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Y ahí sigue la Ley Mordaza, a pesar de todo
"Algunos periodistas, como el premio Pulitzer Javier Bauluz, han sido multados con esta ley durante el ejercicio de su profesión", recuerda Nora Rodríguez, abogada penalista.
Este artículo forma parte del especial ‘Paren las máquinas’, publicado en #LaMarea100. Puedes conseguir un ejemplar en papel aquí y seguir apoyando el periodismo independiente.
La ley de seguridad ciudadana fue modificada en el año 2015, introduciendo nuevos poderes y facultades para la Policía. Establecía todo un sistema de control sobre la protesta, con multas para reprimir y ahogar a movimientos sociales y activistas. Limitaba, en suma, el ejercicio de derechos fundamentales. Es la conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el 1 de julio del mismo año como reacción del gobierno del PP a las movilizaciones del 15-M y hoy, nueve años después, continúa en vigor. Levantó muchas críticas, el PSOE prometió derogarla, pero ahí sigue. Ni siquiera la ha reformado.
Esta norma contiene un sistema de multas que otorga la potestad a cualquier agente de la Policía que considere que se ha producido un acto sancionable de proceder a denunciarlo. De manera que esta denuncia llega a otro policía instructor que propone una sanción. Se abre un plazo en el que el sancionado puede presentar alegaciones (renunciando a la reducción del 50% de la cantidad si no la recurres), tras el cual, y con la presunción de veracidad de la Policía, es multado.
El propio PSOE, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Mordaza cuando se encontraba en la oposición, se refería a ella en los siguientes términos: «Se atribuye a la policía poderes fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el artículo 24 de la Constitución [tutela judicial efectiva]».
«La técnica –continuaba el PSOE– es coherente con el modelo ideológico del Partido Popular: prevenir conductas antisociales facultando a la Policía para atajar, controlar, disolver e impedir reuniones, manifestaciones, actos de protesta (sentadas, acampadas, escraches), expresión de ideas y opiniones y divulgación de información que no resulte conveniente».
Ahora, embarcado ya en su tercera legislatura y con la modificación de la Ley Mordaza todavía pendiente, parece que aquel «modelo ideológico» que criticaba el PSOE no era tan malo. La aplicación de esta ley ha permitido mantener a activistas ahogados en sanciones, ocupando su tiempo en labores antirrepresivas y en formas de sacar dinero con el que poder cubrir las altísimas multas y procesos judiciales.
Acudir a una concentración, por ejemplo para parar desahucios, o acciones de desobediencia civil suponen un alto riesgo para cualquier activista. En 2021, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en Catalunya denunció que en dos años habían recibido centenares de multas que en total sumaban más de 200.000 euros por causas de desobediencia, resistencia y obstrucción a la justicia. Incluso algunos periodistas, como el premio Pulitzer Javier Bauluz, han sido multados con esta ley durante el ejercicio de su profesión. A Bauluz le ocurrió en Canarias, cuando fotografiaba la llegada de migrantes y fue denunciado por «faltar el respeto» a un agente y «negarse a identificarse».
Hasta diciembre de 2022, en los primeros siete años de esta ley, se impusieron 1.871.478 multas por su incumplimiento, con una cuantía total de 1.114.639 millones de euros, según las estadísticas del Ministerio del Interior, sin contar las multas tramitadas por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra. La falta de respeto a agentes de la autoridad ha sido la infracción más utilizada contra las protestas.
Ahora que tanto se habla de lawfare, de la persecución judicial como medio para criminalizar o denigrar al adversario político, la Ley Mordaza parece quedar fuera de la ecuación, fuera del relato. Los contenidos lesivos con los derechos fundamentales de esta ley han sido denunciados por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, defensoras del medioambiente como Greenpeace y por muchas otras entidades. En junio de 2023 emitieron un comunicado conjunto recordando su peligrosa y nociva vigencia. «Todos los partidos deberían rechazar que hoy en día sea sancionable casi cualquier conducta en el marco de una protesta pacífica», recordaban sobre una ley cuyo origen fue controlar y reprimir las movilizaciones durante el estallido social que se vivió en España diez años atrás.
Un año después de este comunicado, y con el foco mediático puesto sobre la «máquina del fango» y el lawfare, denunciado por el mismo presidente del Gobierno, la ley sigue vigente.
1 de julio, 9 años de Ley Mordaza. Ni ley mordaza ni mordaza maquillada.
Por Carlos Escaño (@soligato) Responsable de Campañas temáticas de Derechos Humanos en AI España, 01 de julio de 2024.
Este 1 de julio se cumplen 9 años de la entrada en vigor de las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocidas como Leyes Mordaza, que aprobó el gobierno del Partido Popular en solitario, haciendo uso de su mayoría absoluta y con la oposición frontal y compromiso de derogación o reforma íntegra del resto de partidos.
Estas reformas legislativas llegaron tras el ciclo de gran movilización contra los recortes a los derechos económicos, sociales y culturales a raíz de la crisis económica de 2008. Frente a ello, en lugar de escuchar a la ciudadanía, la respuesta del Gobierno de entonces fue un brutal recorte represivo en derechos civiles, afectando gravemente a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, y estableciendo, como denunció hace 2 años Amnistía Internacional, un manto de impunidad que restringe y debilita el derecho a la protesta.
Durante estos nueve años desde las organizaciones de la sociedad civil han documentado, se han movilizado y hecho llegar a las autoridades las enormes preocupaciones con respecto al amplio margen de arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas, la utilización abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o como las balas de “foam”, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad….
…..No podemos predecir el futuro, pero sí que sabemos hoy que los derechos conquistados son resultado de las luchas sociales del pasado, y que por tanto los avances en derecho futuros serán por el impulso de la movilización social comprometida con los derechos humanos. Con esa vista a largo plazo el Gobierno actual debería revertir sin mayor dilación el paquete represivo de la sociedad civil que constituyen las Leyes Mordaza. En lugar de permitir que se siguiera socavando el derecho a la protesta debería invertir esfuerzos en poner en valor, proteger y agradecer la labor de quienes dedican su tiempo en la defensa de los derechos humanos.
Si nos limitamos en cambio a una mirada más táctica y cortoplacista, ya son muchos los intereses que hacen oposición a los avances en los derechos a la salud púbica, la vivienda, o al trabajo, por citar algunos, como para que el actual Gobierno no visualice que para cumplir con su propio programa de gobierno necesita de una sociedad civil que pueda impulsar los avances en derechos humanos con seguridad y sin miedo a tener que desviar sus esfuerzos en pagar cuantiosas multas e incluso en procesos penales por haber ejercido el derecho a la protesta.
A día de hoy aún existe una mayoría parlamentaria que durante años mostró su oposición a las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Ya sea por convicción, compromiso o valores, por una mirada estratégica a largo plazo o una más táctica a corto plazo, tras 9 años no debería de pasar ni uno más sin acabar con las vulneraciones de derechos de las Leyes Mordaza.
La historia de Javitxu, en la cárcel por protestar
Es representativo el caso de Javitxu, que entró en prisión el pasado 21 de mayo por haber participado en protesta contra un mitin del partido político VOX que tuvo lugar el 17 de enero de 2019 en el Auditorio de Zaragoza. El Tribunal Supremo condenó a Javitxu a cuatro años y nueve meses por los delitos de atentado y desórdenes. La condena de Javitxu se fundamenta únicamente en las declaraciones de seis agentes policiales. Ninguno de los tres tribunales que ha revisado el caso ha logrado demostrar que ni Javitxu ni los otros tres jóvenes encarcelados hubieran participado en los actos específicos que provocaron daños a los vehículos y lesiones a los policías.
Desde Amnistía Internacional trabajamos su caso pidiendo su inmediata puesta en libertad, la anulación de su condena y la reforma del Código Penal para que no se pueda seguir criminalizando el derecho a la protesta. ¡Ayúdanos con tu firma!
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/ley-mordaza/
LO QUE NO TE CUENTA LA «IZQUIERDA» SOBRE EL AUGE DE LA EXTREMA DERECHA (vídeo, 5 minutos, imprescindible ver)
Un análisis de clase sobre los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.
Los resultados de las elecciones europeas han dejado dos cosas meridianamente claras sobre la situación política actual.
En primer lugar, la altísima abstención muestra que la mayoría de la población está desencantada y desconectada de lo que representa la Unión Europea.
En segundo lugar, las elecciones le han dado una victoria arrolladora a la derecha tradicional y un gran crecimiento a los partidos de extrema derecha, que se convirtieron en ganadores en países como Francia, Austria e Italia, y continúan creciendo en otros como Alemania o el Estado español.
Pero más allá de estos números, conviene analizar, desde una perspectiva de clase, cuál puede ser la razón por la que se está produciendo este fenómeno.
-Cristóbal García Vera-
https://canarias-semanal.org/art/36328/video-editorial
Mientras tanto las injusticias, los motivos para protestar siguen aumentando en todas partes, precisamente porque nos niegan el derecho a la protesta.
Hasta los supermercados están abusando de la clase trabajadora con el aumento de los precios obteniendo así un récord de beneficios.
En los últimos tres años los precios en los supermercados han experimentado un aumento alarmante del 38 por ciento según informe de la Organ. de Consumidores y Usuarios (OCU).
La clase trabajadora tiene cada vez menos acceso a alimentos de calidad.
Ha habido aumentos significativos en productos básicos de la dieta mediterránea.
Por ejem. el aceite de oliva ha subido un 221 por ciento, carnes, pescados y huevos un 67 por ciento, arroz 66 por ciento, frutas y verduras 20 por ciento.
En contraste los salarios sólo han aumentado un poco más del 6 por ciento.
Las grandes cadenas de supermercados han justificado estas subidas citando la inflación, la crisis postpandemia y la guerra de Ucrania. Sin embargo muchas de estas cadenas cerraron 2023 con beneficios records.
Esta escalada de precios no ha supuesto una mejora en los salarios y condiciones laborales de lxs trabajadores del campo.
Muchos de estxs trabajadores sobreviven en condiciones de semiesclavitud y viviendo en chabolas.
El secretario de estado de seguridad, Rafael Pérez, de éste gobierno progresista defiende la ley mordaza: sí a las pelotas de goma, a las expulsiones de inmigrantes y a los infiltrados en las manifestaciones.