Las empresas de más de 50 trabajadores deberán tener medidas que garanticen la igualdad de las personas trans y los derechos de las LGTBI

El Gobierno de España, la patronal y los sindicatos han alcanzado un acuerdo por el que establecen, entre otras cosas, que las empresas de más de 50 personas trabajadoras estarán obligadas a tener medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y los derechos de las personas LGTBI.

Tal y como apuntan desde el Ministerio de Trabajo, “el acuerdo menciona un protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo”. De esta manera, España, enfatizan, “será el primer país que regule esta materia y lo hace en cumplimiento de los derechos reconocidos en la Ley 4/2023”. El reglamento se implementará vía real decreto (RD), por lo tanto, no tendrá que pasar por el Parlamento.

Cuando se publique el RD, informan, las empresas tendrán tres meses para incorporar las medidas. Éstas se deberán acordar en el ámbito de la negociación colectiva (en el caso de empresas con convenios en vigor, habrá que abrir negociaciones para incluirlas). Se aplicará también a las personas trabajadoras cedidas temporalmente (ETT, trabajadoras temporales).

El incumplimiento será sancionable

Entre las medidas para garantizar la igualdad de las personas trans y LGTBI deberá establecerse obligatoriamente un protocolo contra el acoso y la violencia. En él se identificarán prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo.

Este protocolo tendrá que contar con una declaración de principios y con un compromiso explícito y firme de tolerancia cero. Será aplicable a todas las personas que trabajan en la empresa, “respetará los principios de protección de la intimidad, confidencialidad, protección y restitución, entre otros, además de prohibir represalias”, comentan desde el Ministerio encabezado por Yolanda Díaz.

Además, las empresas deberán incidir en la formación, la sensibilización y el lenguaje, incluyendo módulos específicos que aborden la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación. “Las medidas se evaluarán y se tendrá que avanzar en la gestión preventiva de los riesgos psicosociales”, apuntan.

También subrayan que Inspección de Trabajo vigilará la aplicación de este reglamento y su no cumplimiento será sancionable.