprimir más a los usuarios y deudores. Es decir, son buitres en tanto que se aprovechan de desgracias ajenas, que en muchas ocasiones han colaborado en provocar.

Un buen ejemplo ha sido la deuda emitida por fondos como Elliot Management o Aurelius Capital al Gobierno argentino por más de 120.000 millones de dólares, y que ha llevado al país a una situación de dominio de su economía por parte de dichos fondos.

Otra realidad análoga, aunque a nivel más micro, es la del municipio sevillano de Burgillos. El consistorio de dicha ciudad, y con opacidad de cara a los vecinos, se endeudó hasta en 27 millones de euros con el fondo KSAC Europe Investments, que ahora exige el embargo del patrimonio, las estructuras y la vivienda pública del municipio de la ciudad.

Ambos son ejemplos arquetípicos de colonización, en el que un Fondo Buitre es capaz de superponerse al poder institucional y soberano de un territorio, tratando de pasar por encima de la ciudadanía. No obstante, hay que aclarar que una dificultad a la hora de categorizar a los fondos en base a sus tácticas es que estas compañías no actúan de forma pura. Por ejemplo, Blackstone aspira a mantenerse como el mayor casero del mundo, lo que le convierte en uno de los Fondos de Gestión de Activos preponderantes en el sector inmobiliario. No obstante, Blackstone también practica compraventas de acciones empresariales y, asimismo, se aprovecha de los sufrimientos ajenos como un Fondo Buitre captando vivienda de personas con problemas de insolvencia. Es más, como indican los estudios de Manuel Gabarre y el Observatorio CODE, Blackstone ha practicado comisiones millonarias a la SAREB, un banco que el estado español creó posicionándose como avalista con el objetivo de vender propiedades de difícil salida al mercado, provenientes de bancos españoles rescatados con dinero público. Aquí es importante matizar que muchas de estas propiedades son de familias desahuciadas o en proceso de desahucio, y que la falta de venta de todas las propiedades llevará previsiblemente al estado español a practicar un nuevo rescate a la banca en 2027 al ser el avalista de la SAREB y manteniendo esta entidad actualmente una deuda de 30.000 millones de euros. Mientras tanto, Blackstone sigue cobrando sus comisiones.

¿A quién quieren los fondos derivar todos estos costes?

A nosotros. A la clase trabajadora. A la ciudadanía. A los que nos encontramos abajo. Como se ha señalado, aunque los fondos de extracción utilicen tácticas diferentes, coinciden en su estrategia común: captar nuestro dinero para precarizar empleos y aumentar precios.

Pero hay otro aspecto esencial, que son los impuestos. Los fondos no son exactamente anti-impuestos. Los propios fondos son conscientes de que los impuestos son necesarios para mantener sus intereses, al menos de momento. Sin impuestos, no podrían crearse las estructuras que, una vez privatizadas, pueden adquirir a precios bajos. Sin impuestos, muchas economías colapsarían, al no ser capaces de proveer a los tejidos empresariales de una mano de obra altamente cualificada y con capacidad de movilidad. Sin impuestos, los fondos no podrían recuperar sus emisiones de deuda a instituciones públicas.

Es más, sin impuestos se quedarían sin una parte importante de la financiación con la que operan, ya que buena parte de su dinámica pasa por traspasar recursos públicos a sus intereses privados. Los fondos quieren que existan los impuestos; otra cuestión distinta es su deseo de no contribuir fiscalmente, y que tal dinero no financie servicios y prestaciones públicas que puedan rivalizar con sus intereses. De esta forma, los fondos presionan a los gobiernos para que creen mecanismos que les permitan no pagar impuestos a la par que recortar el Estado Social.

En el Estado español existe la figura de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, también conocidas como las SOCIMIs. Esta es una figura societaria que toman muchos fondos y private equity que dedican más de un 80% de su actividad al arrendamiento de propiedades, contando con enormes privilegios fiscales: están exentas del impuesto sobre actos jurídicos documentados, del impuesto de plusvalía municipal y en determinados casos tributan al 0% en el Impuesto de Sociedades.

Un buen ejemplo es la SOCIMI Cerberus, un fondo creado para la gestión de propiedades del BBVA, que de nuevo son de familias desahuciadas o en proceso de desahucio. Es por ello que los fondos de extracción son las herramientas de una nueva aristocracia global: captan nuestro dinero para explotarnos como trabajadores y exprimirnos como consumidores, tratando de pasar por encima de nuestra soberanía como ciudadanos y procurando librarse de contribuir fiscalmente. Como en el feudalismo, son una clase ociosa, que busca no pagar impuestos pero se beneficia de los impuestos, que no reconoce ninguna soberanía a los de abajo y que procura extraer el fruto de nuestro trabajo para asegurar una posición de poder en la que puedan extraer aún más. En pocas palabras, los fondos de extracción son el principal opositor al que nos enfrentamos la clase trabajadora de todo el planeta. Es un derecho y un deber quitar sus zarpas de nuestros bolsillos y sociedades.

¿Qué podemos hacer?

La buena noticia es que ya existen ejemplos de economías diferentes. La economía social y solidaria, un término que también ha cogido resonancia en la última década. Esta se refiere a todos los proyectos empresariales autogestionados por sus trabajadores bajo criterios de transformación social: igualdad de género, inclusión, sostenibilidad ecológica, enraizamiento territorial y buenas condiciones laborales. En Cataluña, existen más de 1.600 iniciativas de la economía solidaria, que cuenta con su propia red denominada Xarxa d’Economia Solidària (XES). En el estado español ya son 43.000 empresas de este tipo, las cuales generan más de dos millones de puestos trabajo y representan hasta un 10% del PIB. Es más, la economía social tiene por objetivo cooperativizar todas aquellas estructuras que satisfagan las necesidades humanas, siendo un núcleo irradiador de una economía que tienda a la desfinanciarización.

También contamos con movimientos sociales de todo el mundo que confrontan a los fondos con el objetivo de garantizar derechos económicos como el trabajo, la vivienda, los cuidados y la educación desde una perspectiva de la dignidad humana como Las Kellys, la PAH, ATTAC, la Marea Blanca de la sanidad y una larga lista de colectivos. No obstante, parece tornarse claro que el problema ha tomado una dimensión global en la que, si bien nos podemos enfrentar a tácticas que se expresan de forma diversa en lo local, entroncan con una estrategia extractivista común a los fondos.

Es por ello que un paso, seguramente insuficiente, pero desde luego necesario, pasará por la alianza de futuras luchas y prácticas de transformación a nivel transnacional. No hay que elegir entre economía o política, resistencia o propuestas, calle o asambleas, ámbito local o global; sino por una síntesis que nos permita construir un futuro nuestro. Esta es la libertad que los fondos de extracción quieren cercenar, y esta es la libertad que podemos proteger ejerciéndola. De momento, y mientras tales alianzas vayan creciendo, recordemos no ceder frente a los fondos ni siquiera en su discurso: no invierten, extraen. Recordemos, pues, que todo lo que acaparan y todo lo que esperan acaparar es nuestro, incluyendo el futuro.

*Profesor Asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Fue técnico del Ateneu Cooperatiu de Barcelona Coòpolis y sigue colaborando en proyectos de la economía social. Doctorado en Antropología Social y Cultural investigando la interrelación entre organización y estrategia en colectivos de vivienda. Formó parte del grupo motor para la creación de la cooperativa de vivienda La Xicoira y colabora con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).