Milei, los empresarios y el interés nacional de España

La visita del presidente argentino Javier Milei a España ha tenido un gran impacto. Pese a tratarse de una visita no oficial, con una agenda centrada en la participación en el acto político organizado por Vox, Europa Viva 24, y en la presentación de su libro, el paso de Milei por Madrid ha acaparado la atención mediática y política. Sus palabras en el cónclave de la ultraderecha mundial sobre el presidente Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, a la que tildó de «corrupta», han traspasado la barrera diplomática no escrita que presupone que ningún mandatario debe ir a otro país a hacer política, mucho menos para agraviar a las autoridades al frente de las instituciones del Estado que lo acoge.

La desmesura de Milei, que no es nueva, pues ha dedicado palabras ofensivas a otros dirigentes latinoamericanos, ha provocado una crisis diplomática entre los gobiernos de España y Argentina. El Gobierno español ha decidido retirar definitivamente a su embajadora en Argentina, un gesto que puede anteceder la ruptura de relaciones diplomáticas. Por su parte, el Gobierno argentino ha decidido no hacer lo propio, tratando de zanjar el asunto como una cuestión personal del presidente Sánchez. Este hecho, y otros elementos, hacen presagiar que no habrá crescendo en la tensión institucional, aunque la animadversión política se mantenga y sea funcional a Pedro Sánchez. Éste refuerza su perfil de izquierdas frente a la ultraderecha lo que le ayuda a afianzarse, además, como referente en el poder de una socialdemocracia internacional en retroceso.

La respuesta del Gobierno de España ha sido cuestionada, también por desmesurada o selectiva, por diversos actores mediáticos y políticos. Estos han visto con perplejidad que la acusación de corrupción a la esposa del presidente haya provocado una reacción contundente en el ámbito diplomático. Argumentan que el ataque no ha sido a ninguna institución del Estado ni directamente a ningún miembro del Gobierno. Otros recuerdan que la calificación de terroristas realizada por dirigentes del Gobierno de Israel a algunos miembros del Gobierno de España por su postura de rechazo al genocidio israelí en Gaza no se tradujo en una acción diplomática tan contundente. Por último, están quienes consideran que la decisión del Gobierno de Sánchez pone en jaque los intereses de España en Argentina, unos intereses que, sobre todo, se centran en los negocios de las empresas españolas y menos en el impacto en las poblaciones. Siguiendo esta lógica, la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español iría en contra del «interés nacional» de España.

En un editorial del 21 de mayo, el diario Expansión escribía: «Conviene impedir por todas las vías que la disputa diplomática escale a la categoría de crisis comercial». Esta idea parecía ser la preocupación principal de muchos analistas, enfocados en las repercusiones económicas de una posible escalada en la crisis diplomática. Es normal que los diarios del empresariado expresen inquietudes vinculadas con sus intereses. Lo que debería ser menos normal es que el resto de los ciudadanos vincule los intereses empresariales, privados, con los intereses de toda una nación. Sin embargo, esta confusión es una constante, tanto en la prensa como en la visión de los mismos funcionarios del Gobierno de España, que identifican la marca España con la imagen de las empresas españolas y la defensa de los intereses de un país con la protección de las inversiones económicas de unos particulares.

Los empresarios españoles nos quieren hacer creer que, si le va bien a ellos y a sus negocios, le va bien al conjunto de los españoles. Los distintos gobiernos amparan esta idea y ponen todos los recursos del Estado a su disposición, los medios de comunicación nos convencen de lo mismo. Da igual que el patriotismo de estos empresarios se reduzca a su cartera. Los españoles deben tener las mismas simpatías políticas que ellos tienen, aunque no tengan los mismos intereses de clase. Lo contrario, ya lo saben, es estar en contra del interés nacional de España.

Precisamente, en su viaje relámpago a España, Milei tuvo tiempo de realizar un encuentro en la Embajada de Argentina en Madrid con el presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, y otros representantes de las empresas del IBEX 35. Tras el estallido de la crisis, estas mismas empresas se alinearon con el Gobierno español, conscientes de que dependen de éste para seguir posicionándose en Argentina. Trataron de dejar claro, además, que su reunión con Milei, previa a sus declaraciones, fue meramente «técnica y económica» pero no política.

Pero sólo en el discurso de los defensores del capital se puede separar la economía de la política. La economía es política, no hay la menor duda: decidir cómo se reparten los recursos de una sociedad desde el Gobierno es tan político como negociar con éste para que se haga de determinada manera. Y los empresarios españoles, como los de cualquier otro país, hacen política porque tienen unos determinados intereses y se posicionan para defenderlos. Unos intereses que son de clase, no nacionales, por mucho que, conviene recordarlo, se trate de confundir los intereses empresariales con los intereses de todo un país. ¿O acaso no es hacer política pronunciarse sobre las políticas económicas del gobierno de turno en España? ¿Tampoco es política reunirse con un presidente que encabeza la ofensiva contra el Estado y lo público en América Latina? Que pregunten a los empresarios alemanes que han decidido establecer un cerco a la ultraderecha si su acción no está motivada por una determinada visión política.

Quizás lo que entiendan los empresarios españoles por no hacer política es aquella curiosa frase atribuida a Franco: «Haga como yo, no se meta en política». Por eso, igual que muchos empresarios alemanes enriquecidos por el nazismo, muchas de las actuales empresas del IBEX 35 no tuvieron problemas en hacer negocios durante la dictadura, donde se fraguaron o aumentaron buena parte de las grandes fortunas de este país. Este curioso «apoliticismo» les hace siempre estar del lado de los gobiernos de la derecha neoliberal en América Latina, aquella que entrega a precio de saldo las riquezas y mercados de sus respectivos países a las empresas españolas.

En cambio, protestan cuando los gobiernos de izquierdas o progresistas nacionalizan los bienes de sus naciones, como hizo Cristina Fernández con Repsol YPF en Argentina o Evo Morales con Red Eléctrica Española en Bolivia. Ni qué decir tiene que los empresarios españoles también actúan políticamente cuando utilizan sus contactos políticos para obtener licitaciones públicas. Y reaccionan políticamente mostrando su malestar con las declaraciones de otros presidentes, por ejemplo, ante las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador a Iberdrola, OHL o Repsol de «saquear» México en connivencia con los gobiernos mexicanos precedentes.

Garamendi y sus amigos afirman no hacer política, pero parecen mucho más cómodos con el liberalismo o el neoliberalismo defendido por esa extrema derecha que tilda la justicia social de «aberración», que desmantela el Estado y pone a la supuesta mano invisible del mercado a regir los destinos de una nación, que con los gobiernos que apuestan por la redistribución de los recursos colectivos con algún mínimo criterio de equidad. Por supuesto, no se trata de nada político, permítaseme la ironía. Ni siquiera de nada personal, podríamos decir. Como diría otro amante del liberalismo que libró su particular lucha contra el Estado viviendo de él y defraudando al erario público, «¡es el mercado, amigos!».