[INVESTIGACIÓN] El ‘método Eliminalia’ para borrar información sigue vigente (1)

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Carlos Villanueva, el abogado experto en protección de datos del grupo editorial peruano El Comercio, recibió en julio de 2023 un correo algo extraño. El remitente, registrado mediante un seudónimo, adjuntó una larga carta, llena de puros términos legales, en la que exigía retirar un artículo periodístico en el que se mencionaba a un hombre investigado por controlar una red de lavado de dinero. Villanueva le negó la remoción de la noticia, argumentando su interés público.

Aunque el remitente intentó ocultar su verdadera identidad, La Marea ha confirmado que ese correo tiene su origen en Barcelona, en las oficinas de Eliminalia, la empresa de reputación digital que en enero de 2023 cambió su denominación legal y pasó a llamarse iData Protection. Justo un mes antes de que se hiciera pública la investigación periodística impulsada por Forbidden Stories que destapó cómo Eliminalia usaba técnicas fraudulentas para limpiar la reputación de, entre otros, políticos, narcotraficantes y agresores sexuales.

Para ese propósito, la empresa enviaba, incluso bajo falso nombre, requerimientos legales ficticios a los medios de comunicación que habían publicado informaciones perjudiciales para sus clientes. En ellos les advertía de que si no las retiraban estarían incumpliendo con la ley de derechos de autor o con el derecho al olvido. Otra de sus argucias consistía en crear páginas web falsas en las que se publicaban contenidos relacionados con los que se quería hacer desaparecer para desorientar a los buscadores y bajar de posición las referencias a los contenidos reales.

Antes de la investigación de Forbidden Stories, ya se habían publicado varios artículos sobre las prácticas engañosas de la compañía. Sin embargo, «con este trabajo se puso el foco sobre Eliminalia y sobre un fenómeno que para la mayoría del público era desconocido », cuenta Joaquín Gil, periodista de El País que formó parte de la alianza periodística internacional en la que también participaron The Guardian, The Washington Post y OCCRP. Por primera vez, el lado oscuro de las empresas de reputación digital estaba en primera plana. Ahora, «si existen empresas de ese tipo que sigan operando –afirma Gil–, sus tácticas deben de haber cambiado».

Un año después de que se publicara esa investigación en medios de todo el mundo, los hallazgos de La Marea revelan que las técnicas fraudulentas de remoción se siguen practicando a gran escala, dificultando o incluso impidiendo a la ciudadanía el acceso a informaciones de interés público.

Por un lado, las empresas especializadas en reputación digital están a la orden del día y es habitual que muchas de ellas anuncien sus servicios haciendo promesas que no se pueden cumplir sin bordear la legalidad. Por otro, Eliminalia continúa operando a través de distintas denominaciones, como iData Protection y World Delete, y empleando los métodos de siempre.

Así lo ha confirmado una persona que conoce el funcionamiento interno de ambas marcas y que pide mantenerse en el anonimato. También documentos a los cuales ha tenido acceso este medio muestran que el caso de la petición al abogado de El Comercio no es una excepción: trabajadores de Eliminalia mienten sobre su identidad mediante seudónimos y cuentas de Google creadas ad hoc para solicitar a los medios digitales que borren contenidos amparándose en el derecho al olvido o los derechos de autor. En ocasiones, hasta utilizan nombres de bufetes legales inexistentes pero que suenan oficiales, como EU Data Lawyers. La Marea ha llevado a cabo varios intentos de comunicarse con Eliminalia y con iData Protection, pero no ha recibido respuesta.

La medida en que estos métodos funcionan varía mucho dependiendo de la publicación. A veces, cuando un medio recibe la petición de un particular que pide desindexar un artículo publicado varios años atrás, si considera que la información ya no es relevante, accede a eliminarlo o retirarlo de los buscadores. En ambos casos se convertirá en invisible para quienes hagan una consulta en Google.

“Un condenado por delito fiscal me mandó una carta manuscrita para borrar un artículo en el que se hablaba de él. El abogado del periódico en el que trabajaba concluyó que no procedía y no volvimos a saber más”, recuerda el periodista Rafa Méndez. “Sé de algún caso en el que se ha hecho cuando tiene sentido. Por ejemplo, en el de una persona que había sido imputada pero que luego el caso quedó en nada».

Nuevos nombres, misma sustancia

«Con Eliminalia es posible borrar cualquier información que esté perjudicando tu reputación online». Este era el lema que lanzaba un actor en un vídeo promocional de la empresa fundada por el barcelonés Dídac Sánchez Giménez tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció, en 2014, el derecho de las personas a limitar la difusión de datos personales en los buscadores de Internet. Esa ley, conocida como «del derecho al olvido», se aplica para todas las personas cuyas informaciones no constituyen interés público.

No obstante, tal como apareció en medios internacionales, Eliminalia tenía varios clientes que no entraban en esa categoría: una empresa italiana multada por vender sistemas de espionaje al régimen de Siria, un banco suizo que acogía clientes de Venezuela acusados de lavado de dinero, un hombre condenado por acosar a una niña de 14 años en Suiza…

En la actualidad, Eliminalia sigue trabajando para limpiar la reputación de personas con perfiles de interés público. Entre ellos, un empresario italiano condenado por blanqueo y cohecho, un productor de cine brasileño acusado de agresión sexual, un fugitivo buscado por tráfico de drogas en Estados Unidos y un abogado suizo condenado por fraude.

El equipo de análisis forense de Qurium –una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicio de hosting– reveló en 2021 que Eliminalia se había hecho pasar por una institución de la Comisión Europea para enviar correos en los que amenazaba a distintos medios con acciones legales si no retiraban artículos relativos a sus clientes. Usando el dominio abuse-report.eu, lograba una apariencia de legitimidad y legalidad que no tenía. Esa artimaña propició una investigación de CERT-EU, el equipo de respuesta ante emergencias informáticas de la Unión Europea, por suplantación de identidad.

A pesar de esta investigación, la empresa siguió en lo mismo. La organización Transparencia Venezuela dijo haber recibido a principios de 2022 correos intimidatorios desde el dominio eu-datalawyers.com. El mismo que se usó para contactar a un diario español para que borrase informaciones sobre un individuo identificado como cliente de Eliminalia, según ha confirmado La Marea.

Bajo el nuevo nombre de iData Protection, Eliminalia usa hoy los nombres y logos de instituciones catalanas para ofrecer una imagen de credibilidad. En su página web, dice tener convenios de colaboración con la Universitat de Barcelona y con la Rovira i Virgili para el «reclutamiento de especialistas » y el «seguimiento de novedades » en materia de protección de datos, privacidad y derechos de las nuevas tecnologías. Sin embargo, esa colaboración no existe. «No hay ningún convenio, ni vigente ni caducado, con ninguno de los nombres de esta empresa», confirma el gabinete de prensa de la Universitat de Barcelona. A la Universitat Rovira i Virgili tampoco le consta convenio alguno.

Tras tres años de silencio, en febrero de 2024, el canal de YouTube de World Delete, una de las empresas del grupo Eliminalia, se reactivó. En uno de los nuevos vídeos, unos actores simulan contestar a un entrevistador sobre los servicios de la compañía: «Con World Delete es posible borrar cualquier información que esté perjudicando tu reputación online».