Política
El Ministerio de Cultura inicia los trámites para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado el inicio del procedimiento para extinguir la Fundación Francisco Franco. El proceso se desarrollará en tres fases y la resolución quedará en manos de la Justicia.
El Ministerio de Cultura ha anunciado que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal, se ha acordado iniciar los trámites para la extinción de la Fundación Francisco Franco.
En un vídeo, el titular de la cartera, Ernest Urtasun, se refiere a la disposición adicional quinta de la mencionada ley, que establece lo siguiente: “Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.f) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”.
A lo que añade que, “a estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. En estos casos, según señala la norma, corresponde al Protectorado de Fundaciones instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa.
El procedimiento
El procedimiento para extinguir la Fundación Francisco Franco, explican desde Cultura, se desarrollará en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consiste en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.
La segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y el inicio del correspondiente periodo de alegaciones.
Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.
Aragón, Baleares, Castilla y León, perdiendo los derechos que tanto costaron conquistar.
¿Como se puede entender una involución semejante, y en pocos años, de la mente humana?
Ya se siente la reinstauración del nihil obstat de la censura eclesiástica (en este caso, neofascista), propia del nacionalcatolicismo de la dictadura franquista en el nuevo gobierno de ultraderecha de Castilla y León.
“Pin profesional” en educación: la neocensura ideológica, Enrique Díez.
La dirección provincial de educación de León ha enviado un correo a todos los directores y directoras de centros educativos públicos de la provincia instándoles a que transmitan al profesorado la censura que establece sobre aquellas investigaciones educativas que no son del agrado del nuevo gobierno PP-VOX de la Junta de Castilla y León, como las relacionadas con la memoria histórica democrática.
Ya se siente la reinstauración del nihil obstat de la censura eclesiástica (en este caso, neofascista), propia del nacionalcatolicismo de la dictadura franquista en el nuevo gobierno de ultraderecha de Castilla y León.
A raíz de una encuesta anónima, para un trabajo de fin de grado de un alumno de la Universidad de León, preguntando al profesorado de ciencias sociales su opinión sobre cómo se aborda la memoria histórica en las aulas de primaria, el director provincial de Educación en León les ha impuesto por escrito a los directores de todos los centros que les digan “a todo el profesorado que desarrolla sus funciones en el centro que toda investigación, estudio, desarrollo de prácticas, etc. que se pretendan desplegar en los centros, han de contar con la debida autorización de la Dirección General de Innovación y Formación del profesorado”.
“Por otro lado -continúa diciendo la misiva del director provincial-, y en relación a la información de la que se ha tenido conocimiento en esta Dirección Provincial sobre una investigación acerca de cómo se aborda la memoria histórica democrática en las aulas de Educación Primaria, que parece haberse recibido en el día de ayer, se informa que no cuenta con la necesaria autorización por parte de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado”.
¿Nos podríamos preguntar que dónde está la salvaguarda de derechos fundamentales como la libertad de expresión del profesorado, el derecho constitucional a la libertad de cátedra o el simple sentido común de constatar que los profesionales de la educación tienen capacidad y raciocinio suficiente como para expresar su opinión en una encuesta si quieren y están dispuestos a ellos? ¿O es que no son mayores de edad para poder expresar sus opiniones? Porque responder a una encuesta anónima es potestativo y voluntario. Y se puede hacer en casa, en el tiempo libre o cuando quiera cada uno.
Las direcciones provinciales educativas, designadas por afinidad política, parecen constituirse en los nuevos “obispos” del control sobre el pensamiento y la opinión del profesorado. Esa fue la razón de que hubiera funcionarios, que no dependieran de la voluntad y el mandato del patrón de turno y pudieran ejercer su oficio con libertad. Pero parece que la ultraderecha de Castilla y León quiere volver al ordeno y mando de los señoritos, a controlar el pensamiento y la opinión, también en la ciencia, en la investigación y en la educación….
https://laicismo.org/pin-profesional-en-educacion-la-neocensura-ideologica/295460
La de problemas que se habrían ahorrado los republicanos de haber renunciado a sus colonias.
Pedro Alcántara, historiador. (La Haine)
La impunidad del franquismo ha contribuido a crear la crisis social y política actual. La Transición no sólo no depuro a los torturadores franquistas sino que los ascendió.
La DGS ubicada en la puerta del Sol fue el epicentro de represión tanto durante el franquismo como durante la Transición. No hay ni una placa que recuerde esos hechos.
Se han dejado impunes todos esos crímenes tanto del franquismo como del terrorismo de estado de los 80/90.
Esta impunidad ha contribuido a la actual crisis social y política en la que resurgen agrupaciones de extrema derecha que canalizan las frustraciones de una población descontenta con la falta de soluciones a problemas básicos como la vivienda y el trabajo.