La gran pregunta: ¿qué hacer?

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La capacidad que tiene la desinformación para desencadenar acontecimientos es indiscutible, como lo es la necesidad de blindarse ante ella para garantizar la convivencia. La puesta en escena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provocada por la campaña de la derecha contra su esposa, que se sirvió de informaciones y denuncias falsas, consiguió llevar el debate sobre los bulos y el lawfare a todo el país, trascendiendo el habitual corrillo desde donde siempre se denunciaba.

Más allá de la teatralidad en la que envolvió este asunto el presidente, la desinformación ha pasado a ser noticia de portada. Y los medios, a ser todavía más cuestionados. Ese es precisamente uno de los objetivos de la desinformación, sembrar el descrédito de los medios y promover relatos alternativos, propagando la mentira y amparándose en la impunidad. El daño que puede hacer esto, no solo a las instituciones, sino a la misma convivencia democrática, es incalculable. Es de celebrar, por tanto, que se hable de ello.

Con las elecciones al Parlamento europeo a la vuelta de la esquina, regresa el fantasma de la injerencia rusa y, una vez más, el anuncio de nuevas medidas para evitarla. Tras la invasión de Ucrania ordenada por Putin, Europa no tuvo reparos en censurar los canales y medios oficiales del Kremlin, y esa medida contó con un amplio consenso entre partidos socialdemócratas y conservadores. Pero la desinformación también existe en Occidente, incluso dentro de la propia Unión, financiada por empresas, lobbies y organizaciones europeas que buscan, igualmente, desestabilizar e influir a través de la mentira.

Por ejemplo, el uso indebido que Cambridge Analytica hizo de los datos de los usuarios de Facebook condicionó decisivamente el resultado del referéndum sobre el Brexit. Desde entonces sabemos que los diferentes grupos políticos, principalmente de extrema derecha, invierten millones de euros en propaganda y manipulación en redes. Esto sirve para la promoción de «verdades alternativas» que acaban siendo aceptadas por una parte de la sociedad, lo que puede afectar seriamente a la vida de muchas personas. Lo vimos durante la pandemia de la COVID-19, con Donald Trump recomendando inyectarse desinfectante y Jair Bolsonaro negando la existencia del virus. Hoy lo vemos con el cambio climático y los discursos y las políticas negacionistas que abandera la extrema derecha.

«La lucha contra la desinformación es algo que las instituciones no se toman en serio»

Aunque el foco en España ha estado en el supuesto lawfare y en la propensión que tienen la derecha y la ultraderecha a producir libelos contra políticos y gobiernos progresistas, el problema de la desinformación es mucho más profundo. Por eso, las medidas que anunció Sánchez para implementar la lucha contra la desinformación, sin detallarlas, deberían tener en cuenta todo el ecosistema mediático y digital; allí es donde el odio y la mentira se desenvuelven con absoluta impunidad.

Hablamos de la regulación de las empresas tecnológicas e informativas, por su irresponsabilidad ante los fuegos que generan. Ellas son las que garantizan esta impunidad. Esto, sin embargo, plantea muchas dudas, muchas suspicacias, absolutamente fundadas, ante su posible reverso represivo contra cualquier disidencia; ya ha sucedido con otras legislaciones y medidas políticas, como es el caso de los delitos de odio. Incrementar el alcance coercitivo del Estado, y más en un terreno tan disputado y subjetivo como es el de la verdad o el de la libertad de expresión, puede llevarnos a un terreno complicado e indeseable. Si no se hace bien podría provocar el efecto contrario y servir a intereses políticos determinados y a impulsos autoritarios.

Hace mucho tiempo que se libra una batalla contra el odio y la mentira, dos herramientas perversas que siempre han existido pero que han encontrado en Internet y en la impunidad reinante su medio perfecto. Hay personas, organizaciones e iniciativas que se dedican a intentar neutralizar los bulos en redes, a desenmascarar las mentiras de los medios y a denunciar los discursos de odio. Su esfuerzo ha pasado desapercibido para la mayoría de la gente, pues los señalados por estas mentiras eran principalmente migrantes, personas LGTBI, musulmanes, feministas o activistas de izquierdas. La «fachosfera» de la que hablaba Sánchez hace años que está activa, pero su alcance, hasta ahora, no preocupaba demasiado a los gobernantes.

Tras años desmintiendo infundios, muchas de las agencias y campañas contra la desinformación reconocen que no logran frenarlos y que su desmentido llega a mucha menos gente que la mentira original. Además, están solos en esto. La campaña No Financies l’Odi, emprendida por el colectivo Es País Valencià, consiguió que varias empresas retiraran la publicidad de webs dedicadas a esparcir desinformación y discursos de odio, siguiendo el procedimiento de la iniciativa internacional Sleeping Giants. Han conseguido mermar los ingresos de estas webs, pero este dique contra el odio y la mentira no puede depender tan solo de un puñado de activistas. Es algo que las instituciones no se toman en serio, y el daño que hoy percibimos contra una persona concreta, con cargo institucional, es tan solo la punta del iceberg.

Las herramientas existentes hasta ahora son ineficaces. A la espera de conocer qué propone Sánchez para combatir la desinformación, nunca hay que perder de vista el doble filo de la norma. Castigar los contenidos no puede ser la única vía para combatir el problema. Se debe invertir en educar cómo informarse, en prevenir la desinformación y exigir a las principales empresas mediáticas y tecnológicas un compromiso fehaciente con la convivencia y la salud democrática; éste pasa por no permitir el odio y la mentira. Pero también la ciudadanía puede implicarse apoyando a los medios independientes, que no dependen de grandes capitales, conglomerados mediáticos ligados a poderes económicos o vinculados a partidos políticos. Y que los medios públicos ofrezcan una programación responsable y de calidad, que no entren en la competición por las audiencias, que sean un servicio público de verdad y no un mercado de favores entre partidos y productoras afines a los gobiernos de turno.

Las administraciones pueden fomentar muchas alternativas, empezando por aplicarse un código ético y llevarlo a rajatabla, incluso establecer mecanismos eficaces para que así sea. La acción contra la desinformación no puede limitarse al Código Penal, que en materia de redes e información, hoy en día, es más que ineficaz y exime de manera interesada a los poderes públicos de la responsabilidad que les corresponde.