Una memoria necesaria: Cartografía de la desaparición forzada en Andalucía (1936-1951)

Cuenta el mito griego que Antígona se apresuró a recoger los fragmentos del cuerpo inerte de su hermano Polinices para darle digna sepultura, desafiando así las órdenes de su tío Creonte, quien había mandado que el cadáver yaciese despedazado, al capricho de los cuervos y los perros, por ser considerado el de un traidor a Tebas. Con este gesto, ella desafía una ley injusta y demuestra la importancia de las honras fúnebres, cosa que acabará costándole la vida.

Desde tiempos inmemoriales, ritualizar a los muertos, identificarlos y recordarlos ha constituido un deber cívico y moral de múltiples sociedades. Sin embargo, España tiene una deuda pendiente con los represaliados por el ejército sublevado durante la guerra civil, y después por el franquismo, como denunciaron distintas organizaciones el pasado 4 de junio en el Teatro del Barrio de Madrid.

Allí se presentó una exhaustiva Cartografía de la Desaparición Forzada en Andalucía (1936-1951), trabajo que han llevado a cabo durante años el colectivo La Vorágine, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, la Casa de la Memoria La Sauceda (Cádiz), y Human Rights Everywhere (HREV), resultando en la investigación cartográfica más completa hasta la fecha sobre las fosas comunes en la región, de acuerdo con sus hacedores: hay 798, “89 más que en los mapas ‘oficiales’”, reza el libro que la recoge, un volumen cuya información también se encuentra disponible en la web.

Crímenes de lesa humanidad

Lo primero que llama la atención es que dicho esfuerzo titánico haya surgido de la sociedad civil y no del Estado. Emilio Silva, fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presente en el acto, lo dejó claro: “esta cartografía la deberían haber hecho los jueces”, pero no ha sido así porque, a su juicio, en nuestro país predomina “una incultura de los derechos humanos”.

Los participantes en el estudio parten de la premisa de que los asesinatos cometidos durante la contienda y la postguerra, y el posterior ocultamiento de los cuerpos en fosas mayormente situadas en los cementerios, no deberían definirse con eufemismos como “paseados” o “cunetas”, sino que se trata de un delito recogido en la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas, ratificado por España el 24 de septiembre de 2009, como clarifica el libro.

Fidel Mingorance Cruz, durante su explicación de la metodología empleada para elaborar los mapas –que incluye criterios territoriales, cronológicos y de género– enfatizó, además, que la matanza ocurrida en Andalucía (y, por extensión, en el resto del país) puede ser clasificada como “crimen de lesa humanidad, y ese crimen no prescribe”, afirmación con la que coincidieron el resto de los ponentes: el investigador Juan Manuel Pizarro, y los coordinadores Andrés Rebolledo y Paco Gómez Nadal, junto al mismo Silva.

Crímenes del franquismo

Por otra parte, todos ellos mantienen que las desapariciones forzadas se realizaron siguiendo técnicas de colonización que ya habían sido puestas en marcha durante los distintos enfrentamientos bélicos en el norte de África a principios del siglo XX.  Así, “el mismo espíritu de agresión militar, económica y política ejecutada en el Rif queda activado contra los ‘rojos’, contra decenas de miles de españolas y españoles”, declara el periodista Juan Miguel Baquero en el volumen, en referencia a la segunda guerra de Marruecos.

Por qué este enfoque, basado en criterios de imperialismo interno, no ha sido subrayado por parte de las instituciones, o qué conduce al estado a seguir priorizando la Ley de Amnistía de 1977 –por la cual los crímenes del franquismo quedaron impunes – sobre el derecho internacional fueron algunas de las preguntas que se lanzaron en este encuentro, donde también se aludió a los 59 campos de concentración documentados en territorio andaluz, y a la nomenclatura de las fosas utilizada, desde las no exhumadas a las exhumadas sin metodología científica, entre otras, a raíz de la cual se calcula que existen casi 45.000 víctimas.

Ritualizar a los muertos

Los aplausos no tardaron en encenderse dentro de una sala llena, que también recibió mi reflexión en torno a la memoria que nos falta y lo que llamé “el aborto de la posibilidad”; esto es, el hecho de que, por cada cuerpo torturado y aniquilado, se eliminaron asimismo distintas visiones de la utopía, formas de organización comunitaria y afectiva –como los sindicatos, el parlamentarismo, el amor libre o el divorcio–, en definitiva, nociones de tierra, pan y libertad que hoy son prácticamente irrecuperables.

Con la inhumación anónima, desapareció no sólo el delito, sino la identidad de masacrado y el acervo cultural que portaba, un conocimiento crucial que podría haber forjado conciencias democráticas perdurables, tan necesarias ahora, en tiempos de ascenso acelerado de la ultraderecha.

Ritualizar a los muertos, conmemorar sus trayectorias, ya lo sabía Antígona, conformaba una ley moral imprescindible para la construcción de ciudadanía. De ahí que nuestros antepasados greco-latinos, como explica la filósofa Ana Carrasco-Conde en La muerte en común (Galaxia Gutenberg, 2024), les dedicasen días de duelo y cantos específicos, y hasta prohibiesen a aquél que no rindiese homenaje a sus fallecidos detentar un cargo público. Hoy que continuamos lejos de ese paradigma se agradece la labor tan voluntaria como entregada de estas agrupaciones.